Era la institución estrella de la Constituyente del 91. Y ahora resulta que uno de los más connotados magistrados es acusado de recibir una coima por un fallo.
Por Chachareros y colaboración de El Tiempo
Ya esto es lo último que faltaba. La Corte Constitucional, la entidad emblemática en la lucha contra la corrupción en el país, y en la que la ciudadanía más creía, acaba de recibir un golpe al hígado cuando su propio presidente, el monteriano Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, admite haberse reunido con un abogado que es acusado de haber llevado una considerable cifra como soborno.
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Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, presidente de la Corte Constitucional.[/caption]
Nacido en Montería el 4 de mayo de 1962, adelantó sus estudios de derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en donde se graduó en 1984. Allí mismo hizo una especialización en derecho administrativo y en la Escuela Superior de Guerra adelantó una especialización en Defensa y Seguridad Nacional. En la actualidad adelanta estudios para su doctorado en derecho en una universidad española.
Antes de llegar a la Corte Constitucional, Pretelt Chaljub fue jefe de personal de la desaparecida Telecom, y desde 1998 hasta 2002 fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, el cual presidió entre 2001 y 2002.
A la Corte Constitucional llegó en abril de 2009 y desde el 10 de febrero de 2015 es el presidente de dicha institución, que ahora ha manchado sembrando en la opinión pública una duda que se convierte en una profundad herida en una entidad que todos los colombianos veían como la de mayor credibilidad e incorruptible. Ahora la realidad es que lo grave para una democracia es cuando “hasta la sal se corrompe”.
Según conoció el diario El Tiempo, los magistrados de la Corte Constitucional han estado divididos recientemente por cuenta de asuntos que exceden los temas jurídicos e ideológicos.
El magistrado Jorge Pretelt señaló que conoció hace tres años al abogado Víctor Pacheco y que desde entonces compartió “momentos sociales” con él. “Lo conocí en una reunión con empresarios; siempre lo he distinguido como una persona decente y soy el primer sorprendido”, dijo el Presidente de la Corte.
Agregó que Pacheco ha estado en su casa “dos o tres veces” y que nunca le pidió que interfiriera en el proceso de tutela y que, menos aún, él ofreció algún tipo de acercamiento con el magistrado ponente.
“No sé por qué ha dicho lo que afirma. Eso hay que preguntárselo a él”, dijo. Pretelt afirmó que ya ofició ante las autoridades competentes para que revisen su actuación y aclaren el tema. “El trámite de esa tutela es la prueba –dijo–: fue seleccionada por insistencia de otros magistrados, y el mismo doctor González (Mauricio) ha reconocido que nunca le hablé de ella y que, además, fui el primero en apoyar su proyecto”.
El magistrado reconoció que Pacheco le comentó que su tutela había sido seleccionada por la Corte, y dijo que conoció del caso porque la excontralora Sandra Morelli le comentó, indignada, que la Corte estaba poniendo en riesgo una sentencia que castigaba un caso de corrupción pura y dura.
“Estoy convencido de que en las cortes no puede haber nadie cuestionado, ni siquiera por una indelicadeza. Desde que me eligieron estoy trabajando para sacar adelante a la Corte y espero que los que no estuvieron de acuerdo con mi elección como Presidente respeten la decisión mayoritaria”, dijo Jorge Pretelt.
Lo que dice González
El número de teléfono del abogado Víctor Pacheco hace parte de las pruebas que el magistrado Mauricio González dejó en la Comisión de Acusación para que ponga a andar la investigación contra el magistrado Jorge Pretelt.
En el documento, González señala que la información recibida sobre el supuesto ofrecimiento de ayuda que Pretelt le habría hecho al abogado Pacheco es tan grave que no podía asumirme como un “simple rumor o un anónimo”. Señala que le da credibilidad porque “provienen de la versión de un ciudadano identificado, quien insiste que le constan directamente los sucesos relatados”. Además, que entregó la misma versión a otros de sus colegas y que, hasta ahora, no ha entrado en “contradicciones”.
Por eso, pidió a la Comisión de Acusación escuchar a Pacheco para que se valore la calidad de su testimonio.
También solicitó que sea llamado a declarar el magistrado Jorge Ignacio Pretelt, hoy presidente de la Corte Constitucional.
Además de escucharlo, planteó que se dé un encuentro, en medio de la investigación, entre el denunciado, el denunciante y quien tiene detalles de los posibles actos corruptos. Esto, para que cada uno entregue su versión.
González ha dicho que Pacheco está dispuesto a narrar el episodio ante las autoridades competentes.
Finalmente, plantea que los magistrados Luis Ernesto Vargas, Gabriel Eduardo Mendoza y María Victoria Calle, quienes primero conocieron la versión del abogado barranquillero, también sean citados por los representantes investigadores.
La denuncia del Magistrado
“Para los integrantes de la magistratura, para el propio magistrado Jorge Pretelt nada puede ser de mayor interés que el esclarecimiento de estos hechos tan enojosos como graves (…). En cuanto a mí respecta, declaro bajo gravedad de juramento la falsedad del acuerdo simoníaco con el que se pretendería relacionarme, como de cualquier otro acto miserable de corrupción con el que se me quisiera endilgar”.
Esos son los términos que el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González utiliza en la denuncia que instauró el viernes contra su colega Jorge Pretelt y que tiene en el ojo del huracán y totalmente dividido al tribunal más respetado del país.
En una actuación sin precedentes, González le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara, el organismo encargado de investigar a los altos dignatarios del país, que establezca si Pretelt, utilizando su nombre, pretendió cobrar 500 millones de pesos para supuestamente interferir en un fallo de tutela. Eso es lo que asegura Víctor Pacheco, el abogado de Fidupetrol, la empresa que interpuso la tutela contra un fallo de la Corte Suprema que la obligaba a pagar 22.500 millones de pesos.
Mauricio González era ponente del fallo y, según la versión del abogado, “Pretelt le habría dicho que él era amigo suyo y que solo él podía hablarle al oído de tales temas”.
Pretelt, que es el actual presidente de la Corte Constitucional, ha negado los señalamientos del abogado y expone a su favor varios hechos: que la ponencia negó la tutela y que los nueve miembros de la Corte, él incluido, apoyaron en octubre del año pasado la ponencia de González. Además, que este magistrado ha reconocido que nunca intentó hablarle del tema.
Ahora, en manos de la desacreditada Comisión de Acusación quedará la misión de establecer la verdad del cuestionamiento más grave sobre la Corte Constitucional en su historia que, además, dio lugar a un accidentado proceso de elección del presidente de ese tribunal. En entrevista con la prensa, Pretelt admitió que conoce al abogado Pacheco y que este ha visitado su casa, pero negó de plano los señalamientos.
El abogado Pacheco, que es reconocido en la Costa Caribe, se apareció en el Palacio de Justicia el martes 3 de febrero, un día antes de que la Corte votara para formalizar la elección de Pretelt. Habló, por separado, con los magistrados Luis Ernesto Vargas y Gabriel Eduardo Mendoza, y a la magistrada María Victoria Calle le refirió rápidamente su versión. Esta sostiene que supuestamente a mediados del año pasado, tras encontrarse en el club El Nogal de Bogotá con Pretelt, este lo invitó a su casa para hablarle de la tutela. Allí, dice la denuncia, el magistrado Pretelt supuestamente le habría dicho que “podía lograr una decisión favorable (…) y para lo anterior pidió la suma exhorbitante de 500 millones de pesos supuestamente solicitados por el magistrado ponente” (González).
Vargas buscó a González ese mismo día y le contó lo ocurrido. Por teléfono, Pacheco ratificó la versión y aceptó una cita personal con González, que se cumplió en una cafetería de Cartagena el viernes 6 de febrero. Allí dijo estar dispuesto a un careo con el magistrado Pretelt.
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Jorge Pretelt y Mauricio González, enfrentados por la denuncia de un presunto intento de soborno en el fallo de una tutela.[/caption]
Este había sido elegido presidente dos días antes, en una sesión en la que su colega lo confrontó sobre la denuncia y le anunció que votaría en blanco. Fue la ruptura de una relación que había sido estrecha en los últimos años y que había llevado a González a defender a Pretelt de las duras críticas que, hace un año, le hizo el exmagistrado Nilson Pinilla.
Una Corte dividida
Al final, la elección terminó en un apretado 5 a 4 que refleja la profunda división que existe hoy en la Corte por asuntos que van mucho más allá de los temas jurídicos e ideológicos y que golpea la imagen de la única corte que, en los últimos años, había permanecido a salvo de los escándalos.
El viernes, después de volver a hablar con el abogado de Fidupetrol, el magistrado González decidió poner el caso en conocimiento de la autoridad competente. Promediando la tarde, y después de comunicarle su decisión a Pretelt a través de un chat, radicó en la Comisión de Acusación la denuncia de 4 páginas.
Este sábado el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta al presidente de la Comisión de Acusación en la que le dice que por “instrucciones” del Presidente, la Casa de Nariño solicita que “se adelante con decisión y de manera inmediata la indagación” sobre los hechos.
La denuncia es inédita. No solo por el prestigio de la Corte, sino porque por primera vez hay alguien –en este caso, un abogado de trayectoria–, que se declara dispuesto a sustentar las denuncias de supuesta corrupción en las altas cortes. De hecho, el periódico bogotano El Tiempo pudo establecer que desde hace tiempo entre algunos magistrados se venía hablando de que habrían ocurrido casos similares.
Más allá del calor de los acontecimientos, magistrados y exmagistrados señalan que se abre un debate sobre una tendencia que ha cobrado fuerza en la Corte en los últimos años: la de revisar tutelas en las que no están en juego grandes discusiones sobre derechos fundamentales, sino intereses de sectores poderosos afectados por sentencias judiciales o decisiones administrativas.
Cada año, entre las centenares de miles de tutelas que se interponen en el país, la Corte selecciona unas decenas para marcar jurisprudencia o en casos sensibles. Pero los magistrados, además de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, pueden insistir para que la Corte revise tutelas no seleccionadas.
Por esa vía, dicen magistrados, se ha abierto camino la posibilidad de que los intereses particulares terminen imponiéndose a la justicia.
Prosperó una tutela multimillonaria
El 13 de junio del 2013 la Corte Suprema condenó al exgobernador de Casanare Witman Herney Porras a 18 años y 6 meses de prisión por invertir ilegalmente más de $ 63.000 millones de recursos públicos en fiducias, a pesar de saber que “eran operaciones riesgosas” que a la postre terminaron con la pérdida de recursos.
El fallo también condenó a la Fiduciaria Petrolera S. A. (Fidupetrol), que manejó parte de esa plata, a reintegrarle a la Gobernación, en pago solidario, $ 22.500 millones. Fidupetrol, liquidada el año pasado, interpuso una tutela que llegó a la Corte Constitucional. Esta fue negada en octubre.
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