También lo investiga la Procuraduría. Lo enredan la venta de Isagen y los sobrecostos de la Refinería de Cartagena.
Por Rafael Sarmiento Coley/Semana.com
Hasta ahora Mauricio Cárdenas Santamaría, una de las fichas más preciadas del Partido Conservador para volver con un Presidente a la Casa de Nariño, ha figurado como uno de los intocables sabios de las finanzas públicas en Colombia.
Mauricio Cárdenas Santamaría, Ministro de Hacienda, bajo la lupa de Procuraduría, Fiscalía y Veedurías Ciudadanas.
Incólume, rostro adusto, riguroso y refinado como buen cachaco, jamás había sido mencionado en escándalo alguno por corrupción, aunque hace poco se le relacionó, de pasón y como quien no quiere la cosa, en el caso del cobarde homicidio del estudiante Luis Andrés Colmenares Escobar, en el que figura como principal sospechoso Carlos Cárdenas, de quien se dice es pariente cercano de la familia del Minhacienda, por lo cual han desplegado tanto poder, que hasta el anterior Procurador, Alejandro Ordóñez, se atrevió a calificar el episodio, de manera irrespetuosa e indigna de su alto cargo, como un ‘reality más’. Como defensores tuvo a los mejores abogados penalistas que hay en Bogotá en estos momentos, encabezados por el samario Jaime Granados y, sospechosamente, por dos exfiscales recién salidos del cargo, y , por lo tanto con información de primera mano del homicidio ocurrido el 31 de octubre de 2010 en la discoteca Pent-House, cerca el Caño El Virrey, en donde los homicidas lanzaron el cadáver de Colmenares Escobar.
A pesar de existir evidencias, no ha sido posible inculpar a Carlos Cárdenas por el cobarde homicidio del ingeniero villanuevero Luis Andrés Colmenares.
Cierto o no, la verdad es que hasta ahora es un misterio que Carlos Cárdenas siga libre, mientras todos los indicios conducen a que él fue uno de los incendiarios de la bronca contra la víctima, a quien le quitaron la vida golpeándolo salvajemente con una botella tamaño litro de Old Pard.
Entran en acción las Veedurías
Como no hay crimen perfecto, del mismo modo no hay soborno que se pueda ocultar, porque, como lo dijo ante un juez un pensionado de la desaparecida Colpuertos que se retiró con una pensión mensual de $300 millones y enloqueció encerrándose en un lujoso cabaret de Cartagena y puso a su servicio a todas las cabareteras con whisky gratis para todos los presentes: “Su señoría, es que la plata attunde…esto es como la tos, no se puede ocultar”.
Por muy discreto y reservado que sea el corrupto, con tanta plata en los bolsillos es como si sufriera un ataque de tos. Y eso es lo que ha llevado al abogado Pablo Bustos, de la Red de Veedurías, a denunciar y ganar numerosos casos de corrupción en Colombia.
Bustos considera que, si el Estado colombiano se dedicara a reducir la “corrupción a sus justas proporciones”, como alguna vez lo dijo el difunto presidente de la República Julio César Turbay Ayala, este país sería como Dinamarca, el más pulcro y transparente Estado del mundo. Claro, algo va de Dinamarca a Cundinamarca. Para llegar a pisar los talones de aquellos países con cero corrupción y los más altos niveles de vida, habría que aplicar en Colombia las leyes draconianas e inhumana de Singapur, en donde los ladrones de cuello blanco (tanto del sector público como del privado), los narcotraficantes y todo tipo de malandros, no pasan por cárcel alguna, van directo al cementerio. Pena capital. Hoy Singapur tiene cero narco, cero corrupto, cero sicario. Una cura de burro. Repudiable en estos tiempos del humanismo puro.
El Minhacienda en cuerda floja
Luego de la denuncia de la Red de Veedurías por presuntas irregularidades en la venta de la generadora de energía, Isagen, la Fiscalía General abrió una causa judicial.
Aun cuando el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha insistido en que la venta se hizo bajo el ropaje de la ley y que el dinero servirá para la inversión de grandes obras, muchos otros consideran que esa transacción fue inconveniente para las finanzas públicas.
La Procuraduría, que advirtió sobre presuntas irregularidades, está investigando el asunto y ahora la Fiscalía dio apertura a una investigación preliminar por la venta del 57,66 % de las acciones del Gobierno.
La investigación que se abrió, rotulada con la noticia criminal número 110016000102201600036, fue asignada al fiscal delegado ante la Corte Suprema, Fabián Mauricio Montenegro. Esta se deriva de una denuncia radicada por la Red de Veedurías Ciudadanas que considera que en la venta se presentaron delitos como celebración de contrato sin los requisitos legales, interés ilícito en la celebración de contratos, prevaricato y concierto para delinquir, entre otros.
El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, señaló que, supuestamente, se habría determinado y direccionado el proceso “para impedir la concurrencia real y efectiva de una pluralidad de oferentes e interesados ciertos en dicho proceso, y de paso se coartó de manera deliberada la posibilidad de contar con una puja real por el precio final”.
La Red insiste en que como solo hubo un oferente, el resultado del proceso fue ilegal e inconstitucional, y se afectó supuestamente el interés, patrimonio y moralidad pública. Para Bustos, esa es sólo una muestra de la “actitud irresponsable” con la que actuó el ministro a lo largo del proceso. Dijo que no entiende cómo Cárdenas ignoró las investigaciones contra la empresa Brookfield Asset Management -que adquirió las acciones del Gobierno en Isagén- sobre presuntos actos de corrupción de esa compañía en Brasil.
Como argumento de sus afirmaciones, Bustos trajo a colación lo dicho por un fiscal de Sao Paulo a un medio de comunicación radial. Recordó que el fiscal Silvio Antonio Marques explicó que esa empresa era sospechosa de haber desarrollado proyectos de infraestructura en esa ciudad brasilera a través de sobornos.
La denuncia también señala que el jefe de la cartera económica hizo oídos sordos a las advertencias de los organismos de control. Señaló que la Contraloría trató de hacerlo reflexionar sobre el grave impacto que tendría la operación en las finanzas públicas y sobre la necesidad de garantizar que el precio que se pagara por Isagén fuera superior al valor mínimo fijado por el Gobierno.
Además, recordó que un día antes de la subasta, el procurador Alejandro Ordóñez volvió a llamarle la atención por establecer el precio de la firma en dólares. Según la advertencia, insistir en fijarlo en pesos en un escenario de alza del dólar ponía a Isagén por lo menos a dos billones de su valor real.
Sin embargo, agregó, el ministro Cárdenas insistió en mantener la subasta con un solo oferente, lo que impidió que el comprador ofreciera un valor superior al mínimo, y se opuso a fijar el precio en divisas.
Finalmente, aunque el alto funcionario expresó que los dividendos que dejaba Isagén tenían un peso de menos del 1 % en los ingresos de la Nación, el presidente de la Red de Veedurías volvió a destacar sus números. Todo con la intención de demostrar que la decisión de venderla fue contraria a la defensa de los intereses de los colombianos.
“El valor de las acciones del Estado en Isagén asciende a 6,4 billones de pesos (unos 2.000 millones de dólares), los cuales serán invertidos en el programa de carreteras de cuarta generación (4G), necesarias para que el país supere su crónico atraso en vías de comunicación… En el 2014, Isagén obtuvo un beneficio neto de 436.538 millones de pesos (unos 135 millones de dólares de hoy) y unos ingresos de 2,33 billones de pesos (unos 714 millones de dólares de hoy)”, puntualizó.
Ahora, con esa denuncia, la Fiscalía deberá buscar los elementos para darle la razón a la Red o, por el contrario, cerrar la investigación contra Cárdenas si no encuentra méritos.
El caso de Reficar
La ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar), un ruinoso barril sin fondo de los recursos del país. Ecopetrol también enreda al Minhacienda.
Del mismo modo se ha conocido que los organismos de control indagan que incidencia tuvo el Minhacienda en la aceptación y pago de los altísimos y descarados sobrecostos en la ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar), convertida de este modo en un ruinoso barril sin fondo para la Nación.
Y como si fuera poco, la Fiscalía hace averiguaciones sobre las revelaciones que está haciendo el representante de la compañía brasilera Odebrecht, inmersa en una denuncia por el soborno por once millones de dólares, según reveló la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Ya van dos detenidos a causa de las revelaciones de Odebrecht al acogerse a sentencia anticipada, el exviceministro de Transporte y exdirector de Invías el cartagenero Gabriel García, ficha política del senador Álvaro Uribe Vélez, y el exsenador cordobés Otto Bula, segundo renglón del “Primo Senador” Mario de Jesús Uribe Escobar, pariente cercano y estrecho socio político de Uribe Vélez.
De comprobarse las revelaciones del informante de Odebrecht y las denuncias de Pablo Bustos, el panorama político de Mauricio Cárdenas Santamaría se ve bastante sombrío en el horizonte.
Sería el costo que la vida le cobra a un funcionario público que disfrutado de una existencia palaciega, aprovechando el poder para darle palo a las clases trabajadora, media y media baja, a las que arruinó con una reforma tributaria que traerá más hambre y miseria al país. Una reforma que, en vez de cerrar la tan cacareada brecha, la abrirá más.
Y lo peor, de comprobarse tan solo uno de los líos en que aparece señalado, estaríamos ante el caso de un hombre sin autoridad moral para haber amasado tanto poder económico y político, hasta el punto de convertirse en el repartidor de la mermelada con la que el gobierno llena el buche de los congresistas para que aprueben todo a pupitrazo, como ocurrió con la reforma tributaria. Un traspiés del Minhacienda abriría el camino para que la sociedad civil, por primera vez en la historia de Colombia, inicie un juicio de responsabilidad y recurra a un mecanismo legal para tumbar la maldita reforma tributaria.
