«Era un golpe de Estado». Una reacción enérgica y colectiva puso en alerta al uribismo. El 80% del pueblo colombiano no se aguantaría ‘semejante galleta”. Uribe lo reconoció y dijo “NO”. ¿Vicky petrista?
Por Rafael Sarmiento Coley
Hay varias hipótesis sobre la inverosímil propuesta de un grupo de lambones del uribismo de proponer la prolongación del mandato del presidente Iván Duque y los cínicos Congresistas que apoyaron de inmediato esa iniciativa que les significaba a ellos seguir ganándose millones de pesos en salarios y corrupción, sin gastarse un peso en la campaña 2022.
La primera es la obvia: el Centro Democrático y sus aliados creen de manera errónea que el pueblo colombiano es tán estúpido, que se traga entero todo lo que los malandrines de la política les ofrecen. Pensaban que se lo tragarían sin pensar. Además de ser un irrespetuosa afrenta a la inteligencia del pueblo colombiano, era una ofensa al sentido común, en un gobierno que ha venido pedaleando para no caer en los peores momentos de imagen popular.
También hay quiénes piensan que la propuesta fue un ‘amague’, para ver si los colombianos se lo tragaban. Para lo cual montaron la estrategia, como siempre, del miedo y el terror, con el manejo de la pandemia. Primero dejaron que se dispararan los contagios hasta límites aterrorizantes, y luego, detrás, venía la ‘ganzúa’, llevándose a la tumba a miles de colombiano, incluido el ilustre Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, quien no merecía terminar así su periplo político, víctima de una estrategia macabra, que continúo con la parodia de las vacunas. Que no. Que sí. Que Pfizer no le quiere vender a Colombia. Que AstraZeneca se las vende a mitad de precio todas las que quiera. Que AstraZeneca es rechazada en varios países europeos por ineficaz. Y los colombianos incrementando sus cifras de fallecimientos.
La otra hipótesis era que el Centro Democrático quería medirles el aceite a los otros candidatos, en especial a Gustavo Petro Urrego, quien, según la periodista y ahora ‘pitonisa’ Vicky Dávila, “si las elecciones fueran hoy, Petro será el próximo Presidente de la República. En una actitud que puesta la puntica de un cambio total (no radical), de la postura ‘política’ de Vicky, no por su propia iniciativa y decisión, sino por el proyecto económico-político de racamandaca que tiene entre manos el grupo liderado por el mundialmente famoso banquero barranquillero de origen judío, Jaime Gilinsky.
El Grupo Gilinsky quiere a Petro en la Presidencia de la República, porque, Jaime Gilinsky, el colombiano mejor informado de cómo se mueven los hilos en el sector financiero, constructor, económico y social, quiere detener en seco ese absolutismo asfixiante del Grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien en los últimos 30 años ha montado toda una dictadura económica y política en Colombia.
El tiro les salió por la culata. Nadie se ‘mosquió’. Los precandidatos no dijeron ni m’u. Y no faltaron las voces sensatas que les aconsejaron retirar esa estúpida propuesta, antes que, ahora sí, el pueblo-pueblo, armado de palos, zapatos viejos y piedras, les quemara el fondillo a los ‘cretinos autores de semejan esperpento’, como decía un furioso anti-uribismo en encendido trino.
Rechazo desde un comienzo
Para muchos este episodio, que causó repudio general revivió la pugnacidad que desde entonces vive Colombia por culpa de quienes inventaron eliminar de la Constitución Política Nacional ‘un articulito’ (como dijo el finado sempiterno presidente de la Andi, Fabio Echeverri Correa), en verdad una ‘medición de fuerzas’ con el fin de calibrar qué tanta fuerza tenía el uribismo en estos tiempos de tantas debacles. Tal como lo afirman los sabios de la sociología, la economía y la política “el poder corrompe, y el poder absoluto prolongado en forma de dictadura convierte a quienes lo ejercen en unos dictadores criminales”.
Según observadores políticos alejados de los cenáculos capitalinos, consideran que el cinismo que se ha apoderado de quienes están al frente de la política actual no les permite ver que, por su culpa, se corre el riesgo de que los colombianos voten por el menos malo, sin detenerse a reflexionar sobre quién es, en realidad, el hombre o la mujer que en estos momentos se necesita en la Casa de Nariño.
En el escenario hay de todo como en botica. Un buen candidato por su juventud, dinamismo y eficiencia mostrada durante sus dos administraciones de Barranquilla es Alejandro Char Chaljub. Podrá tener sus defectos. Pero con toda seguridad manejará el país con más tino que todos los mandatarios anteriores. Comenzando por Álvaro Uribe, quien es el responsable de la cada día más creciente desigualdad social, de ese descarrilamiento de la economía, el resurgir de las masacres, los crímenes selectivos, el homicidio de líderes sociales y ddefensores de derechos humanos.
Otros candidatos están a la espera de alianzas sólidas que ofrezcan un aire de posible victoria. Es el caso del exgobernador del Atlántico, exministro del Medio Ambiente y Constituyente de |99|, Eduardo Verano De la Rosa. Está a la espera de lo que decida su glorioso Partido Liberal, al cual ha pertenecido toda la vida, al lado del fallecido Horacio Serpa Uribe.
También está en el partidor el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, quien se ha acercado a diversas fuerzas políticas sin poder definir un acuerdo para apoyar su candidatura.
El lúgubre engendro
Según la agencial colprensa.com, el proyecto de ley que pretende ampliar el periodo de gobierno del presidente Iván Duque, y de los actuales congresistas, hasta el 2024, ha generado una serie de críticas en el país.
Se trata de un proyecto de acto legislativo radicado en la Cámara de Representantes, que plantea por lo menos tres grandes cambios constitucionales, y que se plantea con el argumento de unificar los periodos de Presidencia y Congreso, con el de los Alcaldes, Gobernadores, Asambleas y Concejos.
El primer cambio es un parágrafo transitorio al artículo 314 de la Constitución Política, en donde se señala que: “El presidente de la República y la vicepresidente elegidos el 17 de junio de 2018 ejercerán sus funciones hasta el 7 de agosto de 2024, año en el cual se realizará la elección correspondiente”.
Se precisa además en ese parágrafo que la extensión del mandato es también para los actuales senadores y representantes, “los próximos comicios para elegir los miembros del Congreso de la República se realizarán en el año 2024 y su periodo se iniciará el 20 de julio del mismo año, hasta tanto los actuales ejercerán sus funciones”.
El segundo gran cambio es que el periodo de gobierno pasaría de cuatro a cinco años, para el presidente y vicepresidente de la República, alcaldes, gobernadores, senadores, representantes, concejales, diputados, ediles y funcionarios como contralor general, fiscal general, procurador general, registrador nacional y los magistrados del Consejo Nacional Electoral.
Un artículo más plantea que por un periodo de diez años los congresistas no se les reajustará el salario, esto con el fin que los ingresos de los sueldos bajen.
También se señala que la elección del alcalde de Bogotá tendrá dos vueltas en caso de que no haya que alcance más del 40% de los votos en la primera votación.
Además, que los periodos de los magistrados de las altas cortes pasarán de 8 a 10 años.
Pero la presentación del proyecto desató un rechazo masivo. La representante Juanita Gobertus, sostuvo que “Conservadores, Liberales, U, Cambio R. y Centro Democrático buscan ampliar períodos de todos los cargos de elección popular y órganos de control a 5 años, dejar a Duque y Congreso hasta 2024 y abrir reelección. ¡No permitiremos quiebre de la democracia!”
El senador liberal Horacio Serpa, también se apartó: “Por estas cosas es que el Congreso es un corporación desprestigiada. Yo fui elegido por cuatro años, conmigo no cuenten”.
El senador Luis Fernando Velasco manifestó: «A qué juegan congresistas que recogen firmas para ampliar periodo de Presidente, congreso, magistrados, reelección de gobernadores y alcaldes (meterán también presidente) y órganos de control ? Eso no solo es antidemocrático e inconstitucional, sino bellaco con la democracia».
La representante por la Alianza Verde, Katherine Miranda, calificó el proyecto como un «golpe de Estado»: «¡Lo denuncié desde hace mucho!
Hoy en plenaria estaban recogiendo las firmas para alargar periodo de presidente, congresistas, gobernadores, etc. El Congreso no puede quitarle la soberanía al pueblo y ampliarse su mandato sin preguntarle a la ciudadanía. ¡Es golpe de Estado!».
El senador Roy Barreras se sumó a las críticas y dijo: «Congresistas que firmen ese proyecto serán demandados por pérdida de investidura por evidente conflicto de intereses. La muerte política a cambio de un espejismo que NO pasará en la Comisión Primera».
«Ay, sí, y a espaldas del gobierno… Para recoger estas firmas están ofreciendo mermelada. Y de la peor. Están tomando los recursos de los PDET (de las zonas más pobres y afectadas por la violencia) para ofrecérselos a los congresistas que firmen esta salvajada de golpe de estado», comentó el senador Rodrigo Lara.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez salió al paso a las críticas y escribió en Twitter: «Como lo ha dicho el presidente Iván Duque: fuimos elegidos para el periodo que finaliza el 7 de agosto del 2022. Ni un día antes ni uno después. Respeto profundo por nuestra democracia. Nuestras preocupaciones y prioridades son vacunación; reactivación y repotenciación económica; e inclusión de la población informal».
¿Quiénes firmaron el proyecto?
El proyecto fue firmado por los siguientes congresistas:
Armando Zabaraín (Conservador),
Milene Jarava (La U),
Buenaventura León (Conservador),
Nidia Marcela Osorio (Conservador),
Camilo Arango (Cambio Radical),
José Eliecer Salazar (La U),
Félix Chica (Conservador),
Liliana Benavides (Conservador),
Alonso José del Río (La U),
Mónica Valencia (La U),
Juan Diego Echavarría (Liberal),
Hernán Estupiñán (Liberal),
Teresa Enríquez (La U),
Felipe Muñoz (Conservador)
