La Unidad Nacional de Protección, creada después del escandaloso final del DAS, también está en el ojo del huracán. A la corrupción interna se suma el anuncio de que retirarán el martes a centenares de escoltas a nivel nacional.
Por Jorge Sarmiento Figueroa – Editor general
Más de 1.700 escoltas anunciaron que protestarán desde las 6 de la mañana de este lunes 15 de septiembre en las sedes de la Unidad Nacional de Protección, UNP, en varias ciudades del país. En Barranquilla la convocatoria es en la sede ubicada en el World Trade Center, en la carrera 54 con calle 76.
Buscan defender su derecho al trabajo. La semana pasada habían recibido de las empresas que los contratan una misiva en la que les explicaban que si este lunes la UNP no resuelve su situación financiera tendrán que dar por terminados sus contratos de trabajo. «Ya nos pidieron devolver los implementos de seguridad con los que laboramos. Es un hecho que nos despedirán», advierte Alex Mendoza, escolta barranquillero que trabaja desde hace 5 años para la UNP.
Mendoza trabajó antes en el DAS. Es un experto en seguridad personal, con múltiples cursos en el área y con estudios en el SENA. A sus 41 años de edad conoce por experiencia los secretos de uno de los oficios más peligrosos del mundo, sobre todo si se trata de ejercerlo en Colombia.
La historia de la UNP ha sido tan escandalosa como la de su antecesor, el DAS, a la que había reemplazado con el supuesto objetivo de acabar con la corrupción que se había tomado a ese organismo de seguridad en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Los dos últimos directores resultaron condenados por delitos tan graves como el de concierto para delinquir y homicidio, en el caso de Jorge Noguera, quien cumple 25 años de prisión; María del Pilar Hurtado, por su parte, fue declarada culpable por la sistemática interceptación ilegal de llamadas y se encuentra en Panamá como prófuga de la justicia.
Solo en el ex presidente Uribe, la UNP tiene a su servicio de seguridad personal más de 50 unidades.
Desde el mismo momento de su creación, la UNP presentó problemas cuando sus directivos informaron que solo podrían vincular a 3.000 escoltas, por falta de dinero. Más de 2.000 tuvieron que ser contratados por prestación de servicios. Empresas como Siglo XXI y Protección 33, dedicadas a la seguridad, son sus mayores contratantes. «Llevo 13 años como escolta. No entiendo cómo en Colombia contratan por prestación de servicios a los hombres que ponemos en riesgo nuestras vidas para proteger a ciudadanos amenazados o en situación de alto riesgo», reflexiona Jorge Luis Gómez, secretario general del Sindicato de Protección y Seguridad, Sinproseg, capítulo Barranquilla. También tienen secretarios en las otras capitales de región, incluida Bogotá.
Sinproseg acoge a más del 30% de los escoltas en Colombia. «Tuvimos que afiliarnos al ver el abandono y la inestabilidad laboral en que nos dejó el Estado. Y aún así estamos a punto de perder nuestro trabajo. No imagino cómo quedarán las personas amenazadas a las que quitarán los esquemas de seguridad».
Andrés Villamizar Pachón, director de la UNP.
El Director de la UNP, Andrés Villamizar, es un hombre experimentado, su linaje en este tema proviene de su padre Alberto Villamizar, primer zar antisecuestro de Colombia. Es ficha clave del poder del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Ya reconoció públicamente la situación: «Se necesitan al menos 70 mil millones de pesos solo para terminar este año. No sé cómo garantizar el servicio de protección sin recursos».
La UNP brinda protección a más de 7.500 personas. Entre ellas a congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales. Gómez resalta que «estos personajes son solo los dignatarios. Hay personas que corren mayor peligro y que son los primeros en perder esquemas de seguridad. Allí están los defensores de derechos humanos, los periodistas, los miembros de la Central Unitaria de Trabajadores, los beneficiados en la restitución de tierras, los del Partido comunista, los de la Unión Patriótica».
Gómez informó que ya la UNP pidió autorización al ministerio del Interior «para recortar los esquemas de seguridad en un 20%. Eso dejaría a centenares de escoltas sin trabajo». El 20% que reducirán equivale a 1.500 esquemas de seguridad. Si cada esquema está conformado por un carro blindado y dos o tres unidades (escoltas), se trata de una masacre laboral que además impacta de manera directa en el riesgo de perder la vida de 1.500 personas amenazadas.
«La falta de recursos de la UNP es por la corrupción de sus directivos. No es justo que los escoltas tengamos que pagar por ellos como si nosotros fuéramos los culpables». Gómez se refiere a Julián Marulanda Calero, ex secretario general de la UNP, a Luis Eduardo Molina Torres, jefe Administrativo y Financiero, y a casi una decena de altos funcionarios que al parecer estaban vinculados a una red de corrupción que defraudó a la entidad en más de 2.000 millones de pesos. Julián Marulanda, líder de la red, se sumó el pasado 25 de agosto a la deshonrosa lista de personalidades que se fugan de la justicia solicitando refugio en otros países.
El dinero y la corrupción son ingredientes del mismo cóctel que acabó con el DAS. Con esa receta se cumplió uno de los capítulos más macabros de la violencia en Colombia, por cuenta del paramilitarismo y la parapolítica al más alto nivel en el anterior gobierno. Ahora se corre el riesgo de que la historia se repita. Como si fuera un inteligente esguince del diablo la fórmula se adaptó para hacerla más sofisticada: dejar sin protección a miles de personas amenazadas, a merced de la guerra, y de paso dejar sin trabajo y en las mismas fauces de la violencia a miles de escoltas.
