Las causas varían según la perspectiva y el interés del entrevistado; pero una cosa es segura: Los casos han aumentado con respecto a los años anteriores.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
“Ha habido un silencio por parte del Gobierno y el rechazo a reconocer que seguimos siendo revictimizados en nuestros territorios cuando siguen habiendo minados, siguen existiendo asesinatos a los líderes y lideresas de toda esta sociedad colombiana”. Quien así se expresa es María Violet Medina, representante de la Mesa Autónoma de Víctimas Indígenas.
Y agrega más. Sostiene que no solo se trata de líderes de las distintas etnias que habitan en el territorio colombiano, sino de todos aquellos que se enfrentan a intereses políticos, económicos de empresas trasnacionales y del Estado. En el caso del segmento poblacional que ella representa, afirma que actividades como la minería legal o ilegal, son para ellos una amenaza real.
Las poblaciones indígenas junto a otras minorías étnicas, han sido muy afectadas.
Según el informe anual presentado a finales de marzo por la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de este año, se registraron 156 homicidios, cinco desapariciones forzadas, 33 casos de atentados y 500 amenazas en 23 departamentos del país.
Las víctimas son líderes sociales y defensores de Derechos Humanos de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
En su informe ´Violencia y amenazas contra los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos´ el titular de la Defensoría, Carlos Negret, asegura que los asesinatos han sido generalizados.
En los últimos 14 meses registran 156 asesinatos de líderes sociales en todo el país.
Agrega que “una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las Farc, para controlar las economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia”.
La situación es preocupante, porque mientras se evidencia una disminución de los homicidios a nivel general, en el tópico atinente a los líderes sociales, se ha registrado un incremento sostenido desde hace al menos tres años. Lo afirma una estadística presentada por la organización no gubernamental Somos Defensores, que registró que los asesinatos de líderes sociales en Colombia pasaron de 55 en 2014 a 63 en 2015 y 80 en 2016.
El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), advierte por su parte que los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos no necesariamente están vinculados con el tema de las guerrillas o del proceso de paz. Identifica causas como un creciente activismo político en regiones donde algunos sienten amenazados el status quo, disputas de los espacios que antes gobernaban los grupos irregulares armados, oposición a la reposición de tierras a personas que habían sido desplazadas y finalmente acciones del ELN contra aquellos que antes tenían cercanía con las Farc.
El vicepresidente Oscar Naranjo inició una gira nacional para «atender el problema».
La ONG Somos Defensores coincide parcialmente con algunas de estas causas «Era previsible: cuando se tiene una transición de una entidad como las Farc, que controla social, económica y políticamente varios territorios del país y de un día para otro simplemente desaparece, el problema del orden en esas áreas se vuelve significativo».
Esto parece ser parte de lo ocurrido este mes en la población de Mesetas, en el departamento del Meta, donde en 20 días han sido asesinados los líderes sociales Eliver Buitrago Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buenos Aires y los hermanos José Antonio Anzola Tejedor y Luz Ángela Anzola Tejedor militantes del partido Comunista.
Todd Howland, representante en Colombia de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió en una entrevista concedida a BBC Mundo que no solo a defensores de derechos humanos, sino líderes de organizaciones que no necesariamente tienen un rol protagónico en el proceso de paz. En todo caso, afirma que es el Estado colombiano el que debe velar por la vida de todos ellos. El factor territorial parece ser determinante.
Quizá por ello, el vicepresidente Óscar Naranjo, inició una gira a nivel nacional para visitar las comunidades que han registrado mayor violencia contra los líderes sociales. Su primera parada fue en Cauca, específicamente en la zona de Corinto, donde se han registrado los últimos casos. Allí llegó con un discurso optimista en medio de la alarmante estadística: “Durante el mes de marzo se ha revertido la tendencia inicial de enero y febrero que significó la muerte de varios líderes defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país, esa cifra cayó en el mes de marzo”, refirió Naranjo.
“Es una paz de papel”, asegura finalmente a Lachachara.co la dirigente social indígena María Medina; ya que considera que con un solo grupo desarmado (Farc) y otro en negociaciones (ELN), aún existen muchos otros grupos como los paramilitares o delictivos que siguen haciendo su guerra. Su perspectiva es pesimista y sostiene que “aquí se va a derramar mucha más sangre de la que se derramó en los 52 años de guerra”.
