Un helicóptero lanza granadas al Tribunal Supremo que horas antes había despojado de competencias a la ahora rebelde Fiscal General. Maduro amenaza a la población si la “revolución” es destruida, un estado colapsa por ola de saqueos y sede del parlamento es atacada por la GNB. Todo eso en menos de 24 horas.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
“Extraña la secuencia de acontecimientos de hoy. Las cajas de la GNB a la Asamblea Nac. El helicóptero sobre Caracas y las tanquetas”. Esto lo escribía en Twitter la noche del martes 27 de junio la animadora venezolana Caterina Valentino y recogía parte del escepticismo que invadió a la población venezolana tras una serie de sucesos que de hecho, habían comenzado menos de 24 horas antes.
En medio de una oleada de protestas antigubernamentales que ya llevan 80 días en Venezuela y que han dejado 76 personas fallecidas, Nicolás Maduro juramentó el lunes 26 de junio a los equipos de promoción de la constituyente, su iniciativa para reformar la Constitución que tiene apenas un 10% de respaldo popular, según las encuestas conocidas hasta ahora.
Maduro amenazó con sacar las armas si la «revolución es destruida».
En ese acto realizado en Caracas y transmitido de forma obligada en cadena de radio y televisión, el Mandatario amenazó con que el chavismo se iría a las armas en caso de que la “revolución” fuese destruida. “Nosotros jamás nos rendiríamos y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”, en alusión a las venideras elecciones de miembros para la Asamblea Constituyente.
Las reacciones no se hicieron esperar y líderes opositores, militares retirados y organizaciones civiles inmediatamente rechazaron las declaraciones presidenciales, calificándolas de “graves amenazas”.
Desde un helicóptero policial lanzaron granadas contra el Tribunal Supremo.
Ese mismo día, se habían desatado una serie de saqueos y hechos vandálicos en el estado Aragua (centro), a unos 150 kilómetros al suroeste de Caracas. Grupos violentos actuaron contra establecimientos comerciales, sedes del partido oficialista Psuv y algunas dependencias de gobierno. Los desórdenes, por los cuales el Gobierno culpó a la oposición y éste sector político rechazó, dejaron al menos un militar y un joven muertos.
El martes en la mañana, con Aragua todavía sumida en el caos, la oposición convocó a nivel nacional a una nueva jornada de “trancazo”, como protesta para seguir presionando al gobierno de Maduro. En medio de la sorpresa de muchos venezolanos vieron en redes sociales la decisión el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que despoja de atribuciones a la fiscal general Luisa Ortega Díaz para endosárlselas al Defensor del Pueblo, Tareck Willian Saab. Ortega Díaz se ha convertido en un nuevo objetivo del Gobierno tras declararse en contra de la constituyente madurista.
El estado Aragua, donde nació el movimiento liderado por Chávez, lleva dos días bajo el caos.
Casi paralelamente, en otra maniobra aún no explicada por el oficialismo, un grupo de militares pertenecientes a la Guardia Nacional intentaba ingresar un importante número de cajas con el logotipo del Consejo Nacional Electoral a la sede de la Asamblea Nacional (parlamento), en un acto que los diputados calificaron como una provocación.
La situación generó enfrentamiento entre los diputados opositores y militares, quienes agredieron a los parlamentarios que se oponían al ingreso de las cajas sin mostrar su contenido. Poco después simpatizantes oficialistas se apostaron en los alrededores de la sede legislativa, atacaron con artefactos pirotécnicos y asediaron hasta bien entrada la noche, impidiendo la salida de los parlamentarios y periodistas que allí se encontraban.
El ex ministro de Defensa, Miguel Rodríguez, sacará nuevas pruebas contra el chavismo.
A primera hora de la tarde un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, piloteó un helicóptero de este ente policial y sobrevoló las sedes del TSJ y Miraflores. En el primero de los edificios, hizo detonar al menos tres granadas. La aeronave portaba en su costado una pequeña pancarta en la que se leía “350 libertad”. Aterrizó luego en la zona de La Trinidad, en la capital venezolana, y el piloto identificado como Oscar Pérez, huyó con rumbo hasta ahora desconocido. El número 350, identifica al artículo de la Constitución Nacional que declara la desobediencia civil contra un gobierno que haya violado los derechos humanos y principios constitucionales.
El incidente con el helicóptero generó, además del escepticismo de muchos, una intensa movilización de tanquetas que acudieron a resguardar tanto Miraflores (sede de gobierno), como el propio TSJ y el aeropuerto militar de La Carlota. Tras el suceso, el Gobierno ordenó la suspensión de permisos de vuelo para aeronaves privadas y pospuso los actos de ascensos en la Fuerza Armada previstos para el día siguiente.
Con «trancazos» la oposición ha colapsado vías en las principales ciudades.
Maduro condenó el incidente calificándolo de “ataque terrorista”, pero muchos dudaron de la autenticidad del hecho que fue interpretado como “cortina de humo” del Gobierno para solapar otros graves hechos del día.
Ese mismo 27 de junio el ex ministro de la Defensa de Maduro hasta 2014, Miguel Rodríguez Torres, amenazó al Gobierno con hacer públicas pruebas que indicarían la vinculación de dos connotados oficialistas, Diosdado Cabello y el vicepresidente Tareck El Aissami, con el narcotraficante Walid Makled. Además dijo que también posee pruebas sobre las muertes ocurridas en las protestas de 2014 por las cuales condenaron al líder opositor Leopoldo López.
