El Consejo de Estado tumbó la decisión de la Procuraduría de desincorporar del Senado a Piedad Córdoba, al considerar que se violó el debido proceso y tomar como pruebas elementos que no tenían peso para ello.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
El Consejo de Estado, a través de una declaración emitida este 9 de agosto por su presidente, Danilo Rojas, declaró que la decisión de la Procuraduría, emitida en septiembre de 2010, era ilegal, por lo que la ex senadora nunca debió haber sido separada de su cargo como parlamentaria e inhabilitada por 18 años.
La decisión de la Procuraduría entonces, dijo que la dirigente izquierdista había incurrido en promoción, auspicio, financiación, organización, instrucción o colaboración con grupos armados al margen de la ley. La sentencia de hace casi seis años, señala que Córdoba se habría extralimitado en sus funciones como funcionaria del legislativo, por su cercanía con el grupo armado.
Ahora el fallo del Consejo de Estado desmonta todo eso y señala que el despacho de Alejandro Ordóñez no tenía elementos suficientes para dar como cierto el indicio de ilegalidad sobre la actuación de Córdoba.
“La Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al considerar como pruebas válidas, dentro del proceso disciplinario, las practicadas y recaudadas en desarrollo de la “Operación Fénix”, las cuales se consideran inexistentes”, dice parte del fallo.
Córdoba habría sido sancionada por su cercanía con las Farc.
Agrega que muchos de los elementos considerados por la Procuraduría no tenían peso probatorio y que durante su recolección no se tomaron en cuenta los elementos jurídicos y procesales contenidos dentro de la legislación colombiana.
Rojas recordó en su ponencia que la ex senadora había sido autorizada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez para que participara junto al Comité Internacional de la Cruz Roja, para la liberación de al menos 24 secuestrados en manos de las Farc.
Ahora será la Procuraduría la que tendrá que responder por una millonaria indemnización para Piedad Córdoba, que buscaría resarcirle los daños que le causaron por haber sido separada de su curul como senadora.
Danilo Rojas cuestionó en su ponencia la forma como la Procuraduría ejecutó el caso.
“La Procuraduría General de la Nación deberá indemnizar a la exparlamentaria por los daños ocasionados con el pago de los salarios y prestaciones que dejó de percibir entre el 3 de noviembre de 2010, día en que fue separada de su curul, y el 19 de julio de 2014, día en que finalizó su periodo legislativo 2010-2014”, informó el Consejo de Estado.
A pesar del fallo del Consejo de Estado, la ex senadora no está todavía habilitada políticamente. Sobre ella pesa otro fallo que le impide participar en procesos para optar a cargos de elección popular. Se trata de otra sanción de la Procuraduría que la inhabilita por 14 años por financiar una campaña política en el departamento del Atlántico.
