Eduardo Montealegre Lynett ni siquiera esconde que es un tipo adinerado. Sandra Morelli, ante sectores del país, es la víctima.
Por Rafael Sarmiento Coley, director
Se “fugó la excontralora Sandra Morelli del país”. Esa ha sido la noticia difundida en forma amplia por todos los medios en Colombia este fin de semana.
Eduardo Montealegre Lynett, el todopoderoso Fiscal.
Entonces la ponen en el nivel de otros tres prófugos famosos: Luis Carlos Restrepo, la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exministro de Andrés Felipe Arias, tres pilares fundamentales del uribismo pura sangre.
Morrelli no es uribista. Dicen algunos que podría ser santista a medias, aunque santos en estos casos no hizo absolutamente nada por ella.
Ahora miremos de dónde vienen las desgracias de la hoy prófuga excontralora, según resumen de una fuente de entero crédito, muy allegada a Morelli, y aportes de otros trabajos de colegas en distintos medios de comunicación, su principal enemigo es ella misma por desbocada. Le falta el reposo político y la capacidad para atinar en escoger el momento preciso para atacar. Ella es, cuando se trata de atacar, un caballo a toda velocidad sin rienda que la detenga. Su otro problema es su perfil de mujer caprichosa, criadora de gatos, con un semblante triste y solitario que no le ayuda en nada frente a la jauría de animales de carroña a los que se enfrentaba.
Morelli cayó en desgracia
Todo comenzó cuando la Contralora Morelli se atrevió a imponer una sanción fiscal por más de $1.140 billones a la EPS Salucoop y a su presidente Carlos Palacino Antía.
Como ya se ha descrito en forma amplia en el país, Palacino es un delincuente de alto vuelo, tan sagaz como David Murcia Guzmán.
Más hábil que Murcia Gusmán, Palacino Antia, quien de la noche a la mañana apareció con toda una gran fortuna con su Saludcoop, logró convencer a gente del círculo más cercano, dicen que incluso familiar, del uribismo para vincularlo como socios de “un negocio que es una mina de oro”.
Claro, un negocio que recobra medicinas a doble precio a las IPS. Y que no se las suministra a los pacientes, a los que deja morir por falta de atención adecuada. Y se sabe que numerosos casos de pacientes con enfermedades terminales los dejaban morir sin suministrarles ni siquiera una dosis de morfina para mitigarles el dolor.
Y el asesor principal de ese tipo de depredadores de la salud, responsables de tantas muertes en el país –como cualquier peligroso criminal de metralleta y motosierra- era el hoy Fiscal de la Nación, Eduardo Montealegre Lynet, un caballero que se cuida el cutis, que no permite que su rostro tenga una arruga, una verruga ni un vello. Con vestidos de Oscar De la Renta hechos a su medida, medias, pañuelos, corbatas y perfumes traídos de París. Dicen que retiró a un miembro de su escolta porque era “maluco y feo…¡ay no! Ese hombre huele a mico” , le dijo a su jefe de seguridad y retiraron al pobre tipo por maluco, no por inepto.
Una mujer indefensa
Las reacciones que se ven en las redes sociales es que se quedó la imagen de una mujer madre soltera, con un hijo menor de edad y una madre anciana, solitaria, peleando contra un monstruo que se ha crecido tanto, que hoy es el todopoderoso a quienes todos temen en este país: El Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre Lynett.
¿Cómo llega alegre Montealegre a tan importante cargo? Esa es la pregunta del millón. Si en el pasado hubo un Fiscal elegido por capos presos que no querían que lo extraditaran, esta vez hubo una o dos poderosas empresas del sector salud que hicieron una “colecta para delinquir” y comprar la selección de un Fiscal de bolsillo.
Maya no es Morelli
Con la llegada de Edgardo Maya Villazón a la Contraloría General, al Fiscal General Montealegre se le pone el chocolate espeso. Maya es de pocas palabras, pero de carácter. Y de carácter fuerte. Tanto así, que no le gusta tratar con hombres que anden con amaneramientos.
Es frentero. No le tiene miedo a nada ni lo asusta ningún espanto porque ya ha pasado por todos los anillos que tiene el infierno aquí en la tierra.
Con Edgardo Maya en la Contraloría la pelea se le pone fea a Montealegre. Maya no es ningún pendejo.
Y es difícil creer que Maya detenga las decisiones de Morelli en el caso de esa infame y miserable corrupción de las EPS, en especial la tristemente célebre Saludcoop, propiedad de “mi amigo íntimo y personal”, como lo confesó públicamente Montealegre Lynett.
Ya Maya está por encima del mal y del bien. Montealegre puede seguir con sus investigaciones sobre el arrendamiento de la sede. Pero lo que sí debe tener seguro el Fiscal es de la firmeza de Maya. Es un duro de matar. Es un rival que, en estos momentos, está moral y éticamente por encima de la medida mediocre del Fiscal exasesor personal de Palacino Antia.
Lo que dice Semana
Para no incurrir en los mismos sesgos en que ha caído el Fiscal Montealegre en el caso contra la excontralora Morelli, veamos lo que señala la revista en algunos de sus principales apartes de su informe actual:
El viernes 29 de agosto fue el último día de Sandra Morelli como contralora general de la Nación. En la mañana acudió a su despacho y fue despedida con flores y regalos por algunos funcionarios de esa entidad. Mientras en el interior del edificio había lágrimas y besos, en la calle miembros del sindicato y unos cuantos funcionarios celebraban el fin de su mandato con papayeras y pancartas que decían “cesó la horrible noche”.
Ese día no fue muy diferente a las últimas semanas en las que la funcionaria intentó infructuosamente presentar el balance de su gestión ante los medios de comunicación. Sin embargo, los periodistas, más que interesarse por sus resultados, insistían en preguntarle si acudiría el jueves a la audiencia citada por la Fiscalía en su contra. Visiblemente molesta por esos cuestionamientos, Morelli respondió que asistiría sin falta a las citaciones, pues no tenía la intención de eludir la Justicia saliendo del país.
Juana de Arco y Juana la Loca
Pocos se atrevieron a pensar que Morelli, quien se convirtió en los últimos cuatro años en una especie de Juana de Arco para sus admiradores y de Juana la Loca para sus detractores, fuera a salir corriendo del país de la noche a la mañana. Juana de Arco porque había librado una batalla sin cuartel contra la corrupción en el caso de las grandes mineras, SaludCoop, el grupo Nule y muchas otras. Juana la Loca porque era un personaje pintoresco, con una lengua desbocada, muy pasional y cuya prioridad fuera de combatir la corrupción eran sus gatos.
Al filo de la medianoche de su último día como contralora, Morelli llegó a su casa en el norte de Bogotá acompañada de un nutrido grupo de escoltas, conformado por militares y miembros de la Policía. El jefe de su esquema era un oficial del Ejército que comandaba un grupo de soldados encargados de velar por la seguridad. Al llegar a su vivienda ese día, les dijo a sus escoltas que los esperaba a las 11 de la mañana del día siguiente. Misteriosamente a las cinco de la mañana el grupo de militares que la custodiaba fue retirado. Una hora más tarde Morelli salió del lugar en una camioneta particular acompañada de su único hijo, rumbo al aeropuerto Eldorado, donde abordó un vuelo hacia Estados Unidos y de allí otro hasta Roma (Italia).
Los escoltas de la Policía llegaron a la casa de Morelli a la hora que los había citado y estuvieron fuera de esta todo el día. Hacia las cinco de la tarde un suboficial del Ejército, que estaba en el interior de la residencia y era el encargado de la seguridad del sitio, salió y les dijo a los policías que la exfuncionaria había partido del lugar a las seis de la mañana. El desconcierto fue mayor pues hasta ese momento nadie daba razón de su paradero. El misterio y las especulaciones por su ubicación finalizaron el martes pasado.
Cartas desde Roma
Ese día, por medio de un extenso comunicado firmado desde Roma, Morelli justificó su huida con el argumento de que las investigaciones en su contra estaban viciadas por la falta de imparcialidad del fiscal, la cual no le permitió el derecho a la defensa y aprovechó una vez más para irse lanza en ristre contra Montealegre. “Es de conocimiento que, en su propia casa, el señor fiscal general, en alto grado de alicoramiento, brindaba por la forma magistral en que venía aniquilando y opacando a la contralora general… y que a la señora contralora general, se le montaría un carrusel de delitos, entre los que se contarían la celebración indebida de contratos, el enriquecimiento ilícito en favor de terceros, prevaricato, extralimitación de funciones y otros, que justificarán la prisión intramural y la consecuente entrega de su hijo menor al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.”, afirmó en la comunicación.
Pero lo que más la impulsó a dejar el país, según sus argumentos, fue el hecho de que “semanas atrás, se me advirtió el alto riesgo que corría de detención intramural pese a mi condición de madre cabeza de familia, que de darse una medida de seguridad se retirarían las medidas de protección existentes a mi señora madre y familia en general, por lo que quedaría por cuenta del Inpec, motivo por el que consideré conveniente salir del país, a lo sumo hasta tanto considere que realmente se está dando respeto a mis garantías procesales y a mis derechos fundamentales y a los de mi hijo menor de edad”, afirmó Morelli agregando que no era su intención evadir la Justicia.
Ese mismo día, desde Roma, Morelli envió al noticiero CMI una nueva comunicación en la que atacó una vez más al fiscal y cuestionó también al gobierno al afirmar que veía “con profunda desilusión el apoyo irrestricto del gobierno Santos, su más admirado gobernante, al fiscal general, hombre oscuro, corrupto y vengativo”. En esa nueva declaración la excontralora señaló también que el ministro de Justicia, Yesid Reyes, conoce “las actuaciones abusivas del fiscal y su mujer en materia de recobros en la Nueva EPS y por tal motivo debe declararse impedido”. Ese ataque al recién posesionado ministro puede tener que ver con las declaraciones que este dio en el sentido que la excontralora contaba con todas las garantías judiciales existentes.
La andanada de Morelli contra el fiscal no sorprendió a muchos. Desde hace más de un año es de público conocimiento el enfrentamiento que mantenían los dos altos funcionarios por cuenta de las investigaciones que Morelli adelantó contra Saludcoop y los cuestionamientos que ella hizo a Montealegre por haber asesorado jurídicamente a esa empresa antes de asumir su cargo como fiscal general y haber recibidos millonarios honorarios de la cuestionada EPS y sus directivos. Montealegre siempre ha negado con pruebas esa acusación que se basaba en asociar obligaciones contraídas anteriores a su posesión con pagos recibidos por su oficina después de su retiro.
Montealegre, una serpiente venenosa
Los violentos ataques de la excontralora contra Montealegre, como los de la semana pasada, se convirtieron en algo recurrente especialmente en los últimos 12 meses cuando comenzaron a consolidarse la media docena de investigaciones que adelantaba la Fiscalía contra ella. Y es que el escenario judicial de la exfuncionaria no es nada fácil. La lista de investigaciones de la Fiscalía en su contra es larga y compleja, aunque algunos casos van más adelantados que otros. Uno de esos procesos es justamente por el que estaba citada el jueves de la semana pasada al Tribunal de Cundinamarca. Se trataba de presuntos delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contrato. Ese caso tiene que ver básicamente con cuatro contratos que ella firmó, entre 2012 y 2014, para arrendar seis pisos de oficinas en el sector de Ciudad Salitre en Bogotá como sede de la Contraloría. La acusación señala que no se cumplió con los requisitos establecidos y que hubo sobrecostos al alquilar esas oficinas por un valor cercano a los 2.600 millones de pesos mensuales. Un informe de la Auditoría General determinó que esa decisión causó un detrimento patrimonial de 76.000 millones de pesos. Una segunda parte de ese proceso señala que para cambiar la sede Morelli habría autorizado vender el antiguo edificio de la Contraloría, en el centro de la capital, por 26.000 millones de pesos, un valor supuestamente inferior al del mercado. En cuestión de avalúos, las cosas nunca son blanco o negro, pero en todo caso esas diferencias se convirtieron en el eje de las acusaciones en su contra.
La Ley del Montes
Otra visión importante sobre el caso de la excontralora Sandra Morelli es la del consagrado periodista sincelejano, Óscar Montes, en su página de ´La Ley del Montes´, en el principal diario de la Costa Caribe, El Heraldo:
La batalla campal que venían librando el fiscal general, Eduardo Montealegre, y la excontralora general, Sandra Morelli, que tuvo su origen en las investigaciones adelantadas por el organismo de control contra Saludcoop –antiguo cliente de Montealegre en sus tiempos de abogado litigante– tuvo su desenlace esta semana con la salida de Morelli del país hacia Italia, donde permanecerá hasta tanto Colombia le brinde garantías procesales para afrontar las denuncias que contra ella interpuso la Fiscalía General por varios delitos, entre ellos el detrimento patrimonial.
La excontralora sostiene que “la persecución de la que he sido víctima se generó directamente por mi gestión como Contralora General de la República de Colombia”. En concreto, Morelli sostiene que desde el inicio de su gestión –en septiembre de 2010– debió abordar un sinnúmero de quejas sobre “desvíos de recursos públicos, una de ellas la presentada por el mismo Gobierno Nacional, directamente y a través de su Viceministra de Salud, en torno al desvío de los recursos de la salud”.
En su defensa, Morelli alega que dentro de su gestión de control fiscal quedaron en evidencia “sectores de la economía fuertemente cuestionados por mi gestión como Contralora, que enmarcan de forma precisa el origen de la mayor presión y persecución de la que he sido víctima”. Concretamente se refiere a la sanción fiscal por más de 1.4 billones de pesos, impuesta a la EPS Saludcoop y a su presidente Carlos Palacino Antia, de naturaleza privada cooperativa, que administraba recursos públicos de la salud de los colombianos.
Ocurre que el actual fiscal general, Eduardo Montealegre, se desempeñó como el principal asesor jurídico de la EPS Saludcoop y de su presidente, Carlos Palacino, de quien –sostiene la excontralora– “declaró en sus impedimentos el Fiscal General de la Nación, que es su amigo íntimo”.
Pero no solo Montealegre ha tenido vínculos con Saludcoop. También –afirma la excontralora– el excontralor general, Julio César Turbay, “sus hijos tenían vínculos y negocios con la EPS Saludcoop”. “La actual Auditora General de la República, Laura Emilse Marulanda –alega Morelli– quien juzga y audita la gestiones administrativas de mi ejercicio como Contralora General de la República, fue una de las funcionarias del contralor Julio César Turbay, que destituí de la Contraloría General durante mi administración, como Contralora General”.
La excontralora sostiene que de lo que se trata es de una “persecución periodística, judicial y administrativa que se acentúa con el tiempo, sin permitirme una defensa justa, con garantías procesales de imparcialidad y la existencia de un juez natural objetivo que juzgue mis conductas conforme al derecho”. En dicha persecución –dice Morelli– se ha visto involucrado su hijo, un menor de edad, quien ha sido objeto –junto con sus compañeros de colegio– de dicha persecución.
Montealegre vs Morelli: el nuevo edificio, la manzana de la discordia
Luego de conocer que el Gobierno había decidido comprar el edificio donde funciona en la actualidad la Contraloría General, en el Centro Comercial Gran Estación de Bogotá, el fiscal Eduardo Montealegre envió al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, una carta en la que le notifica que teniendo en cuenta la política de prevención del delito de lavado de activos “me permito informarle oficialmente que en la actualidad la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada en Extinción de Derecho de Dominio se encuentra adelantando una investigación de extinción de derecho de dominio relacionada con la construcción del Centro Comercial Gran Estación, en atención a que se tiene evidencia que al parecer algunas de las empresas de la familia Guberek Grimberg, cuyos miembros fueron extraditados por el delito de lavado de activos y que en la actualidad pertenecen al empresario Alberto Aroch Mugrabi, participaron en la construcción del complejo comercial”. La misiva tiene fecha del 27 de agosto pasado, un día después de que Cárdenas se reuniera con la excontralora Morelli y expresara el deseo del Ejecutivo de adquirir el inmueble. El 28 de agosto, Morelli informó a la opinión pública que sobre el inmueble no existe ningún tipo de restricción y que -inclusive- la Superintendencia Financiera, así como la Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF), autorizaron la celebración del contrato de arrendamiento del inmueble. Además, informó que sobre la presunta participación de Aroch Mugrabi en el delito de lavado de activos, “la Contralora General verificó en la propia embajada de los Estados Unidos que no existía investigación alguna en el gobierno de los Estados Unidos respecto del señor Aroch y que –según la embajada– no hacía parte de ninguna lista Clinton”. Agregó también que “para la época de la celebración del contrato de arrendamiento, ninguna de las entidades consultadas, incluyendo la Fiscalía, reportó proceso alguno que, directa o indirectamente, tuviese relación con el contrato de arriendo en referencia”. El anterior episodio –de cruce de comunicados ante altos funcionarios del Gobierno y la opinión pública– muestran el grado de intolerancia y enemistad al que llegaron Montealegre y Morelli, cuyo desenlace se dio esta semana con la decisión de la excontralora de salir del país rumbo a Italia, con su hijo menor, ante la falta de garantías que –según ella– le ofrece quien está al frente de la Fiscalía.
El caso político de una Fiscalía politizada
La Fiscalía General anunció que le imputará cargos a la excontralora Morelli, que solicitará medida de aseguramiento carcelaria y que pedirá a la Interpol la expedición de circular roja. Debería recordar el Fiscal General que esa institución ya ha pedido tres circulares rojas y todas se las han negado. Se trata de Luis Carlos Restrepo, María del Pilar Hurtado y Andrés Felipe Arias. Y aunque la situación de ellos es muy distinta a la de Morelli, todas las han negado por la misma razón: la percepción de Interpol de tratarse de asuntos con alto contenido político. ¿Cómo creen que se verá en Lyon, sede de la Secretaría General de la Interpol, una solicitud contra la señora Morelli –madre cabeza de hogar y quien tiene bajo su custodia a su hijo menor de edad– excontralora general, suscrita por quien hasta hace poco se cruzaba acusaciones con ella en público y se desempeñó como abogado del mayor defraudador de la salud pública del país, a quien ella investigaba fiscalmente y contra quien no avanzaban las investigaciones en la Fiscalía? A ello se suma que Palacino –el excliente del fiscal Montealegre– ha sido citado, si acaso a entrevista, tranquila y cómodamente, no bajo la mediática y judicial en que se citó a la entonces Contralora, a la que cuatro fiscales sometieron a interrogatorios de más de 30 horas durante tres días seguidos, algo inédito en la historia judicial del país. Los casos de Restrepo, Hurtado y Arias, operarán en Interpol como antecedentes negativos de la circular roja. A ello se suman los comentarios editoriales, incluso de quienes se autodenominan “víctimas” de la excontralora, para que en Lyon se concluya sin duda alguna que se trata de un caso evidentemente político, adelantando por una Fiscalía General politizada, como lo evidencia, además, el proyecto de reforma que acaba de presentar el Gobierno Nacional, que decidió reformar la justicia mediante una reforma política.
Montealegre, Saludcoop y Palacino
En las sociedades modernas mediáticas y mediatizadas, a veces resulta más importante la percepción que la realidad. Esa verdad es particularmente cierta en materia de Administración de Justicia y en especial en el área Penal, pues no solo debe ser imparcial y respetuosa de las garantías procesales, sino que debe parecerlo, pues se trata de imponer la más severa sanción a un ciudadano: privarlo de su libertad, de sus bienes y quitarle su presunción de inocencia. En el caso de la Fiscalía General vs Sandra Morelli Rico, la percepción que se tiene es que se trata de una vulgar persecución contra la excontralora a causa de sus investigaciones y denuncias fiscales contra Saludcoop y Carlos Palacino, el cliente más importante y el que más dinero le pagaba al actual Fiscal General, cuando éste se dedicaba a sus negocios privados. Juristas amigos del fiscal Montealegre afirman que él se declaró impedido y que está separado del conocimiento del asunto. Ese argumento resulta imposible de creer, puesto que en una institución que funciona verticalmente, donde todos los fiscales son delegados del Fiscal General, la independencia no existe. Peor aún: el instructor del caso es el Vicefiscal, su hombre de confianza. De modo que el grado de independencia del vicefiscal Jorge Perdomo es nulo. Por esa razón es urgente que en la Fiscalía General se introduzca una norma que obligue a la designación de un Fiscal Ad Hoc cuando la causal de impedimento concurra en el propio Fiscal General. En un país cuyo mayor rasgo de idiosincrasia del funcionario judicial es la obsecuencia y la lambonería con sus superiores, es imposible que cualquier delegado del Fiscal General actúe de manera independiente no solo de lo que él quiere, sino algo peor: de lo que el subalterno cree que él prefiere.
Inseguridad jurídica, el tema de fondo
Uno de los grandes problemas que tiene el país es la tragedia en que se ha convertido el ejercicio de cualquier cargo público. Aceptar un cargo público hoy en Colombia es poner en riesgo la libertad personal y el patrimonio familiar.
El bunker de Montealegre, desde donde le mete terror a todas sus víctimas.
Y no es que todos los servidores públicos se hayan vuelto corruptos de la noche a la mañana, o que todos hayan decidido alzarse con el erario. Corruptos ha habido desde cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo e incluso antes, cuando a Roma la robaban desde los optiones hasta los emperadores, pero lo de hoy en Colombia va más allá. Pasa por las construcciones teóricas de funcionarios judiciales del campo penal, en las que mediante elucubradas tesis, casi todas con asiente original en Alemania, han decidido llevarse por delante ese principio penal que hasta no hace mucho era inamovible: el de legalidad estricta. Por cuenta de todas esas teorías dogmáticas, importadas acríticamente, la Fiscalía está convirtiendo todas las equivocaciones de los servidores públicos en casos de corrupción. Allá deciden no solo cuándo un contrato cumple con los requisitos, sino que le crean los requisitos. Ellos –que pueden pedir la captura de todos los otros servidores públicos del país– también deciden cuando un contrato celebrado entre una entidad pública y otra –pública o privada– es oneroso, sin tener en cuenta, como ocurrió en el caso de la sede arrendada por Morelli para el funcionamiento de la entidad a su cargo, todas las garantías contractuales y de seguridad que le ofrecía el nuevo inmueble. La Fiscalía decide, pues, cuando ese tipo de contratos resultan “perjudiciales” para una entidad. Y los fiscales lo hacen desde la óptica estrecha de quienes jamás han comprado o arrendado nada, o peor: de quienes jamás han tenido que tomar una decisión. Desde allá se decide cuándo es que un General de la República debe responder por crímenes cometidos fuera de su jurisdicción y mando. O también se decide porque unos abogados que asesoraron y recibieron dineros –digamos– de DMG, son absolutamente inocentes, mientras que otro que simplemente aconseja a su cliente ejercer su derecho a guardar silencio, es procesado. Eso es inseguridad jurídica. Es decir, la valoración subjetiva de los hechos, dependiendo del grado de odio o afecto del fiscal de turno, que en el caso de la excontralora Morelli es evidente el “matoneo” al que está siendo sometida por parte de la Fiscalía General. Hecho que la llevó a salir del país hacia Italia, pues aquí carece de las garantías procesales que le permitirían demostrar su inocencia.
