Con la decisión plutocrática de reformar la salud, el gobierno puso al desnudo una vez más sus intereses, reencauchando a las gigantescas empresas de la salud.
En los últimos años entendimos que la intermediación de las EPS en el Sistema de Salud en Colombia ha sido el factor determinante de la regresión e inmolación del esquema, por cuanto éstas se atesoran como producto de la tajada que les corresponden por la administración de los recursos de la salud de los colombianos.
Aunado a ello, la disminución de la ética en las intervenciones de la salud y la sumisión del sector a un mercado de competencia absurdo, inhumano y oligopólico; donde las empresas prestadoras del servicio son motivadas por el factor económico y no por su objeto misional, lo que ha desarraigado la legitimidad y credibilidad de estas instituciones.
Los mismos con las mismas, como en La mala hora
Sin observar lo anterior, la reforma no plantea un cambio estructural en la forma de operación del Sistema de Salud, sino que constituye una ley destinada a renombrar las organizaciones conservando sus roles. Donde el Fosyga, actual ente gubernamental administrador de los recursos del Sistema General de Salud en Colombia pasará a llamarse Salud Mía; las Empresas Promotoras del Servicio de Salud, EPS, se llamarán Gestores; y el Plan Obligatorio de Salud POS será en adelante Mi Plan, pero con nuevas restricciones.
De igual forma seguirán los inconstitucionales y discriminatorios copagos. Por tanto la expectativa de cambio en el sistema de salud de los colombianos está muy lejos de ser concebida como reforma, solo se trata de una cortina burocrática más, de estirpe releccionistas.
La “tal reforma” a la Salud apartó los problemas cruciales del sistema como los paseos de la muerte, la accesibilidad al servicio, los sobrecostos en los medicamentos, los programas y acciones de salud pública, la eficiencia, equidad, ética y calidad; donde los grandes ausentes a este sugerido análisis fueron la sociedad científica, los profesionales de la salud y la ciudadanía; debiendo ser constreñidos a cumplir esta decisión discrepante de carácter tecnocrático que supone la refrendación de imposiciones a los médicos destinadas al desmejoramiento del servicio, restringiendo: tiempo de atención al paciente, remisión a especialistas; y exámenes y tratamientos, lo que representa un riesgo financiero para las EPS. Es aquí donde uno se pregunta si los gobernantes sienten la más mínima compasión por sus congéneres.
La “Tal reforma” resulta sui generis, constituyéndose solo en un ajuste financiero que revalida roles en un deber que le asiste al Estado como garante de la salud de los colombianos, por cuanto los gestores y prestadores seguirán trabajando para lucrarse y no para solucionar de fondo la crisis del sistema de salud.
Se hace necesario lograr más cooperación y menos competencia y mercantilismo en los servicios de salud, además de la optimización de los mecanismos de control, ya que la Supersalud está marcada por la incapacidad administrativa y acaba siendo solidariamente responsable y cómplice de la decadencia en la prestación del servicio.
Es de caracterizar su silencio ante la multimillonaria cartera de las EPS con las IPS, cuyos recursos reciben del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad en Salud FOSYGA. Para que alcancen a vislumbrar la magnitud, lo de los Nule fue un cuento de hadas con respecto al espeluznante cartel de las EPS.
Una verdadera reforma no se aislaría de los principios generales de la Constitución Política y de las reglas fundamentales que rigen el servicio público de salud como la protección de la vida, la equidad, la participación social y la calidad. De otra parte, evitaría el monopolio de particulares sobre un derecho público, con la intermediación de empresarios que empezaron con nada, construyeron pirámides como las del grupo DMG y hoy se exhiben entre las empresas con mayor solides financiera en Colombia, como consecuencia de la acumulación de dineros que no les pertenece.
Resultaría menos complejo y más promisorio el desmonte de la Ley 100, reforma que convirtió el derecho de la salud en un negocio. Finalmente Salud Mía terminará haciendo lo que el Instituto Seguros Sociales antes que lo politizaran y acabaran plagándolo de burocracia y corrupción.
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