El Ministerio de las TIC las sanciona a pagar $38 mil millones para la mala calidad de los servicios y maltrato a los usuarios.
Por Chachareros
Por baja calidad en los servicios que prestaron durante el período 2012 y 2013 seis empresas de telefonía móvil a sus usuarios, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), sancionó por $38 mil millones, tras investigaciones.
El asunto ya era insoportable para los usuarios, porque todas estas empresas, por ahorrarse cantidades de plata, tenían en sus oficinas el mínimo personal para atención directa al público, y al final le aconsejaban al impotente dueño de celular que llamara “a la línea gratuita al cliente 01.8000…”. Cuando el usuario llamaba a dicha línea dedicaba tres y hasta cuatro horas a llamar, esperar que la operadora automática le fuera indicando los números para cada caso de atención, pero ninguno de los caminos conducían a una solución concreta. Es un mamagallismo extremo.
En cambio para los cobros el servicio es una cuchilla. Si se pasa una hora de la fecha de pago, le suspenden el servicio. El usuario paga y hay ocasiones en que demoran hasta tres días para reponerle el servicio.
El sector bancario es peor
Este abuso a las empresas de la telefonía móvil es tan justificado, como el que deberían ponerle al sector bancario. Maltratan al usuario exactamente igual. Cada día tienen menos personal atendiendo al público, y, claro, los intereses altos y el cobro por todo movimiento bancario hacen que los presidentes de los distintos bancos cada seis meses digan, con una sonrisa de oreja a oreja, que “en este semestre nos ganamos $28 billones”.
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Y lo peor es que cada día hay más venta de celulares, porque hay celuadictos que cargan hasta 3 aparatos.[/caption]
Según informe del tabloide económico tabloide Portafolio, la oficina de vigilancia y control venía haciéndole seguimiento a dichas empresas por las continuas quejas de los usuarios. En total son siete sanciones que suman 37.943 millones de pesos. De dicha cifra, Claro debería pagar $27.217 millones, producto de dos sanciones (una por $24.782 millones y otra de $2.435 millones). Por su parte Tigo recibiría una multa de $6.253 millones y Movistar otra por $3.612 millones. Los operadores Avantel, Uff y UNE también habrían sido multados con cuantías menores por el mismo tema en investigaciones separadas. El ministro de las TIC, Diego Molano Vega, confirmó que los procesos fueron adelantados por fallos de calidad durante los años 2012 y 2013. Voceros del Ministerio TIC afirmaron que se cumplieron con todos los requisitos de ley y se tendrán abiertos los recursos de reposición para que los operadores puedan argumentar sus razones. Al revisar el sistema de información sobre la calidad del servicio celular que presta la Comisión de Regulación de Comunicaciones en internet, se observa, por ejemplo que en Leticia, en marzo de 2012, Movistar reportó un 5,1 por ciento de llamadas caídas, mientras que Tigo un 4,1 por ciento. A enero de 2015, ambos operadores han reducido este indicador a 1,0 por ciento y 0,2 por ciento respectivamente.
Llamadas caídas y nadie responde
En Vaupés, en otro caso, para marzo de 2012 Comcel reportó un 18,9 por ciento de llamadas caídas. A enero de este año dicho porcentaje se observó en 1,1 por ciento. En ambos departamentos el porcentaje máximo de llamadas caídas permitido es del 6 por ciento.
Los operadores agremiados en Asomóvil (Claro, Movistar y Tigo), aseguraron ejercerán su derecho a la defensa, sin embargo citaron que la sanción impuesta por el Gobierno corresponde a hechos del año 2012 y es emitida «tres años después de que se presentaran e implementaran planes de mejora ante la autoridad». De acuerdo con la agremiación, los incumplimientos en indicadores de llamadas caídas se presentaron especialmente en zonas rurales y de difícil acceso. “Estas decisiones desconocen los esfuerzos de inversión de los operadores y el compromiso de llevar el servicio a los rincones más apartados del país”, puntualizó Asomóvil.
Incluso, citando un estudio de Gsma sobre calidad de los servicios móviles, las compañías señalaron que “un enfoque orientado exclusivamente a las sanciones puede tener consecuencias no deseadas: desincentivo a la innovación, distorsiones en el mercado, reducción de la oferta, menor eficiencia y competencia”.
Finalmente, los tres operadores hicieron un llamado para que se resuelvan temas estructurales, que impiden el despliegue de infraestructura en el país y que afectan directamente la calidad del servicio, al tiempo que reiteraron su compromiso de realizar las inversiones necesarias en tecnología para satisfacer la creciente demanda de servicios por parte de los usuarios.
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