Gobernador del Atlántico José Antonio Segebre admite que la recuperación del sur ha sido difícil.
Por R. Sarmiento Coley/Video J.M. Sarmiento Figueroa
En el encuentro de la fundación Nu3 el Gobernador, fuera de la mesa principal, elogió las tareas que realiza dicha entidad, que se son acordes con las preocupaciones de la Administración Departamental.
José Antonio Berardinelli reconoce que entidades como Nu3 realizan una hermosa tarea con la niñez. Y se declaró satisfecho con el cambio de contratista para los alimentos que la población escolar del Atlántico. La duda que queda es la identidad de los dueños de la concesionaria anterior que entregaba los alimentos en mal estado, lo que ocasionó que varios niños terminaran intoxicados.
Pero lo que más lamenta Segebre Berardinelli es que la crisis del sur del Atlántico todavía no termina desde cuando hace 5 años se desbordó el canal del dique y arruinó poblaciones enteras. Santa Lucía, Candelaria, Manatí, Bohórquez, Suan, Puerto Giraldo, Campo de la Cruz quedaron en ruinas.
60 meses después lo más triste es que 122 familias siguen viviendo en cambuches, 30 en toldas en patios de familias de buena voluntad.
Claro, las administraciones que han estado al frente de esta crisis (Eduardo Verano al final de su mandato, y Segebre durante su cuatrienio), han realizado una tarea descomunal. Segebre, en entrevista para este portal hace un recuento de la situación. En total quedaron destruidas 3.500 viviendas, de las cuales ya alcanzaron a construirse y entregarse 1.500. Son cifras alentadoras frente a una situación dramática como la que se vivió.
Por otro lado Segebre informó a los alcaldes del Atlántico los procedimientos que deben implementar con ocasión de la nueva emergencia humanitaria que se ha generado con la llegada de deportados, repatriados, expulsados y retornados desde el vecino país.
En carta a los mandatarios locales, Segebre Berardinelli les explicó que el primer paso es que convoquen al Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres, para que activen su respectivo plan de contingencia y emergencia humanitaria para garantizar una atención adecuada y oportuna a las personas que lleguen a sus territorios.
Los alcaldes deben instalar la sala de crisis o puesto de mando unificado y diligenciar el Registro Único de Damnificados para las personas que resultaron afectadas por el cierre de la frontera. Dicho registro será sujetos revisión y validación con la base de datos de DPS, Migración Colombia y otras entidades del Gobierno Nacional, para determinar si las personas cumplen con la calidad de deportado, repatriado, expulsado o retornado desde Venezuela.
Quienes pretendan acceder a las ayudas humanitarias, subsidios y demás asistencias sin el cumplimiento de los requisitos establecidos, afrontarán procesos del orden penal.
Los protocolos para la atención también establecen que las Personerías municipales estarán vinculadas al proceso de atención integral de los connacionales, como agente del Ministerio Público y garante de los derechos fundamentales y sociales de los deportados, expulsados y retornados.
Igualmente se garantizan los servicios de salud y educación a que haya lugar, según directrices entregadas por las Secretarías de Salud y Educación Departamental, esperando a lo que bien considere dinamizar la Registraduría Nacional del Estado Civil.
