Cuando era Senador en el gobierno de Santos se opuso en forma férrea y vehemente a la reforma tributaria. Ahora como Presidente defiende una reforma ‘alcabalera y ruinosa para los pobres”.
Por Chachareros
En una verdadera pirueta circense, el presidente de la República Iván Duque Márquez muestra hasta qué punto de hipocresía debe llegar un político en Colombia para ascender al poder y ayudar a sostener a toda la jauría de la alianza política que lo respalda y a los cómplices de los sectores más adinerados del país, que los financian.
En la actualidad el Duque de la Casa de Nariño, con una cara de defensor a ultranza del reducido sector que acumula el 90% de la riqueza del país, propone una reforma tributaria que rebaja los impuestos a los estratos altos, y los incrementa a las clase media y baja, que conforman el 80 por ciento de los colombianos. De tal manera que un empresario como el expresidente Álvaro Uribe o como sus hijos Tomás y Jerónimo, cuyas fortunas sobrepasan, en conjunto, los $25 billones, pagarían cifras irrisorias por impuesto a las rentas, mientras que propone que los pobres que viven de una modesta pensión de jubilación paguen tributos como si fueran ricos.
Además, en la práctica propone un IVA universal, es decir, meter la mano en todos los productos de la canasta familiar que estaban exentos del ruinoso gravamen.
Claro que detrás de esa inhumana reforma tributaria está ‘el genio de la maldad’, el tenebroso Alberto Carrasquilla, alumno aventajado del tristemente célebre José Fuché, quien en la Francia monárquica comía de las migajas que caían de la mesa de la monarquía, y luego, al producirse la revolución y elegirse la constituyente para establecer el nuevo gobierno, se colocó entre ese selecto grupo y fue uno de los primeros en proponer la guillotina para realeza que lo amamantó durante años. Luego se pasó al bando de Napoleón Bonaparte, y cuando éste cayó en desgracia, brincó al bando de los golpistas, siempre proponiendo gravar más a las clases populares, porque, como reconocido hacendista, sostenía que a los pobres “no se les puede dejar mucha plata en los bolsillos porque son un peligro”.
Daniel Samper Ospina y su sarcasmo certero
Napoleón, astuto para la milicia como para la política, recuperó el poder. Sabía lo tenebroso que era Fuché. Y también sabía que Robespierre, el ‘Incorruptible’ era un adicto opiáceo, lo que arruinó la habilidad para moverse en los pasillos del capitolio o de la sede de gobierno. Bonaparte citó a una reunión del parlamento a su despacho y de repente vio donde venían Robespierre guindado de los hombros de Fuche, y le dijo a su secretario en voz baja: ‘¡He ahí el vicio apoyado en la maldad!’
En realidad, Fuche era un peligro pues robaba dinero del erario para mantener su propia red secreta para saber lo mínimo que hacían quienes estaban de paso en el poder. En eso Carrasquilla hace sus pilatunas y mete las uñas y actúa en causa propia. Porque todavía sigue sin explicar qué se hicieron los $1.5 millones de los famosos ‘Bonos Agua’.
BanRepública y su contubernio con Centrales de Riesgo
Para nadie es un secreto que en Colombia las llamadas Centrales de Riesgo se han convertido en unas tenebrosas barreras para frenar a centenares de pequeños y medianos empresarios, a emprendedores independientes que, al atrasarse en el pago de un compromiso con el sector financiero, de inmediato lo ponen en la lista negra como ‘mala paga’.
No está muy lejos una de esas centrales de riesgo en merecer el título que se le da a ciertos abogados al servicio de las mafias del narcotráfico, de los acaudalados por gracia de la corrupción, porque la susodicha alcabala está al servicio de un poderoso sector financiero. Es decir, es una Central de Riesgo de bolsillo.
Por eso sorprende que ahora el Banco de la República salga con la perla de criticar el proyecto de ley de ‘borrón y cuenta nueva’ dizque porque será un grave peligro para la banca privada, claro, para los dueños del país. Es decir, como si uno que otro miembro de la junta directiva del BanRepública fuera un quintacolumnista, caballo de Trolla o testaferro de cierto sector bancario.
La ley conocida como ‘borrón y cuenta nueva’, propuesta por el senador David Barguil, busca que las personas que se hayan puesto al día con sus deudas con el sistema financiero puedan salir del registro de las centrales de riesgo.
La norma también abre la puerta a que la Superintendencia Financiera imponga sanciones a los bancos “que nieguen una solicitud de crédito, basados exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante” en las centrales de riesgo.
Esa norma está siendo debatida por la Corte Constitucional, que debe decidir si le da visto bueno, pero en el marco de ese estudio, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera recomendaron no aprobarla.
Según la banca, aprobar esa normativa traería un riesgo para el sistema financiero del país, porque, al eliminar de las centrales de riesgo la información de los deudores, se generaría “una cultura del no pago” que “tendría efectos perjudiciales sobre el acceso al crédito de la población”.
Lo que explica el Banco es que dificultaría a las entidades financieras diferenciar entre quienes tienen buena capacidad de pago y quienes no la tienen y “representan alto riesgo de pérdidas para los establecimientos de crédito y sus depositantes”.
Por su parte, la Superintendencia advierte una posible “inestabilidad jurídica”, porque supuestamente “envía un mensaje inequívoco a la población al suponer que se recibirán beneficios por no cancelar sus deudas atrasadas”, estimulando la cultura del no pago de la cual habla el Banco de la República.
Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo, la norma permite que dichos deudores “puedan liberarse en el menor tiempo posible de los efectos adversos de dichos datos negativos” en las centrales de riesgo, facilitando el otorgamiento de créditos.
Contrario a lo que señala la Superintendencia, sobre que no existe evidencia de que eliminar los reportes negativos de las centrales de riesgo contribuya a impulsar el crecimiento económico de un país.
En ese sentido, la Superintendencia expone casos como el de Chile que otorgó amnistías para los deudores y el resultado de ello fue que “aumentó el incumplimiento para los no morosos”.
Lo mismo sucedió en Tailandia, “lo cual se tradujo en mayor crecimiento de la cartera a empresas debido a que la medida no incentivó que las personas adquirieran más créditos”.
El estudio de la norma está en manos del despacho del magistrado de ese alto tribunal, Alejandro Linares.
