Ante semejante afirmación, el secretario de Gobierno de Bogotá ofreció disculpas a nombre del Distrito por el concepto emitido por la oficina jurídica de la entidad que dirige.
Por: Estela Monterrosa
El 24 de mayo del 2012 los colombianos nos despertamos con una noticia horrible, estremecedora y que engrosaba las estadísticas de violencia contra la mujer. Así relataba en ese entonces la revista Semana el suceso: «Escalofriante. Así fue el crimen de Rosa Elvira Cely, una mujer de 35 años cuya escena de agonía parece extraída de un episodio del Medioevo. Pero todo ocurrió en el Parque Nacional, en pleno corazón de Bogotá y el perpetrador es un amigo del colegio de la víctima. Los bomberos y la Policía encontraron allí a Cely, malherida, luego de que ella misma hizo angustiosas llamadas de auxilio desde su celular. Fue el pasado jueves 24 de mayo. Según explicó William Cardona, coordinador de la Línea de Emergencias 123, la primera llamada se registró a las 4:47 de la mañana y en ella se escuchó la voz angustiada de una mujer que decía haber sido violada en el Parque Nacional y pedía socorro.
La llamada se cayó. A las 4:50 timbró de nuevo y entregó indicaciones más precisas. Tras cerca de una hora de búsqueda las autoridades la encontraron. Fue una imagen estremecedora. Estaba tendida sobre un charco de sangre, con las extremidades inferiores desnudas y laceraciones en los brazos y en torno al cuello que sugerían un intento de estrangulamiento. En la cabeza tenía un golpe fuerte. Pero además padecía graves heridas en las zonas íntimas, donde sangraba. De inmediato se solicitó una ambulancia. El vehículo acudió y Rosa Elvira fue internada en el Hospital Santa Clara, pasadas las siete de la mañana. «Los galenos de urgencias nunca habían visto algo tan brutal y tan horrible como lo que encontramos con esta persona», explicó el subdirector del centro médico José Páramo. No era para menos. Rosa Elvira sufrió un paro cardíaco, perdió la conciencia y al ser intervenida en el quirófano le encontraron la pelvis y el útero rotos como consecuencia de un palo que le habían introducido por el ano. Dentro del cuerpo se hallaron rastros de yerba y astillas. Fueron cinco días de lucha en cuidados intensivos. Los médicos probaron, infructuosamente, distintas maniobras para controlar la infección interna que sobrevino, así como el traumatismo craneoencefálico. Rosa -madre de una niña de 12 años- falleció el lunes y desde entonces el país está estremecido con este salvaje crimen. La indignación provocó una inmediata convocatoria ciudadana para hacer una concentración en el Parque Nacional en solidaridad con su familia y como expresión de rechazo a la barbarie” (hasta aquí lo relatado por la revista Semana).
Con declaraciones de la misma victima antes de morir y ya agonizante, logró decir quién fue el culpable de su muerte, quien luego fue perseguido, detenido y condenado a 48 años de cárcel.
El otro viacrucis
El 22 de agosto del 2012 la familia de Rosa Elvira interpone una demanda contra la Nación por la tortura, violación y asesinato de Rosa Elvira Cely fue admitida por un juzgado administrativo de Bogotá, según confirmó su hermana Adriana. La acción judicial es en contra de la Policía
Nacional por perjuicios morales y materiales. La otra demanda es en contra de la Fiscalía General de la Nación y de las Secretarías de Gobierno y Salud del Distrito.
En el caso de la Fiscalía por el hecho de que Javier Velasco, condenado a 48 años de cárcel por el crimen de Rosa Elvira, tenía un prontuario de abusos sexuales y pese a ello estaba libre. Con respecto al caso de la Secretaría de Gobierno por las demoras en la atención en la línea 123 y a la Secretaría de Salud porque, existiendo centros asistenciales más cercanos al lugar de los hechos, se decidió llevarla al Santa Clara donde finalmente falleció.
Pero hoy en el 2016 un hecho que es increíble e inaudito, la secretaría de Gobierno de Bogotá por intermedio de su abogada Luz Stella Boada, del equipo jurídico de la Secretaria, para responder a la demanda que el 22 de agosto de 2014 interpuso la familia de Rosa Elvira por negligencia del Distrito, la Fiscalía, la Policía y algunas entidades de salud para atender a su hermana y evitar su fallecimiento salió con la perlita que la víctima era culpable de lo que le había sucedido, o sea están re victimizando a la víctima, error grandísimo que cometió esta abogada, que si está en una dependencia del Estado, está allí para defender a los ciudadanos, no para atacarlos y seguir re victimizando a las víctimas.
Ha podido renunciar, pero el error es grandísimo y si esos errores comete un funcionario del Estado, qué se espera que perciban los ciudadanos, que estén desprotegidos ante las dependencias de quien debe defenderlos. No solo eso, en un tema y situación tan delicada en lo que concierne a la violencia contra la mujer, violencia que se ejerce de mil maneras, sale esta señora abogada con esta semejante perla.
El secretario de Gobierno, Miguel Uribe, sale lavándose las manos como Pilatos, ofreciendo disculpas a nombre del Distrito por el concepto emitido por la oficina jurídica de la entidad que dirige, en el que se culpaba a Rosa Elvira Cely, símbolo de la lucha contra la violencia de género, por su muerte ocurrida en mayo de 2012. «Vamos a dar una directriz para que las entidades a través de sus argumentos jurídicos no sigan re victimizando a las víctimas y que se tenga en cuenta este hecho para que nunca más se vuelva a repetir. Reafirmamos nuestro compromiso en contra de la violencia contra la mujer», explicó Uribe, quien ofreció «disculpas» a la familia de la víctima.
En apartes de la demanda conocida hoy domingo por Lachachara.co, en un intertítulo que dice:
Culpa exclusiva de la victima 
El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa en declaraciones emitidas en domingo muy temprano dijo: «Estoy indignado con postura de abogadas de la Secretaría de Gobierno sobre Rosa Elvira Cely. Me duele que eso haya ocurrido”. En su cuenta de twitter escribía: “No compartimos concepto de oficina jurídica de secretaria de Gobierno. Solidaridad con Rosa Elvira Cely y sus familiares”.
Ante este caso tristemente macondiano Adriana Celis hermana de la víctima dice: “Le pido encarecidamente (al alcalde Peñalosa) que hagan una revisión del caso porque no entiendo qué significa para la abogada Boada ser una mujer de casa. Esa frase de que «si mi hermana no hubiera salido con sus compañeros de estudio no estaría muerta» ¿quiere decir que las mujeres debemos estar en la casa, sumisas? el hecho de que se culpe a mi hermana por su muerte no solo es revictimizante sino indignante, esta re victimización no permite que otras mujeres se animen a denunciar los maltratos de que son objeto. ¿Cuál es el mensaje que están enviando con esto? Que las mujeres no pueden denunciar, que no podemos salir a la calle, que no podemos sentirnos empoderadas. ¿Ese es el ejemplo que el Gobierno quiere darnos? ”.
En julio de 201
5, el presidente Juan Manuel Santos firmó la ley Rosa Elvira Cely, que convirtió el crimen contra una mujer por su condición femenina en un delito autónomo (feminicidio) y con una de las mayores penas entre los homicidios. La ley establece que el mínimo de cárcel para quien incurre en este delito es de 20 años y el máximo, de 41 años. La pena mínima por un homicidio común hoy puede ser de 13 años.
En nuestro país, debemos reconocer el esfuerzo que realiza actualmente la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en el proceso de construcción de la política de equidad de género.
No obstante, cabe preguntarse si el enfoque diferencial ha sido adecuadamente incorporado en todas y cada una de las agencias del Estado, y si hace parte de la cultura organizacional de nuestras instituciones. Pero hoy ante esta situación nos preguntamos entonces ¿Cómo queda el estado en el proceso de construcción de la política de equidad de género, si un funcionario del mismo Estado la emprende contra una víctima?
