
Son tres personas vinculadas a la Unión Temporal Centros Poblados y que por instrucciones de la Fiscalía serán trasladadas hasta Bogotá. Las aprehensiones se llevaron a cabo en Barranquilla y Medellín, por órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Este lunes el CTI llevó a cabo tres capturas vinculadas a la Unión Temporal Centros Poblados por el escándalo de los 70.000 millones de pesos. La medida cautelar fue ejecutada por órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca atendiendo una solicitud de Fiscalía.
Se trata del socio de la UT Emilio Tapia, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, de Ravel Seguros. Las capturas se llevaron a cabo en Barranquilla, Puerto Colombia y Medellín, donde se encontraba Laverde. Este último está señalado como la persona que tramitó las garantías que han sido señaldas como falsas y que fueron el detonante del escándalo.
Uniformados del CTI ejecutaron la operación de búsqueda y captura, quienes ubicaron a Tapia en la clínica La Misericordia de la capital del Atlántico. El empresario se había recluido desde el pasado domingo en la tarde por una afección de cálculo renal. El polémico empresario nacido en Córdoba, sigue hospitalizado bajo estricta vigilancia policial y protegido por el hermetismo médico exigido por su familia.

Se trata de las primeras tres capturas por este escándalo que ya cobró la cabeza de la titular de Mintic, Karen Abudinen. Procuraduría, Contraloría y Fiscalía adelantan investigaciones penales, administrativas y civiles que podrían generar nuevas aprehensiones. Por ello el Tribunal ordenó levantar el velo corporativo, para conocer la identidad de las empresas y socios que conforman Centros Poblados.
Los tres detenidos serán trasladados hasta Bogotá, para ser presentados por el fiscal Francisco Barbosa ante un juez de garantías.
Centros poblados: cuatro empresas, muchos contratos
La Unión Temporal Centros Poblados está conformada por cuatro empresas que se asociaron para “competir” por el contrato del Mintic. Este contrato implicaba el pago por parte del Estado de más de un billón de pesos para la instalación de acceso a Internet en escuelas. Esta unión temporal está conformada por cuatro empresas.
- Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Funtic)
- Intec de la Costa S.A.S.
- Omega Building Constructora S.A.S.
- ICM Ingenieros S.A.S.
De las empresas mencionadas, solo Funtic tiene experiencia en el área de las telecomunicaciones. El año pasado cambió su nombre a Novotic, en la que Juan Carlos Cáceres Bayona aparece como socio creador. Según el portal Las 2 Orillas, Cáceres Bayona es un conocido megacontratista en la costa colombiana.
Este nombre también está vinculado a Niu Telco S.A.S. relacionada con el escándalo por los programas de bilingüismo en el Norte de Santander. Firmaron estos contratos con el departamento de La Guajira, cuando el ex gobernador Wilbert Hernández Sierra estaba a cargo. Tan solo para La Guajira, la cifra del acuerdo ascendió a los $11.415.893.720, y para Norte de Santander el valor era de $613.890.031.

También figuran contratos con Invías, con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
Los otros integrantes de la Unión Temporal no se quedan atrás y también tienen en su haber la ejecución de jugosos contratos con el Estado. Es el caso de ICM, que aparece con tres contratos con Invías, con las alcaldías de Valledupar y Usaquén y con el IDU Bogotá. Omega también registra contratos con el Invías, con el Departamento Administrativo de la Presidencia y el departamento de Antioquia.
Pero la buena fortuna no termina aquí. Los socios de estas empresas también aparecen como titulares personales de otros contratos multimillonarios con varios entes. Estamos hablando de institutos nacionales, gobernaciones, alcaldías y hasta la propia Contraloría.

Emilio Tapia había sido condenado por otro escándalo: el carrusel de contratación. Por su participación en estos hechos, se le ordenó cumplir una pena de siete años de prisión. Esta condena se le cambió por el beneficio de detención domiciliaria el año pasado, por orden del Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá. El excontratista tiene otra pena de 48 meses de prisión, también relacionada con el carrusel.
La suerte de Centros Poblados parece estar echada. Sin embargo pareciera ser la punta de un iceberg que amenaza con tumbar otras cabezas y privar de libertad a otras personas. Todo dependerá de las investigaciones que se adelantan y las medidas que acuerden los jueces.