A la alegría inicial, el escepticismo ganó terreno en la opinión pública venezolana al culminar una frenética semana en la que el Gobierno perdió todas las cartas que jugó.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Las redes sociales en Venezuela fueron un auténtico ‘hervidero’ este fin de semana, luego de conocerse muy temprano el sábado 8 de julio sobre la excarcelación del dirigente del opositor partido Voluntad Popular, Leopoldo López, tras más de tres años y cinco meses de cumplir una condena por ser uno de los convocantes a las protestas masivas que hubo en ese país en 2014.
López se fotografió con sus hijos, tras regresar a su casa luego de tres años.
Pero al estallido de alegría inicial, el transcurrir de las horas dio paso a un escepticismo cada vez mayor en la opinión pública venezolana, tras una frenética semana en la que el Gobierno perdió todas las cartas que jugó para hacer retroceder un movimiento que en su contra, exige el llamado a elecciones generales y la cancelación de las intenciones de redactar una nueva constitución.
Acontecimientos previos
El día martes 4 de julio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos integrantes han sido cuestionados en su legitimidad por la forma en que fueron colocados allí por la anterior Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en 2015, sesionó en pleno para admitir oficialmente una solicitud de antejuicio de mérito contra la Fiscal Luisa Ortega Díaz, antigua colaboradora del chavismo, que desde principios de año ha marcado distancia de Nicolás Maduro, conforme su gobierno se ha venido deteriorando. Ese día, el polémico TSJ, anunció que los magistrados se tomarían cinco días hábiles para decidir si abrían o no el proceso del antejuicio de mérito.
En evidente enfrentamiento a la Fiscalía, el Máximo Tribunal había juramentado como vice fiscal general a la abogada Katherine Harrington, quien sería la segunda a bordo en el Ministerio Público y la Fiscal General designada en caso de que Ortega Díaz fuese separada del cargo, a raíz de un eventual juicio en su contra.
Katherine Harrington fue desalojada de la Fiscalía tras ingresar en la maleta de un vehículo.
Harrington, se encuentra en una lista de sancionados por el gobierno de Estados Unidos, señalada como violadora de derechos humanos y corrupta. Llevó los casos y encarceló a opositores como Antonio Ledezma (alcalde metropolitano de Caracas) y Lorent Saleh (dirigente estudiantil).
Ese mismo día, la Fiscal General ofreció una rueda de prensa en la que presentó actas que según su criterio, dejaban claro la ilegalidad de los magistrados del TSJ, debido a un proceso violatorio de todo el estamento constitucional que rige la materia. Por esta razón, dijo, no acataría ninguna orden emanada desde esta institución.
El miércoles 5 de julio, cuando se conmemoraban 206 años de la declaración de la independencia de Venezuela, el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, también sancionado por Estados Unidos, en su caso por vínculos con el narcotráfico, tomó a tempranas horas las instalaciones de la AN para desde allí dirigir un acto oficial desde el que convocó “al pueblo de a pie” a presentarse en el lugar para rescatar un poder que según sus palabras “se encuentra secuestrado por la oligarquía”, refiriéndose a la oposición.
Acto seguido, centenares de miembros de los grupos pro oficialistas conocidos como ‘colectivos’, tomaron violentamente las instalaciones del Poder Legislativo en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional, supuestamente designada para la custodia del lugar.
Más de 15 países condenaron enérgicamente el ataque oficialista a la Asamblea Nacional.
Audios y videos dados a conocer a través de las redes sociales, dieron cuenta de cómo los violentos ingresaron ayudados por los militares, y armados con objetos contundentes y armas de fuego causaron al menos 12 personas heridas, entre ellas a cinco diputados antichavistas. Mantuvieron secuestradas en el Palacio Federal Legislativo a unas 350 personas, incluyendo periodistas, por más de ocho horas.
En medio de un rotundo rechazo internacional por el ataque contra la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro y sus más estrechos colaboradores como el Ministro de la Defensa, rechazaron la acción orquestada por sus copartidarios. El jueves 6 de julio, la designada vice fiscal general acudió a la sede principal de la Fiscalía a ocupar su cargo, pero el paso al edificio le fue impedido por órdenes de la fiscal General Luisa Ortega Díaz.
Ortega Díaz argumentó que la designación de Harrington como vice fiscal era írrita debido a que el TSJ había usurpado funciones que le corresponden a su despacho y a la AN como poderes autónomos. Ese día volvió a cuestionar la legalidad de los magistrados, quienes según ha dicho, además de ser electos de forma irregular, no tienen los perfiles necesarios para ocupar esos cargos.
La coalición opositora MUD reiteró que seguirán en las calles hasta lograr la salida de Maduro.
El viernes 7 de julio, mientras la AN anunciaba que la selección definitiva de nuevos magistrados al TSJ sería anunciada la semana siguiente, nuevas protestas sacudieron al país. Se desató un nuevo escándalo cuando descubrieron que la abogada Harrington había ingresado a la sede de la Fiscalía de forma irregular y había sido desalojada por personal de seguridad. Harrington, habría entrado en el interior de la maleta del vehículo de otra fiscal para burlar la vigilancia del edificio. Como resultado de esto esta fiscal, identificada como Narda Sanabria y quien estuvo vinculada al proceso contra Leopoldo López, fue destituida de su cargo inmediatamente.
“Liberación” de López
Además de las protestas internas, el gobierno de Nicolás Maduro ha venido enfrentando crecientes críticas a nivel internacional, que se acentuaron con el episodio de la AN y en menor medida, con la situación que atraviesa la Fiscal General de la República.
El titular del TSJ, magistrado Maikel Moreno, anunció a través de las redes que la madrugada del sábado Leopoldo López, había sido objeto de una “medida humanitaria” y que su expediente “había presentado irregularidades en su distribución”, razón por la cual se procedía a otorgársele el beneficio de casa por cárcel.
La ex magistrada Cecilia Sosa advirtió que los magistrados del TSJ seguían siendo ilegítimos.
La ex magistrada Cecilia Sosa escribió en Twitter tras conocerse la noticia de la excarcelación de Leopoldo López: “Haga lo que haga el TSJ sus integrantes son ilegítimos y que aproveche Leopoldo López para contribuir a organizar la voluntad popular”.
La dirigente María Corina Machado, dijo en una entrevista televisiva que la excarcelación del opositor no es suficiente. Reiteró que “la única negociación posible a nivel de plazos y términos es la garantía para la salida de la dictadura, la salida de Nicolás Maduro del poder y se de un pasó para un gobierno de transición”.
El director para América Latina de Human Right Watch, José Manuel Vivanco, advirtió que la decisión del TSJ no debería generar falsas expectativas. “Leopoldo López no está libre, sigue preso” e instó a los líderes latinoamericanos y mundiales a seguir presionando para la liberación de todos los presos políticos que aún están tras las rejas, la mayoría de ellos estudiantes universitarios capturados en las protestas.
El dirigente chavista Elías Jaua, aseguró que desde el oficialismo acataban la decisión del TSJ e instó a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, a asumir con madurez y “cesar la violencia” en referencia a las protestas masivas que este fin de semana cumplieron 100 días continuos.
En Twitter, usuarios advirtieron que tomar como válida la decisión del TSJ era legitimarlo, y esto podría condicionar otras decisiones (pasadas o futuras) que podrían inhabilitar las intenciones políticas de los antichavistas, incluyendo el anuncio de la AN de designar nuevos magistrados en los próximos días.
