Las empresas investigadas son Familia y Kimberly, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles de Rosaralda y Drypers. 42 ejecutivos vinculados al proceso.
Por Chachareros
Mediante resolución divulgada este lunes, La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por fin abrió pliego de cargos al denominado ‘cartel del papel higiénico’, debido a que presuntamente venían aplicando desde hace varios años acuerdos en secreto para fijar los precios del papel higiénico, las servilletas, toallas de cocina, y pañuelos para manos y cara.
La estrategia, que solo hace algunos meses quedó al descubierto, permitía a las cinco empresas dominantes en ese segmento del mercado colosales utilidades al subir los precios de sus productos de manera gradual en todas las marcas que se ofrecían en el mercado. Así el consumidor se veía de comprar o comprar al precio que estaba en todos los supermercados de grandes superficies y en las tiendas de barrio.
La SIC asegura que formuló pliego de cargos contra cinco empresas productoras y 42 altos funcionarios de estas compañías, porque ha logrado reunir el suficiente acervo probatorio.
La Superindustria no se quedó solo en el nivel de las empresas. También formuló Pliego de Cargos contra 42 personas naturales, gente de carne y hueso, con presunta responsabilidad en supuestos ilícitos, en su condición de altos directivos (funcionarios o ex funcionarios) de las empresas, por presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado los actos relacionados con la presunta cartelización empresarial.
La determinación de la SIC es el resultado de una investigación adelantada por la entidad por la cartelización de producto, tal como había sucedido con los pañales desechables.
Las pruebas recaudadas por la SIC y las entregadas por tres empresas delatoras, evidenciarían la existencia de un presunto cartel empresarial entre 1998 y 2013, iniciado por Familia y Kimberly y al que después se habrían vinculado Papeles Nacionales, Cartones y Papeles de Risaralda y Drypers.
Dentro de las pruebas recaudadas en las visitas administrativas y las aportadas por las empresas que se acogieron al Programa de Beneficios por Colaboración, se encuentran más de 200 correos electrónicos, más de 30 declaraciones y pruebas sobre más de 20 reuniones llevadas a cabo en el extranjero y en el territorio colombiano en las que se habrían acordado las condiciones de implementación y funcionamiento del presunto cartel. Las mencionadas reuniones se habrían llevado a cabo en Colombia y Venezuela, particularmente en hoteles, bares y restaurantes, así como en algunas de las oficinas de estas empresas.
En el caso de que el proceso termine declarando que existió violación a las normas de libre competencia, la Superindustria, además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, puede imponer multas de hasta $61.600 millones por cada infracción. A las personas naturales que actúan en representación de quienes infrinjan esas disposiciones, hasta $1.232 millones.
Las tres (3) empresas delatoras que se acogieron al Programa de Beneficios por Colaboración, recibirán la exoneración total o parcial acordada con la Superindustria. Las personas naturales recibirán la exoneración total de la pena o la reducción de la misma que se haya acordado con las empresas relacionadas con ellas, dependiendo de la oportunidad y el nivel de la colaboración que presten a la Superintendencia en el curso de la actuación administrativa.
Lista de los 42 encartados
