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Elsa y Pumarejo, con buenos ingresos por reposición

Por Chachareros/AsuntosLegales [caption id="attachment_110350" align="aligncenter" width="693"] La máxima aspiración de Jaime Pumarejo es poder salir de su apartamento con su esposa Silvy Puello, llegán al malecón. Ella se re regresa en el carro y él aborda, en la estación acuática de Transmetro, el RíoBus que lo dejará en la puerta de la nueva sede de la Alcaldía de Barranquilla.[/caption] Gracias al buen comportamiento de sus electores en las urnas este domingo 27, los candidatos a la gobernación del Atlántico, Elsa Noguera, y a la alcaldía de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, reciben las mejores cifras, comparadas con el resto del país, por concepto de la reposición que hace el Estado por voto logrado por los candidatos. Pumarejo Heins saca la segunda mejor puntuación, por los 309.300 votos logrados en las urnas, lo que le significa que el estado le reintegre, como gasto de campaña, la suma de $678 millones. Ocupa el segundo lugar en el escalafón. Pero la que se lleva la tula mayor es la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, quien ocupa el primer lugar al lograr la envidiable cifra de un millón 108.441, lo que en plata blanca le significan $2.433 millones. En cuanto a gobernaciones, el primer lugar en billete recuperado lo ocupa la gobernadora electa del Valle del Cauca, Clara Roldán González, quien logró 945.238 votos lo que le significa una reposición estatal por voto por la suma de $3.442 millones. El segundo puesto lo ocupa el gobernador electo de Antioquia, Aníbal García, con 831.646 votos y un reintegro de $3.029 millones. Elsa Noguera ocupó en ese escalafón el tercer lugar, con la salvedad de que Antioquia y Valle tienen un censo electoral cuatro veces mayor que el del Atlántico. Aunque también es bueno anotar que Atlántico es uno de los departamentos de mayor participación con un 62%, mientras que los departamentos con los ciudadanos habilitados para votar la participación promedio es de apenas un 45%. Entre las alcaldías de las capitales y las gobernaciones la suma ascendería a $68.380 millones. Se beneficiarían 248 participantes. El Estado podría llegar a pagar más de $68.380 millones a los candidatos de las alcaldías de las ciudades capitales y de las gobernaciones que alcanzaron 4% de los votos, en el cargo al que se presentaron, para las elecciones del pasado domingo. Lo anterior, como consecuencia de la denominada reposición de votos, una medida con la que se busca retribuir económicamente los montos que cada candidato invirtió durante su campaña, siempre y cuando declaren cuáles fueron los gastos y hayan obtenido el mínimo de votos mencionado. Según un sondeo realizado por Asuntos Legales, con base en los resultados electorales, 139 candidatos de las 32 alcaldías de las capitales del país que se disputaron -incluyendo a los ganadores- adquirieron el derecho a recibir dinero por reposición. Así las cosas, la suma para este grupo podría ser de $17.292 millones, teniendo en cuenta que según la Resolución 0259 de 2019, cada voto para alcaldías y concejos municipales equivale a $2.195 y que, los votos de los candidatos que estuvieron por encima de 4% fueron $7,8 millones. En cuanto a las gobernaciones, el monto en conjunto podría llegar a $51.095 millones, dado que, en ese caso, 109 candidatos superaron el umbral y que, según lo estipulado por la norma, los votos tanto para gobernadores como asambleistas, cuestan $3.642. En las alcaldías, Claudia López, de Bogotá, sería la que más recibiría dinero, con $2.433 millones; seguida por Jaime Pumarejo (Barranquilla), con $678 millones; y Jorge Iván Ospina (Cali), con $654 millones. En cuanto a las gobernaciones, el listado lo puntea Clara Luz Roldán González, gobernadora electa del Valle, con $3.442 millones; seguida por Aníbal Gaviria (Antioquia), con $3.028 millones y Elsa Noguera (Atlántico), con $2.500 millones. Cabe aclarar que los candidatos no pueden recibir más dinero del que demuestren que gastaron en campaña, por lo que no obtienen ganancias.

Lo que dice la MOE

[caption id="attachment_110351" align="aligncenter" width="689"] «En qué otra parte te puedes dar semejante lujo de llegar al trabajo en medio del deleite del paisaje, con las taruyas acariciándote las manos y las garzas revoleteando encima de tu cabeza», dice Pumarejo.»[/caption] «Se puede decir que se parte de la buena fe de los candidatos porque no se hace una auditoría efectiva de lo que reportan como gastado. Tampoco hay estudios sobre cuánto cuesta una campaña”. Sin embargo, Gabriel Angarita, coordinador de Asuntos Públicos y Transparencia de la Misión de Observación Electoral (MOE) explicó que no existe una auditoría real para constatar lo que reportan los candidatos pues, según el experto, solo mostrando el libro de cuentas, es suficiente. “Se puede decir que en este aspecto se confía en la buena fe de los candidatos porque no existe una institución que honestamente haga el trabajo de constatar que lo que dicen las facturas es verdad o, incluso, que esas facturas son reales. Otro problema es que en el país no existen estudios que den una referencia sobre cuánto cuesta una campaña electoral y se desconoce, de forma pública, con base en qué el Consejo Nacional Electoral hace las cuentas para calcular cuánto se debe pagar por cada voto en el proceso de reposición”, aseveró Angarita. De hecho, en un informe de la MOE luego de las elecciones de 2015, se determinó que durante esos comicios los candidatos habían gastado más de lo que les habían dado por reposición. En concreto, se determinó que mientras se gastaron $205.000 millones, les devolvieron $35.000 millones. Lo que indicaría que, en esa oportunidad, se hicieron campañas ‘a pérdidas’.

Sanciones por no reportar gastos

Cabe señalar que los candidatos tienen hasta el próximo 27 de diciembre -dos meses después de elecciones- para reportar sus gastos, dado que, en el último reporte, de 24 de octubre, solo 41% de los partícipes a alcaldías y 80% de los posibles gobernadores, lo habían hecho. A esa fecha, registraban gastos por $161.600 millones. No concretar ese trámite es considerado un delito electoral en el que, aunque no tiene cárcel, se puede imponer una sanción administrativa de tipo económico.]]>

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