Cierre de medios, incertidumbre con las concesiones radioeléctricas, monopolio en la importación de papel periódico, ataques contra periodistas y campañas difamatorias han caracterizado los 17 años de mandato chavista.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
En diciembre de 2006, el entonces presidente Hugo Chávez, anunció en uno de sus programas ‘Aló Presidente’ que a partir de mayo del siguiente año, no habría concesión para la poderosa cadena Radio Caracas Televisión, que formaba parte del Grupo de medios 1BC y que era junto a Venevisión, uno de los canales más seguidos por los venezolanos.
Efectivamente en mayo del siguiente año, y a pesar de la insistencia de instituciones nacionales e internacionales, el Gobierno de Chávez decidió no renovar la concesión que le permitía a Radio Caracas Televisión explotar una fracción del espacio radioeléctrico. En su lugar, el mismo día, el Gobierno abrió operaciones de la Televisora Venezolana Social –Tves-.
Tves, no solo ocupó el mismo canal 2 que hasta el día anterior y por espacio de 52 años había usado Rctv, sino que se valió de sus mismos equipos de transmisión y repetidoras en todo el país. La razón fue la línea editorial crítica que la televisora había mantenido a pesar de las advertencias del Gobierno. “No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión, que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactada la medida. Así que vayan preparándose. Apagando los equipos, pues”, dijo entonces Chávez.
Esto fue un punto de quiebre. Ya anteriormente un Chávez autócrata y poco conforme con las críticas había elaborado un tejido judicial para minimizar las voces contrarias en los medios, responsabilizándolos incluso de las opiniones emitidas por sus entrevistados. El Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), ha contabilizado desde 2005 un total de 101 normas legales contra la libertad de expresión.
En la medida que se fueron venciendo las concesiones de las otras cadenas de televisión y de radio, que ahora tienen una duración de cinco años, estas no fueron renovadas, dejando a estos medios en un limbo legal que las hace presa fácil de la incertidumbre jurídica y a merced de la discrecionalidad de los funcionarios gubernamentales.
A la desaparición de Rctv se sumaron los cierres de más de 32 emisoras de radio en 2009 y de dos canales de televisión regionales. Diosdado Cabello era el director general de Conatel en ese momento.
Algunos canales críticos como la cadena de noticias Globovisión, agobiada por amenazas de acciones legales en su contra y debilitada por sanciones económicas emitidas por el ente regulador Conatel, cambió de dueños en operaciones poco claras con inversores menos conocidos aún. La misma suerte corrieron en estos últimos años emblemáticos periódicos como Últimas Noticias y El Universal. Aunque no se tiene claro quiénes son los nuevos propietarios reales de estos medios, lo que sí es evidente el cambio de la línea editorial a favor del Gobierno.
Otro factor limitante para los medios impresos es que el Gobierno constituyó la Corporación Editorial Alfredo Maneiro, que es el único ente autorizado para la importación de papel periódico. La distribución del mismo es totalmente discrecional.
Desde que el gobierno monopolizó el suministro de papel, el cierre de algunos periódicos regionales de larga data, como El Carabobeño, se ha atribuido a la nula disponibilidad de este insumo. Otros han tenido que reducir el número de páginas, de ejemplares y hasta los días de circulación, porque la dotación de papel nadie la tiene garantizada.
De acuerdo con el registro del 11 de marzo de este año de la organización Espacio Público, ocho diarios regionales y dos suplementos han salido de circulación desde que inició el problema con el papel, hace dos años. Peor aún, la misma ONG contabiliza 86 medios impresos que tienen en riesgo su circulación.
Los que sobreviven y tratan de mantener una línea distinta a la oficial, viven en la zozobra de revisar los contenidos para no desatar la furia oficial. Muchos periodistas luchan desde sus trincheras, pero en general, la autocensura es lo que impera en esta Venezuela socialista, según lo ha manifestado Tinedo Guía, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas.