Una sentencia judicial obliga al Gobierno pagar una indemnización de casi 6 mil millones de pesos y al Ministerio de la Defensa pedir perdón a familiares de uniformados secuestrados.
Por Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
El Estado colombiano deberá pagar a los familiares de 28 policías y militares secuestrados en la toma del comando de Miraflores –Caquetá- la cantidad de 5.900 millones de pesos por concepto de indemnización por los perjuicios sufridos durante la acción criminal que protagonizaron las Farc entre el 3 y el 5 de agosto del año 1998.
El fallo, emitido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, ordena a la Nación, representada por el Ministerio de la Defensa y el Ejército Nacional, cancelar la suma indicada y pedir perdón públicamente a los familiares de 28 de los policías y militares que estuvieron privados de libertad hasta por 11 años.
La sentencia establece que los uniformados estaban mal dotados y preparados
La ponencia de la magistrada Olga Mélida Valle de La Hoz, establece que la responsabilidad del Estado en el trágico saldo de esta incursión guerrillera se debió por la pésima preparación y dotación que tenían los policías y militares que resguardaban el puesto policial ubicado en el municipio Miraflores.
“La mayoría de las armas y granadas ni siquiera funcionaron”, lo que según el escrito, impidió a los funcionarios y efectivos militares defenderse de la arremetida que esos días, hicieron unos 300 miembros del grupo irregular. Tras los hechos, al menos 13 uniformados resultaron muertos y otros 140 fueron secuestrados.
A los capturados, los llevaron a un campo de concentración donde fueron sistemáticamente torturados durante años. Los testimonios recogieron tiempo después que les administraban vidrio molido en las comidas y les impedían el aseo personal.
La sentencia puso a muchos a pensar que las Farc también deberían pagar lo suyo
Sólo 10 años después, en 2008, el Consejo de Estado reconoció la responsabilidad de la Nación en estos hechos, condenando al Ministerio de la Defensa y al Ejército por no haber tomado suficientes medidas de prevención para proteger a sus agentes, a pesar de las advertencias que la inteligencia militar había reportado sobre un eventual ataque subversivo.
Aunque aquel primer paso lo hizo el Estado para evitar ser llevado a instancias internacionales de los Derechos Humanos, harían falta todavía ocho años más para que se especificaran las reparaciones a las víctimas militares y civiles de una de las más tenebrosas incursiones guerrilleras contra un puesto policial de las que se tenga noticia.
