La captura del principal accionista de Navelana oscurece el panorama de recuperación de la navegabilidad de la principal arteria fluvial del país.
Por Rafael Sarmiento Coley
Cuando todo parecía indicar que, por fin, el Gran Río de la Magdalena recuperaría en muy corto tiempo su navegabilidad en un 80% de su recorrido, las esperanzas de los dolientes de la principal arteria fluvial del país, se desvanecen.
Pueblos ribereños como Calamar esperan los trabajos sobre el Magdalena como una bendición para acabar con la penuria de las inundaciones.
Las esperanzas no eran muy pocas. El Río Magdalena recorre más de medio país y en sus riberas vive un 70 por ciento de la población rural y ribereña colombianas. Además, por todos es sabido que un Magdalena con el suficiente calado, permitiría acortar el tiempo de viaje desde Puerto Salgar (La Dorada), Barrancabermeja y Barranquilla en un 50 por ciento. El costo del transporte fluvial mediante flotas de convoyes con capacidad de transporte de 7.300 toneladas, disminuiría el costo del transporte desde y hacia el centro del país en un 70 por ciento, lo cual aceleraría en forma notable la economía del país.
¿Qué pasará ahora? La respuesta de un allegado a una de las empresas contratistas para obras adicionales asegura que “aquí en Colombia el golpe no será tan fuerte. Porque ya Odebrecht había asegurado los créditos para las obras a corto y a mediano plazo. Ya están fabricadas las primeras maquinarias anfibias que se utilizarán para sacar el sedimento del lecho del río y colocarlo a considerable distancia, con el fin de que no vuelva a rodarse con las lluvias, y para que, además, sirva de ubérrimo abono para los agricultores y ganaderos”.
Hace un año quedó listo
El consorcio Navelena quedó listo hace un año. Está conformado por la multinacional brasilera Odebrecht con un 87%, y la firma barranquillera Valores y Contratos (Valorcon), de la familia Gerlein, con un 13%.
En agosto todo quedó listo y fue adjudicado a Navelena porque fue el único de los 3 preseleccionados que presentó una oferta económica consistente para la adjudicación de la Alianza Público-Privada (APP).
La realización de las obras permitiría la navegabilidad en 630 kilómetros con convoyes con 7.300 toneladas.
El entonces director de la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), Augusto García Rodríhuez, a quien correspondió conducir todo el estudio para contratar, señaló que los otros precalificados en este proceso que comenzó desde enero de 2013 presentaron sus razones para no ofertar.
Los preseleccionados eran promesa de Constitución Navega Magdalena S.A.S., integrado por: Acciona Concesiones SL, Jan de Nul Sucursal Colombia, Consultores del Desarrollo S.A. y Castro Tcherassi S.A. y la otra era Consorcio Desarrollo Río Magdalena, Corderma, integrado por Iridium Colombia Desarrollo de Infraestructura S.A.S, Van Oord Colombia S.A.S, RM Holding S.A.S y Juneau Business Inc.
“Presentaron cartas en las que dicen que no obstante reconocen la transparencia del proceso, uno de ellos no logró obtener los recursos financieros y el otro consideró que los riesgos eran demasiado elevados y no podían asumirlos”, explicó el funcionario.
El contrato por $2,5 billones consistía en realizar las obras de navegabilidad y encasamiento entre Puerto Salgar (La Dorada), Barrancabermeja y Barranquilla, en unos 630 kilómetros navegables. El contrato tiene vigencia por 13.5 años a partir de su firma.
La preocupación es porque existe el riesgo de que los acontecimientos judiciales en Brasil altere el cronograma de trabajo en el Magdalena, lo cual sería grave para el proyecto. Sobre todo cuando ya se ha contratado, por parte de Navelena, la construcción en fábricas multinacionales especializadas, como Caterpillar y otras, de una maquinaría altamente costosa y especializada, parte de cuyo pedido ya empezó a llevar al país.
El escándalo, según EFE e Iberoaméricana.net
El escándalo por el que el pasado viernes arrestaron en Brasil al presidente de la constructora más grande de Latinoamérica, Odebrecht, que tiene el 86 por ciento del consorcio Navelena, cuya tarea es la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, factura la alarmante cifra de 2.100 millones de dólares y tiene tras las rejas, hasta ahora, a 38 políticos y directivos de la petrolera Petrobras y de otras constructoras del gigante suramericano.
Momentos de la captura de Marcelo Odebrecht, por funcionarios de la justicia brasilera, para que responda por el peor escándalo por corrupción en dicho país.
Las detenciones de Marcelo Odebrecht y Otávio Azevedo, este último presidente de la constructora Andrade Gutiérrez, se deriva de las investigaciones que se abordan por el caso de corrupción en la estatal brasilera Petrobras. De hecho, se trata de la fase número 14 de la operación ‘Lava Jato’, por los cobros de más que hicieron a la petrolera, que se calculan en valores inflados en hasta un 4%, y el traspaso de ese dinero a directivos y políticos que encubrían el ilícito.
Los políticos y los directivos de Petrobras y las constructoras trabajaban juntos, desde hacía una década, y se dividían los contratos que ganaban, gracias a los sobornos –que suman los 2.100 millones de dólares–. Por esto, la Fiscalía de ese país, que tiene en la mira a 59 implicados, 38 de los cuales están encarcelados, los acusó de formación de cartel, fraude en licitaciones, desvío de dinero público y lavado de dinero.
“Dominaban todo”
Tras las aprehensiones, ambas compañías señalaron en sendos comunicados que las capturas de sus directivos “no eran necesarias”, ya que consideraron que las empresas están colaborando debidamente con las investigaciones.
Odebrecht “siempre ha estado a disposición” para esclarecer los hechos, indicó una nota de esa empresa, mientras que la firma Andrade Gutiérrez se manifestó en el mismo sentido.
No obstante, al anunciar las detenciones en una rueda de prensa, el comisario Igor Romário De Paula afirmó que las autoridades esperaban una “mayor colaboración de esas empresas”, a las que se refirió como “dos compañías destacadas en la economía brasileña y en el mercado internacional”.
El comisario De Paula sostuvo que, según la investigación, “la voz de Odebrecht en el cartel de empresas que operaba en Petrobras tenía poder de decisión”, por las propias dimensiones de la firma.
El fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, presente en la misma rueda de prensa, apuntó que las pruebas obtenidas “no dejan dudas” en relación a que Odebrecht y Andrade Gutiérrez “capitaneaban el esquema dentro de Petrobras”.
Dos Santos Lima sostuvo que “existen indicios concretos y muchos documentos” que, para las autoridades, “confirman que ellos tenían dominio de todo”.
También dijo que esos indicios “apuntan que las empresas estaban implicadas como un todo” y que esas maniobras “eran en realidad una práctica de negocios” y no corruptelas de algunos de sus directivos.
Dinero a Suiza y Panamá. Explicó además el fiscal que, hasta donde se ha comprobado, la mayor parte del dinero obtenido por esas dos empresas mediante las corruptelas era depositado en cuentas en otros países, entre los que citó Suiza, Panamá y Mónaco.
De Paula afirmó que las detenciones practicadas constituyen “un recado claro de que la ley vale efectivamente para todos y de que no importa el tamaño de la empresa, el poder económico o la influencia en la sociedad” si se ha incurrido en delitos.
Además de esos dos ejecutivos, la policía detuvo hoy a otras diez personas vinculadas a estas empresas, así como convocó a declarar a otros 47 sospechosos.
Políticos oficialistas. Por el caso también se investiga a medio centenar de políticos, que en su mayoría integran la coalición que respalda al Gobierno de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros.
Entre los detenidos, está el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, PT, Joao Vaccari, quien está acusado de presionar a las empresas que obtenían contratos con Petrobras para desviar parte del dinero obtenido hacia las arcas de esa formación.
El PT y otros partidos políticos implicados en el caso admitieron que han recibido apoyo financiero de las empresas investigadas, pero en todos los casos sostienen que esos recursos fueron debidamente declarados antes las autoridades fiscales y electorales.
No obstante, según la policía, las empresas eran orientadas para entregar el dinero que los partidos recibían de la corrupción a modo de donaciones que quedaban registradas en forma legal.
La prensa de Brasil llama la atención sobre la relación personal que tienen Odebrecht y el expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, durante cuyo gobierno, además, Rousseff ejerció como presidenta del directorio de Petrobras. Y aunque ni Lula ni Rousseff han sido vinculados a las pesquisas, la Fiscalía investiga si el expresidente fue beneficiado por la constructora, ya que desde 2011 el exmandatario ha viajado frecuentemente con gastos sufragados por la empresa.
Los proyectos en Colombia
Odebrecht, con asiento desde hace 20 años en el país, tiene el 87 por ciento del consorcio Navelena, que recuperará la navegabilidad del río Magdalena en un proyecto que cuesta 2,5 billones de pesos y tiene una duración de 13 años. El 13 por ciento restante lo posee la firma Valores y Contratos, Valorcon S.A., de la familia Gerlein.
En el Magdalena se han realizado obras inconclusas, que no han permitido la total recuperación de su navegabilidad. Se esperaba que con el contrato de Navelena la principal arteria fluvial colombiana recuperaría su esplendor.
También se cuentan el de la Ruta del Sol Sector 2, entre Puerto Salgar, Cundinamarca, y San Roque, Cesar, por un valor de 3,5 billones de pesos y en el que posee el 62 por ciento y la fase 2 de la transversal de Boyacá.
La compañía, que además opera en decenas de países, y que ha acometido gigantescos proyectos de obras de infraestructura y construcción de hidroeléctricas en el país, dio un parte de tranquilidad en un comunicado, en el que asevera que las investigaciones en Brasil no afectan sus operaciones en el exterior “ya que las operaciones en cada país son totalmente independientes”.
El caso H&H
Otro caso de corrupción enfrenta la firma ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo, que tiene también dos grandes obras en el país y busca otro contrato millonario.
De acuerdo a los medios de comunicación panameños, el empresario y exvicepresidente de ese país Felipe Virzi habría recibido 10 millones de dólares de esta firma en 2012 para ganar la licitación para el estudio, diseño y construcción de un proyecto agropecuario por 155 millones de dólares.
El exvicepresidente, de hecho, ha señalado al expresidente Ricardo Martinelli de presionar e indicar a qué personas había que hacerles los pagos.
H&H tiene el proyecto de la vía entre Zipaquirá, Cundinamar
ca, y Bucaramanga, y el 30 por ciento del corredor Santander de Quilichao-Popayán, Cauca, de las vías 4G, por 1,2 billones de pesos, y busca otro contrato por 237.000 millones de pesos.
Colombia, a la expectativa por la situación de Odebrecht
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, dijo en Blu Radio que “esa es una noticia supremamente desafortunada y nos ilustra los grandes problemas de corrupción que hay en la industria de la construcción en Colombia y en todo el mundo”.
Por su parte, el Ministerio de Transporte señaló en un comunicado que “una vez se tenga total claridad sobre los hechos, y alcances jurídicos (…), haremos uso de todas las herramientas jurídicas consagradas en nuestra legislación para evitar la vulneración del patrimonio público así como la afectación de las obras contempladas”.
A su vez, el vicepresidente Germán Vargas Lleras advirtió: “en el momento que sobrevenga una condena que haga responsable en temas de contratación a cualquier firma en el extranjero, la consecuencia en Colombia es la inhabilidad hasta por 20 años en la ejecución de contratos de obra pública”.
De otro lado, el decano de la facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, Eduardo Behrentz, dijo en Caracol Radio: “soy pesimista, porque creo que si una empresa se comporta mal en su casa matriz, probablemente en sus satélites también, aunque no tengo elementos para saber si es verdad. Pero si se llega a comprobar, yo creo que estaríamos en grandes problemas en estos proyectos”.
Entre tanto, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo indicó en la emisora que “eso preocupa y siempre preocupará. Sin embargo, nadie puede ser condenado sin un juicio previo, y es precisamente lo que pienso de Odebrecht, que tiene igual que todos un derecho legal a defenderse”.
Por otra parte, el docente de la Universidad del Rosario Francisco Bernate le dijo al diario ‘La República’ que “Odebrecht tiene el respaldo jurídico para entrar a pelear por cualquier proyecto en Colombia. Lo que pasó en Brasil es un hecho independiente y se debe presumir la inocencia de lo que haga la compañía acá”.
Y José Roberto Acosta, profesor de la Universidad del Cesar, advirtió en el medio económico sobre que “hay que estudiar la manera sobre cómo se está legislando en ese sentido, porque las normativas parecen ser muy débiles y permisivas”.
