Cuando el país está a horas de conocer el monto del nuevo salario mínimo que impondrá vía decreto por el Gobierno, surge la hipótesis de que en realidad era el monto que previamente habían negociado Duque con los empresarios. Todo esto mientras crece la polémica porque los congresistas nivelaron sus ingresos con un incremento del 5,12%.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
El gobierno anunciará en las próximas horas, el incremento del salario mínimo en Colombia, que según los expertos se ubicará en un porcentaje que está entre el 3,5 y el 4%. Esto quiere decir que como se había previsto, el presidente Iván Duque se inclinará más hacia la tesis de los empresarios que a los planteamientos de los trabajadores.
Vale recordar que el gobierno toma el timón de la definición del incremento del salario mínimo, luego que empresarios y trabajadores no llegaran a un acuerdo tras varias reuniones llevadas a cabo desde principios de diciembre en el marco de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
En esas discusiones los empresarios habían propuesto un ajuste del 2,7 por ciento, mientras que los trabajadores habían llevado a la mesa de negociaciones una solicitud de incremento del 13,5%. Nunca hubo ni siquiera un ambiente cercano a la concertación.
El diario capitalino El Tiempo publicó un trabajo en el que refleja la opinión de expertos que fueron interrogados sobre sus estimaciones del incremento que concederá al gobierno. Todos coinciden en que el monto se acerque mucho más a la propuesta de los empresarios que a la de los trabajadores.
Y es que estiman que el incremento del salario mínimo estará por el orden del 3,5 o 4%. En el primero de los casos, se llevará el monto del salario a 908.526 pesos más un subsidio de transporte de 106.453 pesos. Si el incremento llegase al 4%, los trabajadores recibirían 912.915, más el subsidio de transporte que se ubicaría en 107.032 pesos. En el mejor de los casos, el salario básico se incrementaría nominalmente en 35.112 pesos.
¿Reuniones secretas?
A la luz del camino que están tomando los acontecimientos, ha surgido la tesis que lo que anunciará en las próximas horas el presidente Iván Duque, es en realidad el acuerdo al que había llegado con los empresarios incluso antes que comenzaran las reuniones de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
La estrategia fue que los empresarios acudiesen a esa instancia con una oferta inferior a lo que realmente estaban dispuestos a reconocer, para darle al Gobierno un margen de negociación creíble a favor de los trabajadores, pero que en realidad era la oferta final de los empresarios.
Tras las manifestaciones y paros ocurridos durante 2019 y 2020, el Gobierno necesita recuperar en algo los niveles de aceptación de la clase trabajadora. No obstante, tiene también que atender los requerimientos de un aparato económico que ha reducido su tamaño en un 8% debido a los meses de paralización por la pandemia.
El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, habla de incrementos “reales” que en realidad suben el poder adquisitivo de los trabajadores. Según su tesis, el salario mínimo se ha aumentado porcentualmente durante el gobierno de Duque por encima de la inflación. La de este año fue calculada por el Banco de la República en 1,9%.
Polémica por los congresistas
El gobierno de Duque tiene desde esta semana un nuevo problema de opinión pública con el cual lidiar y es el incremento que aprobaron a los congresistas del 5,12%. Con este ajuste, los parlamentarios pasarán a percibir 34.417.000 pesos, es decir, casi 1,7 millones de pesos más al mes que comenzarán a cobrar en 2021.
A través del Ministerio de Hacienda, el gobierno se apresuró a aclarar que el ajuste salarial de los parlamentarios, obedece en realidad al decreto del aumento salarial de los empleados públicos y congresistas del 2020, cuando a los trabajadores se les concedió un incremento salarial del 6%. En el comunicado, la cartera de Hacienda aseguró que, en este sentido, el aumento recibido por los legisladores es menor al que recibieron en su momento los trabajadores.
Pero estas explicaciones no han satisfecho ni siquiera a los mismos políticos de oposición al gobierno, algunos de ellos miembros del Congreso, aunque claro está, hay mucho de demagogia en ello. El primero en pronunciarse ha sido el senador y candidato presidencial Gustavo Petro, quien reclamó el mismo nivel de incremento para los trabajadores.
Por su parte el ex senador y ex presidente Álvaro Uribe, anunció que los congresistas de su partido no aceptarán el ajuste y reiteró su llamado a considerar su propuesta de referéndum en el que, entre otros puntos, pide someter a la votación pública una disminución del número de congresistas y su salario.
El ex candidato presidencial, Humberto de la Calle, propuso una movilización virtual para que todo el Congreso en pleno renuncie al reajuste salarial decretado en pleno 24 de diciembre.
En un año preelectoral en puertas, nadie quiere adjudicarse la defensa de este aumento (salvo el Gobierno). El dirigente del Centro Democrático, Rafael Nieto, criticó el aumento de los congresistas calificándolo de “éticamente equivocado”. Explicó que decretos como éste prosperan porque en realidad el salario de los congresistas es equivalente al de todos los altos funcionarios públicos, como los magistrados del Consejo de Estado, el Fiscal y el Contralor General de la República. Disminuir los salarios de los congresistas mediante una tutela, significaría que el salario de estos altos cargos también bajaría.
