El CTI de la Fiscalía allanó las oficinas de Rafael Uribe Noguera en Bogotá para recabar más elementos vinculados con su presunta participación en el rapto, violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Hasta las oficinas del arquitecto Rafael Uribe Noguera llegaron al menos 12 investigadores del CTI de la Fiscalía para realizar, la tarde de este lunes 12 de diciembre, la recolección de elementos de interés criminalístico en el caso por el rapto, violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní, de 7 años.
La Fiscalía en las oficinas ubicadas en el mismo barrio donde está ubicado el apartamento del edificio Equus 66, al norte de Bogotá, indicios de que la menor, hubiese podido ser conducida a otro lugar distinto antes de ser llevada al lugar donde encontró su trágico final.
La diligencia responde a versiones que testigos habrían aportado, y que hablan de que vieron al arquitecto de 38 años por esa zona el pasado domingo 4 de diciembre “subir y bajar con tragos”, horas antes de los hechos fatídicos de ese día.
Ya Medicina Legal tiene «elementos biológicos» que permitirían establecer científicamente la culpabilidad de Uribe Noguera.
Ya el Departamento de Medicina Legal tiene “elementos biológicos”, que comprobarían la vinculación de Uribe Noguera con el acceso carnal violento y posterior asesinato de la menor, aunque esto lo tiene que confirmar un juzgado, en el marco del proceso que se le avecina.
Estos elementos a los que se refiere Medicina Legal, tienen que ver principalmente con la presencia de rastros de ADN. Esto le daría al caso contra Uribe Noguera, “mayor certeza científica” para responsabilizarlo por el abuso sexual y posterior asesinato de la niña.
El mediático caso ha generado un profundo rechazo en la opinión pública nacional.
Además de las pruebas biológicas, existe material de las cámaras
de seguridad y testimonios de personas que avalan la acusación del profesional de la arquitectura en torno a este mediático caso. “Será una acusación en tiempo récord”, dijo Luis González, director nacional de Fiscalías, quien aseguró que dentro de las próximas semanas será radicada la acusación.
Lo que viene
Al no allanarse de los cargos por tortura, feminicidio agravado, secuestro y acceso carnal violento, Rafael Uribe Noguera se enfrenta a un juicio que podría extenderse varios meses, e incluso años, dependiendo de las estrategias que utilice la defensa en un proceso que según la mayoría de los expertos, casi seguro terminará en una condena de hasta 50 años. El arquitecto tiene medida de aseguramiento en la cárcel La Picota de Bogotá.
Tras la audiencia celebrada ante la juez 79 de control de garantías, en el tercer piso del Complejo Judicial de Paloquemao, el pasado 6 de diciembre, la Fiscalía se prepara para una segunda audiencia, cuya fecha aún no se ha definido, donde presentará al tribunal los elementos recabados hasta ese momento y que sustentarían la acusación que le tocará presentar.
Uribe Noguera permanece recluido en la cárcel de La Picota, donde supuestamente ha recibido amenazas de muerte.
En la tercera audiencia, tanto el equipo el ente acusador como el equipo de defensa definirán las estrategias que llevarán al tribunal donde se realice finalmente el juicio que se prevé dé inicio a partir de la cuarta audiencia. Esto según los lapsos normales de cualquier proceso legal, podría ocurrir bien entrado el año 2017.
Una vez concluida esta etapa del proceso, vendría la audiencia en la que se llevará a cabo la individualización de la pena para luego esperar una nueva cita con el tribunal donde se leerá la lectura del fallo, que establecerá la inocencia o culpabilidad del acusado. Este paso determinará los dos siguientes, tanto para los acusadores como para la defensa, y serán la presentación de recursos (donde se pueden presentar elemento atenuantes a la pena), para luego ir a la cita de incidente de reparación integral. Una vez cumplidos estos dos últimos pasos vendrá la audiencia con la lectura de la condena.
Hasta ahora, ningún abogado privado ha querido asumir la defensa de Rafael Uribe Noguera, quien es representado por un defensor público dispuesto por el Estado.
