Aseguran economistas costeños que muchos recursos se quedan engavetados en Bogotá, no por ignorancia, incapacidad o desidia de los alcaldes, sino por falta de capacitación.
Por Rafael Sarmiento Coley
“Es muy fácil decir desde las poltronas de Bogotá, que la Costa Caribe tiene una caterva de alcaldes ineptos que no son capaces de presentar, gestionar y mucho menos ejecutar, proyectos bien presentados, cuando la verdad es que a esos pobres funcionarios nadie se ha preocupado por capacitarlos”, según un economista cesarense, exministro de Estado y exgobernador de su departamento.
Otro economista y exministro de Minas y Energía, el guajiro Amilkar Acosta Medina, de tiempo atrás ha venido sosteniendo que la mayor aberración del centralismo es que no se preocupa por promover la capacitación de los alcaldes para que conozcan a fondo el ABC de la elaboración, presentación, justificación, tramitación y ejecución de un proyecto. Para un pobre alcalde de ‘Perraperdía’, que escasamente sabe leer y escribir, es demasiado cuellón “enfrentarse a los cancamanes de Planeación, que, por lo general, los reciben con cara de malas pulgas, y, en vez de ayudarlos, guiarlos, asesorarlos, prácticamente los humillan”.
Eso lo hizo el Corpes
El economista y catedrático de la Universidad del Norte, Jairo Parada, recordó que, en la época en que existió el Corpes, “esa situación fue bastante corregida, porque esta institución, conociendo a fondo el meollo del problema, se dedicó a un intenso proceso de capacitación de los alcaldes, y se avanzó mucho en eso”.
Sostuvo que en la mayoría de los municipios “no hay gente calificada para realizar esas tareas, y la Nación se dedica a cuestionar, pero no ha querido aplicar una metodología que le facilite a estos mandatarios llenar unos formularios, llenar unas fichas, escribir un texto completo de la justificación del proyecto, en fin, son muchos procesos técnicos que no están al alcance de los funcionarios de los municipios. Con el agravante de que los gobernadores, quienes según la Constitución de 1991 quedaron como asesores y coordinadores entre sus municipios y la nación, no dan abasto para atender tanda demanda por capacitación. Esa es la gran verdad. Hay una muy débil institucionalidad en los municipios”.
“Es muy fácil decirlo”
Un exmiembro de la junta del Banco de la Repúblico, cuyo nombre pidió mantener en reserva, respondió que “a los funcionarios del Alto Gobierno, como la directora del Departamento de Planeación Nacional, DPN, (Gloria Amparo Alonso Másmela), le queda muy fácil decir que ‘en la Costa hay 440 proyectos por $1,4 billones ‘dormidos’. Y que, además, 370 proyectos por $1.2 billones están a tiempo de salvarlos; los restantes, por $173.630 millones, están en riesgo de devolución’. Sería bueno preguntarle ¿ha designado el DNP una comisión que se desplace a esos municipios que están a punto de perder esos recursos a ayudarlos para que no sigan en la miseria absoluta sin obras importantes para su desarrollo? Seguro que ni se mosquean para tratar de ayudar. No les interesa. Los indolentes son ellos. No los alcaldes”.
Agregó que lo grave de todo es que “esa frondosa burocracia capitalina en todos los organismos estatales, por supuesto el DNP, apuesto un millón de pesos a que no saben a qué municipio del Atlántico pertenece el corregimiento de Cien Pesos”.
El gobierno del presidente Iván Duque, consciente de esa enorme falla de institucionalidad en centenares de municipios, acaba de eliminar el elefante blanco del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), un verdadero barril sin fondo. Lo reemplazó por un Ente Territorio (Enterritorio), en donde ha sido nombrada una eficiente y experta los temas de planeación, la barranquillera María Elia Abuchaibe, con el fin de acabar con el Sanbenito de que es que los alcaldes de los pueblos costeños son unos brutos que ni siquiera saben sustentar, mucho menos ejecutar, un proyecto de desarrollo.
Una encerrona
Uno de los alcaldes presentes en el foro Región Hacia un nuevo Modelo de Estado, realizado el miércoles en el hotel Dann Carlton de Barranquilla bajo los auspicios de la Federación Nacional de los Departamentos, aseguró que “uno, para poder presentar estos proyectos, prácticamente se tiene que mudar para Bogotá. Mejor dicho, nosotros los alcaldes de los pueblos ejercemos el cargo a 1.500 kilómetros de nuestra Alcaldía. Tenemos que enfrentarnos a funcionarios groseros que le hacen a uno la encerrona para atortolarlo y devolverlo con el rabo entre las piernas dizque por deficiencia en la presentación del proyecto”.
Fue, precisamente, lo que una asesora con cara de mastodonte impidió que la directora del DNP, Gloria Amparo Alonso Másmela, respondiera en forma libre a este periodista, dizque porque ella ya había acordado “con el director”, de otro medio, “cuáles son las preguntas que le van a hacer”. Por supuesto, sin chance para contrapreguntar.
De esa forma la directora del DNP se dedicó fue a hacer “un llamado de atención a los mandatarios de la Costa (alcaldes y gobernadores) frente a los avances de la contratación de 440 proyectos por $1,4 billones, que son financiados con recursos del sistema de regalías, pues están sin contratar, según la información reportada con corte al 2 de julio del presente año”.
“Es una prendida de alarmas para que arranquen este proceso de contratación y ayuden a dinamizar la Región, a generar empleo y —lo más importante— si inician la contratación antes de que se vayan, van a dejar los proyectos ojalá ejecutados en un 100%”, agregó Alonso Másmela.
Puro tilín tilín y nada de paletas
Según Gloria Alonso, a nivel nacional son 1.462 proyectos por alrededor de $4,7 billones financiados con regalías, los que —según la información reportada por alcaldías y gobernaciones a los aplicativos de información de avance de ejecución que tiene el DNP— no han llevado a cabo los procesos de contratación.
Y se declaró altamente preocupada porque hay 198 proyectos por $687 mil millones, iniciativas aún no están contratados y están en riesgo de devolución de los recursos.
Según Alonso, de los 198 proyectos con retrasos significativos que presentan riesgo de devolución de recursos, 108 proyectos por $457 mil millones se encuentran en riesgo de desaprobación por no cumplimiento de requisitos y 90 proyectos por $230 mil millones se encuentran en riesgo de desaprobación con cumplimiento de requisitos sin apertura del proceso de contratación.
La pregunta que debió responde la directora de DNP si la regordeta de su asesora hubiera permitido el ejercicio del libre periodismo, “¿Y por qué hasta ahora, a cinco meses de que concluyan los mandatos de los actuales alcaldes es cuando usted prende esas alarmas, cuando ya el Titanic está de proa para el fondo del Océano?”. No fue posible hacérsela.
En la región Caribe
Según la directora del DNP, la región Caribe presenta 440 proyectos por $1,4 billones sin contratar. De esta cantidad, 370 por $1,2 billones aún se encuentran dentro de los tiempos de contratación, mientras que 70 proyectos por $173.630 millones están en riesgo de devolución de recursos.
De los 70 proyectos en riesgo de devolución de recursos, 34 proyectos por $84.295 millones se encuentran en riesgo de desaprobación por no cumplir los requisitos y 36 proyectos por $89.335 millones en riesgo de desaprobación con cumplimiento de requisitos sin apertura del proceso de contratación.
El departamento de Atlántico tiene 34 proyectos por más de $139.577 millones, de los cuales 32 proyectos por $138.583 millones aún no han sido contratados, pero se encuentran dentro de los tiempos de contratación. Mientras que dos proyectos por $994 millones están en riesgo de desaprobación con cumplimiento de requisitos sin apertura del proceso de contratación.
“Desde Planeación Nacional estamos preocupados, porque todos los proyectos que contraten estas administraciones se entreguen, no queremos que queden elefantes blancos”, dijo la funcionaria al resaltar que están adelantando una estrategia con la Contraloría General de la República, a la que quiere que se sumen los ciudadanos porque necesitan que “absolutamente todos los proyectos de regalías” que se contraten los dejen terminados o por lo menos en un nivel de ejecución lo más alto posible.
Alonso enfatizó que no quieren que las siguientes administraciones paren los proyectos. Pero ¿qué ha planeado el DNP para subsanar esa falla?
Destacó que desde Planeación Nacional tienen plataformas como ‘ciudadanos visibles’, para que la comunidad cuente cómo van los proyectos en sus ciudades y municipios, pues el objetivo es que los recursos de regalías se ejecuten bien y que beneficie a los colombianos. Es el cuento del gallo capón: en qué cabeza le cabe a una funcionaria desde Bogotá pensar que la comunidad de un pobre municipio abandonado por los siglos de los siglos tiene mejor formación y más conocimientos que el alcalde para estar atenta a la elaboración, presentación y ejecución de un proyecto.
Por supuesto que el centralismo ya está cruzando los dedos porque “de no gestionar estos recursos, teniendo en cuenta que faltan pocos meses para que terminen los actuales gobiernos, se perderían estos dineros, pues la norma de regalías les da seis meses de plazos para hacer la contratación y, en casos excepcionales, el plazo se puede llevar hasta 18 meses. Los alcaldes deberían tener el mismo afán que tenemos nosotros y es de que si les aprobamos los recursos, rápidamente tienen que moverse a contratar. Antes de que se vayan creo que todos quieren cortar la cinta”. Otra pregunta que era necesario hacerle de inmediato: ¿De qué les sirve tener afán si no tienen la menor idea de cómo tramitar bien esos recursos?
Por lo general las obras tienen que ver con infraestructura vial (placas huellas), infraestructura educativa y hospitalaria. Algunas de las razones por las cuales estos proyectos no han sido contratados tienen que ver con permisos, licencias ambientales, entre otros.
Un buen plan, pero
Gloria Amparo Alonso destacó la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo, con los pactos territoriales que —según dijo— es la “mirada eficiente” de la asignación de los recursos para cerrar las brechas regionales.
El primer pacto que ya firmaron es el denominado Bicentenario y pronto esperan firmar el pacto Caribe y el pacto Pacífico.
También destacó la formalización empresarial y el aumento de la competitividad del país que está siendo impulsado por una gran apuesta que es la estrategia Estado Simple Colombia Ágil con la cual el gobierno busca convertirse en un aliado de los colombianos al eliminar trámites, barreras y trabas que dificultan la relación de los ciudadanos con las instituciones.
“Queremos eliminar cerca de 1.000 trámites en este primer año y en eso hemos ido avanzado rápidamente”.
Descubrió el agua tibia: “Nos faltan capacidades técnicas para estructurar proyectos y esta entidad ayudará para que los proyectos de regalías salgan más rápido, para que se estructuren mejor, para ayudar a los alcaldes y a las oficinas de planeación a estructurar los proyectos”.