Por ‘añingotarse’ en vía pública la multa es de $786 mil. El salario mínimo mensual en Colombia es de $737 mil. El Nuevo Código de Policía, a pesar de todo, tiene muchas cosas buenas; no está exento de ‘embarradas’.
Por Rafael Sarmiento Coley
Si algún turista colombiano le va con este cuento a un amigo en cualquier país africano, con toda seguridad lo hará llorar de la risa; a la fija le responderá en su lengua nativa: “¡no te lo puedo creer!, imposible, ¿Que por defecar en la calle tenga que pagar una multa equivalente a un mes de trabajo a sol y sombra? ¡Mejor lo hago para dentro, así se me reviente una tripa!”.
No es de extrañar todo lo exótico que contiene la Ley 1801 de 2016. Este es el país en donde la ficción supera la realidad. Sin embargo, es bueno aclarar que era justo y necesario actualizar el Código Nacional de Policía a los tiempos de hoy.
Se trata de un documento educativo, más que sancionatorio. Procura la convivencia, la inclusión, el respeto por el vecino, por el compañero de viaje en el transporte masivo de pasajero, y el control de animales domésticos y semovientes. Es un complemento ideal para la Constitución garantista que redactaron los Constituyentes de 1991. Y se acopla a esta esperanzadora nueva era en donde Colombia inició el camino hacia el sendero de la paz, ojalá sin dar marcha atrás, por muchos obstáculos que salten de la espesura de la selva, maquinados desde pomposas oficinas de ciertos sectores políticos apátridas que considera “políticamente correcto” oponerse a la paz y fomentar que siga la guerra fratricida que ha desangrado a Colombia en el último medio siglo. Es de suponer que a esa ralea de políticos mezquinos no les conviene que haya convivencia, para seguir pescando en río revuelto, como abanderados del paramilitarismo, el narcotráfico, la inseguridad manipulada y la corrupción rampante.
En una ciudad como Barranquilla, en donde es frecuente que el vecino ponga su equipo de sonido a todo timbal mientras se toma sus cervezas, es apenas justo que la autoridad policial tenga herramientas sancionatorias y no de simple invitación a que le “baje el volumen al picó”. Lo que se traduce en un saludo a la bandera, porque, tan pronto los policías dan la espalda, el infame bullanguero, con la venganza hirviéndole en la sangre junto con el jugo amargo y tóxico de la cerveza, le aumenta los decibeles hasta lo intolerable por el oído humano. Ahora no. Si es reincidente, le clavan la multa sin vaselina. Estas escenas se ven por todos los sectores de Barranquilla, con más intensidad en el llamado sur ‘underground’. El sur profundo.
Los colchones a los arroyos
Otra fea costumbre a la que el nuevo Código le pone coto es a tirar a los arroyos todo lo que ya no sirve en casa. De esa manera, mientras llueve, la chiquillada se divierte viendo cómo van bailando sobre la fuerte corriente mecedoras, taburetes, sofás, colchones, neveras y hasta carros viejos que ya cumplieron su ciclo de vida útil.
También se acabará el pánico que causa a las damas subir al servicio público de transporte masivo, por la abundante presencia de enfermos sexuales que, sin el menor respeto, empiezan a manosear las partes nobles de la indefensa mujer, en medio del ambiente asfixiante en el cual los pasajeros viajan apretados como sardina en lata. Es toda una mísera legión de morbosos que se suben a busetas, buses y el Transmetro con el simple propósito de satisfacer sus sórdidas flaquezas morales.
Y el Código contiene artículos muy sensatos y certeros. Como el de sancionar de manera drástica a propietarios de burros, caballos, chivos y vacas que salgan a pastar a orillas de la carretera. Porque son la causa de un alto porcentaje de accidentalidad.
Lo mismo ocurrirá con los dueños de mascotas. Perros y gatos deberán salir a la calle con pañales desechables o con sus dueños detrás recogiendo sus excrementos.
La olla comunitaria
Una de las medidas más plausible del Código es que la comunidad queda autorizada para que toda gallina, gallo, pavo, pato o cualquier otra ave domestica que deambule por las calles, bien puede ir a parar a una ‘olla comunitaria’, en un sancocho para ‘Raimundo y todo el mundo’. Con ello el dueño de esos animales se evita la multa, que vale mucho más que los animales que echaron a la ollita comunitaria.
Los dueños de perros de razas agresivas deberán inscribirlos en las oficinas respectivas que tendrán distritos y municipios.
Lo que falta
Para que el nuevo Código de Policía sea una verdadera dicha en el cambio de costumbres de la comunidad, son necesarias varias cositas muy importantes.
Ahora los distritos y municipios están obligados a colocar baños públicos, por lo menos, cada 500 metros.
Lo primero es que los altos mandos de la Policía tendrán que armar un severo servicio de contrainteligencia dentro de la institución con presencia en todos los rincones del país. Porque los policías, más que ninguna otra persona, saben que, hecha la ley, hecha la trampa. De tal manera que si sorprenden a un reincidente haciendo micción en plena calle, le advierten “¿te vas a dejar llevar preso por no tirarnos una liguita de 300 barras?”.
Eso va a suceder. Porque, por desgracia, el mal ejemplo viene de arriba, como se ve a diario en los medios de comunicación. Altos funcionarios del Estado, Magistrados de las Altas Cortes, los Congresistas (claro, todos ellos con plausibles y numerosas excepciones), que se ganan cada mes hasta $40 millones de salario, son los más corruptos, porque, además, como tienen acceso a información de primera mano, reciben jurgos de plata con la llamada mermelada y costales de dólares en sobornos de las multinacionales. Y son tan miserables que esos dineros los sacan a paraísos fiscales y no les dan a oler ni la madre que los parió, mucho menos invierten algo aquí en proyectos que generen empleo para tanta gente empobrecida por esa corrupción inhumana.
Si lo hace un Senador o un director de instituto descentralizado, ¿qué se puede esperar de un pobre policía que arriesga su vida a diario por servir a la comunidad y se gana un salario de miseria, comparado con lo que se ganan los cínicos corruptos?
También falta
En el caso de las ciudades del Caribe colombiano, no hay una sola en donde se haya pensado en el ciudadano de a pie. Porque el que tiene carro, hunde el acelerador y se vuela todos los semáforos para llegar a casa antes de que se le salga la incontinencia urinaria o diarreica.
Las que más sufren son las mujeres que deben usar el servicio público masivo de transporte. Por el manoseo a que son sometidas por enfermos sexuales.
Para suplir esa gravísima falencia, señores Alcaldes costeños, deben construir baños públicos por lo menos cada 300 metros, por la sencilla razón de que en estas ciudades de clima tropical la gente se deshidrata con facilidad y por ello consumen abundante agua, gaseosa, o cerveza, lo cual, es apenas obvio, genera una ‘miadera’ de padre y señor mío.
Del mismo modo es urgente que, después de 100 años de haberse ordenado que en cada municipio se construya un coso municipal, no hay población alguna, que se sepa, en donde se haya cumplido –y funcione- lo que ordena esa norma.
El sitio es de obligatoria construcción ahora con el nuevo Código. Porque allí irán a parar burros, caballos, mulos, carneros, cerdos, vacas, que deambulen por las calles en medio de los atascos de carros, motos, tractomulas, buses, busetas, carricoches, carros de mula y los articulados de Transmetro. Es un paisaje idéntico a lo que se ve en la India.
Así son las multas del Nuevo Código de Policía
Los distritos y municipios tendrán los recursos para hacer las obras que demanda la seria aplicación del nuevo Código, ya que el 60 por ciento de lo que produzcan las desmedidas multas serán para que el respectivo ente territorial haga pedagogía, y el 40% restante será de libre inversión. ¡Lo que le viene es plata a Alejandro Char! Para que haga, por lo menos, unos mil baños públicos en la ciudad. Por lo menos de a dos por cada cuadrante como los que ahora dividen la ciudad para el control policial.
Los más urgentes mingitorios debe instalarlos en los al redores de la Catedral Metropolitana y en la Plaza de la Paz, en donde ya el olor a caca reseca revuelta con orines envenena el aire de un amplio sector, tanto, que hasta en el Portal del Prado penetra la fetidez, a pesar de los vidrios termoacústicos climatizados y el aire acondicionado a todo timbal.
Lo que dijo El Espectador
El Congreso de la República concluyó este lunes sesiones ordinarias con la aprobación final del proyecto que reforma el Código de Policía que estaba vigente desde 1971. Son varias las medidas de protección y garantías a las actividades de esa institución en el país.
Aunque hay un debate sobre una posible vía libre a la extralimitación de los uniformados frente a los Derechos Humanos y las libertades individuales de todos los ciudadanos, hay varias normas claves para garantizar la sana convivencia.
Las polémicas
El representante Harry González García, ponente del proyecto en la Cámara, defendió –entre otras– la posibilidad de establecer ‘toques de queda’ para menores de edad para evitar por ejemplo que los niños, niñas y adolescentes terminen en la calle del Bronx.
“Sacar a los menores de edad de la posibilidad de los ‘toques de queda’ no tiene sentido. Es evidente que los menores están expuestos a situaciones de alteración del orden público, como sucede en Bogotá con las famosas chiquitecas y eso debe evitarse”, sostuvo.
Al respecto, el representante Heriberto Sanabria Astudillo dijo que el nuevo Código sólo busca proteger y garantizar los derechos de los colombianos, pese a la polémica suscitada por la posibilidad de que los uniformados puedan ingresar a las viviendas sin una orden judicial escrita.
“La gente de bien no tiene que darle miedo que la autoridad pueda ingresar a su casa. La gente de bien no tiene que temer que su domicilio sea registrado. Esta misma ley existe en España donde la gente se apadrina con su domicilio”, señaló.
Y precisamente, la representante Angélica Lozano Correa alertó que en cierta medida el nuevo Código puede disparar la corrupción policial porque crea multas y alta discrecionalidad de los uniformados en los operativos.
“Un policía puede decretar cerrar un establecimiento durante 45 días y el propietario puede pasar mejor a ‘arreglar’ con el uniformado”, explicó. Sin embargo, aclaró que el nuevo Código se ha mejorado porque se le quitaron varios errores que tenían “veneno”.
Pero en rotunda oposición al proyecto, la representante Ángela María Robledo –quien pidió archivar el proyecto– dijo que la iniciativa “es inconstitucional e inconveniente ya que desconoce los principios que fundamentan la actividad policial en el marco de un Estado Social de Derecho, en donde el fin último es la protección de los derechos humanos y no la coerción ni la restricción de las libertades individuales y públicas”.
“Este Código tiene carácter correctivo en su contenido y alcances, que desconoce la esencia de la actividad policial que debe ser a todas luces preventiva. Buena parte de los comportamientos que define esta nueva ley invaden, en primer lugar, la órbita de competencia de las autoridades administrativas, imponiendo sanciones policivas frente a procedimientos de carácter administrativo que pretenden regular conductas propias del derecho penal o del Código de Infancia y Adolescencia, del Código Civil y del Código Sustantivo del Trabajo, excediéndose en sus atribuciones y desconociendo la naturaleza y funciones propias de la actividad de policía”, dijo.
