Este 30 de Enero (6 meses después de su promulgación) entra en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, expedido bajo la ley 1801 de julio del 2016 y que busca, de manera preventiva, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas.
Por: Víctor Herrera Michel – @vherreram
Víctor Herrera Michel
Sin lugar a dudas era una necesidad normativa la de repensar y elaborar un nuevo código de policía, pues el actual rige desde hace 45 años (Ley 1355 de 1.970), y no recoge todas las nuevas realidades sociales, políticas y económicas que han acontecido en el país durante los últimos 9 lustros y que ha transformado la vida de los colombianos. Sobre todo ahora que entramos en una etapa crucial de los acuerdos del gobierno nacional y las Farc, que va a traer como consecuencia la incorporación de miles de miembros de esta guerrilla que habían permanecido por más de 50 años en los montes, en condiciones que les colocaban al margen de la ley y que comienzan a integrarse ahora con nuestras poblaciones para ejercer, por supuesto. los derechos y deberes ciudadanos que les entregan estos acuerdos. Ello seguramente ocasionará situaciones nuevas en cuanto a la convivencia se refiere.
Llama poderosamente la atención en este código que existen por lo menos 500 comportamientos que son exigidos y, muchas veces, multados por dicha norma y que, aparentemente, deberían ser conductas ciudadanas lógicas dentro de un Estado social de derecho y en un régimen democrático como el que pregonamos.
En efecto, hay actuaciones en la nueva norma que van desde castigar a quienes “Impidan el ingreso o salida dentro del sistema de transporte a una mujer embarazada o un adulto mayor, persona con niños o niñas o personas con discapacidad “, o al que irrespete a un agente de la policía o a un miembro de la comunidad LGBTI, o aquello de “realizar necesidades fisiológicas en el espacio público” o “no recoger las heces fecales de sus mascotas”, hasta “Reñir. incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas”, o “Modificar o alterar redes o instalaciones de servicios públicos”, o “Fumar en lugares prohibidos”, o la falta de respeto a lugares como “salas de velación, cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas y museos, entre otros” o consumir bebidas alcohólicas cerca de instituciones educativas”, o “permitir que los niños, niñas y adolescentes sean tenedores de animales potencialmente peligrosos”, o “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad”, o “ no respetar la asignación de sillas en caso de haberla ” o “Agredir verbalmente a las demás personas” en eventos públicos”, o ”Lavar bienes muebles en el espacio público” o “Arrojar sustancias contaminantes, residuos o desechos a los cuerpos de agua”, o no “reparar los daños, averías o perjuicios causados a bines colindantes o cercanos “…en fin.
La mayoría son conductas que deberíamos asumir como normas de coexistencia lógicas pero que al no haber sido enseñadas ni explicadas (por lo menos eficazmente) por nuestros padres, profesores, medios de comunicación, líderes religiosos, empresarios, gobernantes, autoridades y políticos – es decir por toda la sociedad que fracasó en su intento (aunque no sabemos si alguna vez lo hizo) – su no observación son hoy castigadas con multas y otros mecanismos a través de un código que persigue que aprendamos, asimilemos y apliquemos las normas de convivencia a “la brava”, a la fuerza. Vale decir: aquello que nuestros antepasados aprendieron a través de la legendaria “Urbanidad de Carreño”, nos va a tocar a nosotros aprenderla con un método que resumían nuestros mayores así: “La letra con sangre entra”
