La plata que era para ayudar en primer lugar a los medianos y pequeños labriegos, quedó en manos de dos o tres familias costeñas archimillonarias.
Por Chachareros y Terra
La Contraloría General de la República declaró como responsables fiscales a los exministros de Agricultura y Desarrollo Rural Andrés Felipe Arias Leiva (mejor conocido como “Uribito” porque camina como Uribe, habla como Uribe, piensa como Uribe y se peina como Uribe) y Andrés Darío Fernández Acosta.
El ente de control determinó que hubo irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y responsabilizó a Arias por una cuantía de $12 mil 115 millones y a Fernández por $741 millones.
Andrés Felipe Arias
La Contraloría también declaró como responsable fiscal al Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria «IICA», en cuantía de $12 mil 985 millones, en su calidad de Cooperante dentro de los Convenios de Cooperación de Ciencia y Tecnología suscritos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En las investigaciones generales de los organismos de control se estableció que los dineros, en algunos casos, fueron adjudicados con suma facilidad a familias que luego resultaron dando cuantiosos aportes a la abortada campaña presidencial de “Uribito”.
De esa manera, como se ve, un programa con las mejores intenciones es desviado por los corruptos de siempre para repartirse miles de millones de pesos, que tanto necesitan los campesinos pobres para adquirir semillas, preparar la tierra y sacar sus productos a sus mercados naturales. Sin embargo, los desalmados tres o cuatro grupos millonarios, como gallinazos insaciables, cayeron sobre toda la plata que había para el programa. Y como son “préstamos no reembolsables”, fue un robo “decente” y sin nadie en la cárcel.
Las sanciones se dan porque, según el organismo de control, los recursos públicos que debieron ser invertidos para socializar y divulgar ciencia y tecnología al campesinado para prepararlos frente a los tratados de libre comercio, los Ministros de Agricultura y el IICA, desviaron los dineros para contratar actividades de publicidad del Programa Agro Ingreso Seguro.
El contenido de la sanción de la Contraloría, agrega que en un Estado Social de Derecho como lo es Colombia, debe primar el interés general sobre el particular, por lo tanto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, debió atender las necesidades de la comunidad agropecuaria en sus distintos escenarios, permitiéndoles su participación activa en la construcción de la política pública diseñada por el Gobierno de entonces, para que el sector agropecuario Colombiano pudiese enfrentar el mercado externo con los distintos productos que ofrece.
