Se renueva la discusión sobre hasta dónde debe llegar la libertad para adquirir y utilizar armas de fuego por parte de la población estadounidense.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Stephen Paddock, el jubilado de 64 años que el pasado domingo se suicidó luego de acabar con la vida de al menos 59 personas y herir a más de 500, no tenía antecedentes penales, y residía en una tranquila comunidad dormitorio a unos 130 kilómetros de Las Vegas, ciudad que se convertiría en escenario de la masacre más sangrienta en la historia moderna de Estados Unidos.
El perfil de Paddock coincide con los de otros asesinos múltiples que en los últimos años han protagonizado masacres: ciudadano ejemplar, sin antecedentes, alejado de los estereotipos convencionales de asesinos y delincuentes, situación económica estable, clase media y sin problemas personales aparentes.
Quizá por ello el ahora tristemente célebre personaje aprobó los test exigidos por la ley norteamericana para adquirir todo tipo de armamento. Cuando los policías entraron en la habitación del hotel Mandalay Bay ubicada en el piso 32, descubrieron un arsenal compuesto por más de 10 rifles de asalto. Buena parte de ellos los utilizó para atacar a los asistentes de un concierto de música country que se desarrollaba a un lado del edificio.
Pero la sorpresa fue aún mayor cuando se trasladaron hasta su residencia, en la que encontraron al menos otras 33 armas de todo tipo de calibre. También encontraron ingredientes para la fabricación de explosivos. ¿Cómo una persona aparentemente pacífica llega a coleccionar un arsenal de tal magnitud? ¿Cómo alguien puede hospedarse en un hotel 5 estrellas con 10 rifles de asalto sin que llame la atención de los empleados del local? ¿Cómo las autoridades pueden permitir que un civil pueda adquirir tantas armas y nunca ser interrogado sobre sus intenciones?
El debate sobre el uso de armas por parte de civiles retomó fuerza y eso quedó en evidencia en el primer encuentro que la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckebee Sanders, sostuvo con los comunicadores sociales luego de la tragedia.
Ante las interrogantes planteadas por los periodistas, Huckebee admitió que “habrá un momento para el debate político”, haciendo referencia sobre la discusión de medidas y leyes que limiten drásticamente el acceso de civiles a algunos tipos de armas potencialmente peligrosas.
“Sí va a haber un momento para hablar de política y control de armas, ya llegará el momento para ello”, afirmó la funcionaria quien además recordó que sólo en Chicago hubo el año pasado más de 4 mil víctimas fatales vinculadas con el uso de armas de fuego.
Sobre el tema, el presidente Donald Trump no ha querido precisar opinión. Según analistas, debe ser muy difícil establecer una posición sobre un tema en el que hace 15 años estaba totalmente inclinado a ofrecer mayores libertades para la adquisición de este tipo de artículos.
«Anoche un tirador solitario abrió fuego contra una multitud en un concierto de música country en Las Vegas, Nevada. Masacró brutalmente más de 50 personas y fue un acto de pura maldad», dijo el mandatario en un pronunciamiento a la nación desde la Casa Blanca al día siguiente de la masacre.
Su antigua rival electoral Hillary Clinton no perdió oportunidad para pronunciarse al respecto. A través de Twitter, la dirigente demócrata rechazó la manera tan sencilla que hay en Texas para hacerse de armas de fuego. También cuestionó la facilidad con la cual la gente puede comprar accesorios como silenciadores. «Imaginen las muertes si el tirador de Las Vegas hubiera tenido silenciadores, lo que la NRA (organización que agrupa a los fabricantes de armas) quiere hacer más fácil de conseguir», escribió.
A la par del debate, los primeros beneficiados son paradójicamente fabricantes de armas. En menos de un día, las acciones de algunos de los principales fabricantes de armas subieron con fuerza en Wall Street. Como siempre pasa, la ocurrencia de estos eventos trágicos en el país del norte genera una mayor demanda de armas por parte de la población, en una incontenible necesidad de defenderse y la percepción de que el Estado es incapaz de hacerlo.
Otro motor para la mayor demanda momentánea de armas es el temor de que el Gobierno, presionado por la opinión pública, termine emitiendo leyes más restrictivas para acceder a este tipo de bienes.