En uno de los puntos de los acuerdos de La Habana la guerrilla se compromete a responder por daños causados en los años de guerra. Lo obvio es que paguen por los 7 muertos del 2001 en atentado al gasoducto en La Guajira.
Por Rafael Sarmiento Coley
El fallo del Juzgado Segundo Oral de Riohacha, que condena a la empresa barranquilla Promigas y al Ministerio de Minas y Energía a pagar de manera solidaria “indemnizaciones por $3.700 millones, es una determinación en segunda instancia y que contra ella solo procedería en caso excepcional un recursos de revisión”, ha causado el obvio y lógico rechazo de la región y el país, por cuanto, en el momento mismo de los trágicos hechos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Colombia (Farc), se atribuyeron el atentado perpetrado contra la tubería madre del gasoducto Ballenas-Barranquilla.
Iván Márquez, jefe negociador de las Farc en el proceso de paz con el Gobierno Nacional. Fue uno de los líderes en los diálogos de La Habana.
Un guerillero en solitario colocó la potente carga de explosivo tarde a la media noche y la hizo explotar, con las terribles consecuencias ya conocidas.
Ahora, 16 años después, se produce este fallo, en medio de un interesante proceso de paz en el cual las Farc han confesado parte de sus pecados y se han comprometido una y otra vez, de manera pública, a resarcir los daños que han causado durante años a la población civil, y en general al aparato productivo del país.
Es por ello que es obvio que dicho atípico fallo haya generado polémica debido a que se trata de la primera condena a una empresa privada a pagar indemnización por un acto terrorista.
La presidenta del Tribunal Administrativo Superior de La Guajira, Carmen Dalis Argote Solano, explicó que la confirmación de la sentencia del Juzgado Segundo Oral de Riohacha, que condena a Promigas y al Ministerio de Minas y Energía a pagar de manera solidaria es definitiva.
Atentado terrorista perpetrado en 2001 por un guerrillero de las Farc, que causó 7 muertos y cuantiosos daños materiales. Las Farc se atribuyeron la acción.
Sostuvo, además, que la sentencia ordena la indemnización por perjuicios morales y materiales a los afectados por la explosión del gasoducto Ballenas-Barranquilla por un atentado perpetrado por un miliciano de las Farc en 2001.
La magistrada de La Guajira señaló que al confirmar el fallo que emitió el Juzgado de Riohacha en primera instancia, se hicieron ajustes a la condena en cuanto a la actualización de los valores de las indemnizaciones a la fecha.
“Era una acción de grupo con muchos accionantes, fue un hecho donde fallecieron 7 personas, los afectados con la explosión solicitaron indemnización”, sostuvo la magistrada.
En este caso el Tribunal Administrativo de La Guajira actuó como un juez de segunda instancia, por lo que el proceso no tendría que pasar el Consejo de Estado, que actúa en segunda instancia pero respecto a las decisiones del Tribunal. “En este caso actuamos en segunda instancia y ya el Consejo de Estado no tendría competencia en el proceso”, aseguró la magistrada.
La ignorancia judicial
Otra cosa que ignora la mayoría de los jueces es que la población civil no pide que sean el Estado o el sector privado los que indemnicen. Piden que sean las Farc que son las causantes de las peores masacres y despojos, y cuentan con multimillonarios recursos ‘encaletados’.
Lo que demuestra esta decisión judicial es que en Colombia, el aparato estatal no marcha de manera sincronizada. Por ejemplo, los jueces que manejaron este caso en Riohacha no tienen por qué saber que en Colombia existe una Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), que le sigue paso a paso todos los movimientos económicos a las Farc.
En este momento, según el diario londinense The Economist, el español El Confidencial, y la BBC de Londres, las Farc acumulan una fortuna de entre 33 y 40 billones de pesos. Parte de ese dinero, según la columnista Salud Hernández, se mantiene escondida en la selva en las famosas ‘guacas’ o ‘zulos’. (Hay que recordar que en 2003 dos compañías del Ejército colombiano que le pisaban los talones al difunto Mono Jojoy, encontraron por azar en las montañas del Caquetá dos ‘guacas’ con cerca de $75 millones. Más adelante, un guerrillero herido en combate fue capturado y, al ser interrogado sobre la existencia de más caletas, informó que “hay por lo menos 250 con miles de millones, pero eso solo lo saben los comandantes, porque los guerrilleros rasos encargados de hacer las caletas y esconder el dinero, les dan de baja para que nadie sepa dónde queda el escondite”.
No tienen por qué saberlo
Las víctimas ya están mucho más informadas que los jueves de Riohacha, Saben que los responsables de la muerte de sus parientes, del desplazamiento forzado, del desalojo de fincas, del abigeo, son las Farc. Y saben también que esconden $33 billones, pues que paguen los daños causados.
La ignorancia judicial llega a tales extremos que no saben, por ejemplo, que a finales del siglo pasado el terrible Mono Jojoy, hizo público el “impuesto del uno por mil para contribuir a la liberación del pueblo”.
Ese impuesto deberían pagarlo empresas con capital superior a mil millones de pesos.
Ese, sin embargo, era el ingreso más pírrico de las Farc. Sus mayores ingresos en estos últimos 15 años provino del narcotráfico por diversos caminos: 10% por seguridad en cada hectárea de cultivo de coca; 5% por cuidar los laboratorios de producción; 5% por cada gramo de coca que saliera para exportación.
Como si fuera poco, tenían pleno control en 57 pistas aéreas (Colombia cuenta con 73 aeropuertos), muchas de ellas de hasta 2.000 metros de largo por 20 y hasta 60 metros de ancho. Por el servicio que las Farc prestaban al narcotráfico en estas pistas recibían $1.077 bimestrales.
Por último las Farc deciden hacerse a sus propias rutas de distribución y exportación de coca, lo que les cuadruplica sus ganancias con el narcotráfico.
Otra cosa que ignoraban los jueces
El Mono Jojoy será recordado por ser el ‘pero fiel’ de Tiro Fijo, y por haber anunciado públicamente que «a partir de la fecha las Farc establecen el impuesto del 1 por mil para apoyar la guerra».
En 2010, al ser dado de baja por el Ejército colombiano el tristemente célebre Mono Jojoy, en uno de sus seis portátiles, 12 USB y 10 celulares decomisados se acopió la valiosa información de otro de los grandes rubros rentables de las Farc. Tenían en su poder, en forma colectiva, 48.900 hectáres y 35 mil cabezas de ganado por un valor aproximado de $85 mil millones, más 26 buldozer, 30 volquetas de volteo, 15 motoniveladoras, 23 cargadoras, 19 retroexcavadoras y 28 carros de distintos modelos y marcas.
Además, en un PDF bien detallado figuraban las zonas en donde estaban esas propiedades. Y, en otro PDF, las cuentas de lo producido por extorsiones a empresas privadas y públicas (a la propio Ecopetrol, para no volarle el poliducto, a las empresas de energías para no atentar contra las torres); a ganaderos y finqueros. Y, los altamente rentables secuestros, las pescas milagrosas, los secuestros múltiples.
También la Uiaf, la BBC , El Confidencial y The Economist, detectaron un curioso caso de propiedad privada de un movimiento que presuntamente quería tomarse el poder por las armas para establecer una economía socialistas, en donde no hubiera propietarios distinto al Estado. Economía Central. Pues resulta que, aún sin tomarse el poder, ya las Farc habían caído en la tentación de la propiedad privada.
Se calcula que el Mono Jojoy tenía más de 45 mil hectáreas de su propiedad, con abundante ganado (‘robado’, por supuesto). Y The Economist califica a Romaña de “un poderoso terrateniente y ganadero”, al igual que otros miembros de la cúpula de las Farc.
Tanto ganado y tierras tenían en su poder las Farc, que en 2015 el Gobierno Nacional anunció la recuperación de varias fincas de un total de 278 mil hectáreas y 40 mil cabezas de ganado por valor de $550 mil millones, solo en un áerea del Meta y Caquetá.
Propiedades en el exterior
Si bien es cierto que la Unidad de Información y Análisis Financiero (un organismo de inteligencia financiera estatal conformada por prestantes abogados, economistas, hacendistas, los mejores investigadores de la Dian, la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y apoyo de la CIA e Interpol), asegura que la mayoría de la fortuna de las Farc permanece en Colombia, hay informaciones confiables publicadas por la BBC, El País de Madrid, El confidencial y medios colombianos como la revista Semana y El Tiempo, que añaden otra pata al gato.
Familiares como los de Pablo Catatumbo y otros jefes guerrilleros, viven como multimillonarios en el exterior, especialmente en Costa Rica, Ecuador, Venezuela y Panamá, en donde han montado de la manera más discreta ‘lavanderías’ que disfrazan con inversiones en supermercados, droguerías, restaurantes y cafeterías.
El Gobierno colombiano calcula que las propiedades de las Farc “podrían alcanzar el billón de pesos”. Medios internacionales garantizan que la fortuna de las Farc sobrepasa los 33 billones de pesos.
Por lo cual los jueces de Riohacha debieron pensar en pellizcarles una esquirla de la inmensa fortuna ilícita de las Farc, para resarcir, con toda justicia, a las víctimas del atentado terrorista de 2001, por cuanto ellas fueron las directas responsables de dicho acto criminal.
No fueron el Ministerio de Minas y Energía ni mucho menos Promigas los autores de semejante atrocidad. Por el contrario, si los jueces que emitieron dichos fallos investigan un poco, descubrirían que estas entidades, en especial Promigas, cumplen una magnífica tarea de responsabilidad social, por intermedio de fundaciones y en forma directa, otorgando miles de viviendas gratis, dentro de los planes del Gobierno, aportando vías, construyendo pozos para agua potable y, lo más importante, sembrando futuro, con el otorgamiento de centenares de becas en las mejores universidades de la Costa Caribe para aquellos estudiantes sobresalientes académicamente, pero de escasos recursos para pasar al nivel superior.
De aquí en adelante los jueces del país tendrán que mirar los informes de los medios internacionales con respecto a la inmensa fortuna de las Farc. Para aprovechar que ellas, dentro de los acuerdos que firmaron en La Habana y juraron cumplir ante el cadáver del comandante Fidel Castro, su Jefe Supremo, que se harían responsables de los daños causados a la población civil colombiana y devolverían todas las propiedades robadas a ganaderos y empresarios privados. ¡Qué buena cosa!
Claro que todo esto obliga a nuestros jueces a realizar el sacrificio de leerse la letra menuda de esos acuerdos. Pero se justifica. Para que fallos como el que condena a Minminas y Promigas a pagar $3.700 millones por muertos que no mataron, sanción controversial que ha generado polémica debido a que se trata de la primera condena a una empresa privada a pagar indemnización por un acto terrorista.
El presidente de Naturgas, Orlando Cabrales, aseguró que esta sentencia es preocupante porque genera una gran incertidumbre jurídica para los inversionistas que realizan proyectos de infraestructura especialmente en el sector del gas. Es por eso que los Jueces de la República, en adelante, deben reflexionar con cabeza fría y neuronas activas, en qué dirección emiten sus fallos. Porque de lo contrario la propia justicia estaría disparándole a un inocente.
