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La enorme encrucijada del glifosato

El gobierno de Duque tiene que decidir entre colaborar con la Casa Blanca para erradicar cultivos ilícitos y la creciente inconformidad de colombianos afectados directos por el uso del peligroso agente químico.

Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza

Para atender los reclamos –sobre todo del gobierno norteamericano- por el incremento en el número de hectáreas de cultivos ilícitos, la administración de Iván Duque está decidida a restablecer la aspersión aérea del glifosato en diversas regiones del país.

La clara intención de la Casa de Nariño ha encendido las alarmas entre grupos de campesinos, comunidades indígenas de las zonas afectadas y de colectivos científicos; todos preocupados por los efectos colaterales del uso de este potente agente químico sobre las personas y otros seres vivientes.

El pasado 18 de octubre, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, compareció ante el Senado para defender la intención del Ejecutivo de reanudar la aspersión aérea con glifosato. “La aspersión no es una obsesión del gobierno del presidente Duque, la aspersión está probada en la historia de nuestro país, la aspersión ha mostrado sus efectos positivos, la aspersión en lo que tiene que ver con la lucha integral contra el problema mundial de la droga es una necesidad, toda vez que necesitamos avanzar”, sostuvo el funcionario.

El gobierno presentó equipos con nueva tecnología para reiniciar la eliminación de cultivos.

Esta semana y para buscar el favor de la opinión pública, Holmes Trujillo convocó a los medios de comunicación para mostrar el equipamiento con el que cuenta ya el Gobierno para reanudar la polémica práctica. En primer lugar, dispone de una flota de siete aviones modelo Air Tractor – AT802, con unas boquillas especialmente diseñadas para irrigar el químico sobre los cultivos ilícitos.

Cuentan igualmente con un sistema de geolocalización de cuarta generación para evitar equivocaciones y que se complementa con estudios previos de sensores y satélites para ubicar el lugar exacto de los cultivos.

También ha presentado un plan con un itinerario que contempla zonas en al menos una docena de departamentos del país: Meta, Guaviare, Vichada, Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño, Antoquia, Bolívar, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Chocó y Valle del Cauca. La idea es atacar frontalmente unas 177 mil hectáreas de cultivos ilícitos que representan más del 300% de incremento sobre las áreas que había en el año 2013.

Para el gobierno la aspersión aérea es la mejor alternativa que hay para atacar estos cultivos, ya que se puede trabajar 100% más rápido que con la aspersión terrestre, sobre todo, porque hay lugares de muy difícil acceso.

Los bemoles de la aspersión

Antes de retomar la mitigación de los cultivos, Iván Duque tendrá que lidiar con los obstáculos que tiene enfrente. El más férreo es la preocupación de grupos indígenas y campesinos. Los primeros con malas experiencias previas, en las que han terminado enfermos o desplazados de los lugares afectados por los químicos, ya que su uso originó entre otras cosas, la migración masiva de especies animales que generaron un desequilibrio ecológico que alteró varios ecosistemas.

La aspersión terrestre de cultivos no ha sido suficiente para impedir el incremento de la superficie cultivada ilegalmente.

La preocupación de los campesinos por su parte, es la que muchos siguen alegando que esos cultivos ilegales son su única fuente de sustento. Reclaman que el Gobierno les ofrezca alternativas reales para abandonar esta práctica.

Durante la audiencia pública que se llevó a cabo en el Senado a mediados de este mes, el representante de la organización no gubernamental Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJusticia-, Mauricio Albarracín, dijo que, si el gobierno comienza la aspersión de glifosato, estaría incumpliendo con lo ordenado por la Corte Constitucional en el sentido de que se tenía que promover la socialización de la medida y la participación de las comunidades. Albarracín se refirió al apartado 4 de los acuerdos de paz, en lo que se previeron estos requisitos para eliminar los cultivos ilícitos.

El gobierno debe cumplir una serie de requisitos de socialización y cuidado del ambiente para reiniciar la aspersión aérea con glifosato.

Pero otro aspecto importante es el científico y que, con las audiencias del Senado, volvieron a colocarse en la palestra.  María Alejandra Vélez, investigadora de la Universidad de los Andes, asegura que “hay estudios que muestran afectaciones en el riesgo de los ciclos migratorios de especies vitales en la biodiversidad”.

En septiembre de este año, la articulista Daniela Sánchez recordó para el portal Democracia Abierta que, en junio pasado, la gigante farmacéutica Bayer llegó a una conciliación por alrededor de $10 billones de dólares por 95.000 demandas en contra de su más famoso herbicida, Roundup, porque causó cáncer, en especial linfomas. El principal agente activo de este producto es el glifosato y en el artículo dijo no explicarse por qué mientras en Estados Unidos se multiplican las demandas contra este agente químico que se comenzó a comercializar en 1.974, en Colombia la Corte Constitucional nuevamente autorizaba su uso.

Por el lado jurídico está además que el proceso tiene varias estancias por cumplir. El primero de ello es, aunque no es limitativo, el Estado aún tiene pendiente resolver 231 demandas pendientes por el uso del glifosato, 193 de esas demandas son precisamente por el uso del herbicida a través de la aspersión aérea. Todas estas demandas representan un acumulado de 2,11 billones de pesos. De las instituciones del Estado, la que más quejas enfrenta es la Policía Nacional.

Otro tema jurídico, y este sí que es limitativo, es que para ejecutar su uso el gobierno tiene que presentar a través de la Policía Nacional, una solicitud al Consejo Nacional de Estupefacientes, para poder aplicar la aspersión. Pero el CNE sólo podrá resolver sobre esta materia una vez que la Corte Constitucional decida que el Ejecutivo efectivamente está cumpliendo con todos los preceptos de socialización y cuidado del medio ambiente que le ordenó para poder reanudar la aspersión. Este condicionamiento prevalece desde el año 2017, luego que en el año 2015, en el Máximo Tribunal se decidiera suspender la práctica, atendiendo las denuncias de grupos campesinos, ecológicos, políticos y ambientalistas que se declararon afectados.

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Es comunicador social con especialización en el área audiovisual egresado de la Universidad del Zulia (Venezuela). De amplia trayectoria, ha tutelado equipos de periodismo en medios impresos, radiales y televisivos. También ha trabajado para instituciones públicas y privadas ejerciendo periodismo institucional facilitando los flujos de comunicación a nivel interno y con el entorno. A nivel de Periodismo Digital ha ganado valiosa experiencia como generador de contenidos para diversos portales y como Copy Producer para promociones televisivas y usuarios de redes sociales en calidad de Community Manager.
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