Al mejor estilo de las chuzadas del DAS, y como si fuera un reencauche de viejas épocas con costumbres que no se detienen y con vicios que continúan, la Fundación para la Libertad de Prensa reveló esta semana 14 nuevos casos de personas que, por su ejercicio periodístico, fueron blanco de perfilamientos y vigilancias ilegales por parte de miembros de inteligencia militar del Ejército Nacional.
Ilustración de Turcios
Por: María Angélica Borja Pérez
La lista de periodistas figuran Damien Fellous, un francés que se hizo reportero en Colombia para retratar la injusticia del conflicto social y armado; Gerald Bermúdez, fotógrafo y periodista colombiano que se sumergió en el Putumayo con las disidencias de las FARC y fue testigo de la proclamación de la segunda Marquetalia; Julián Martínez, periodista y autor del libro ChuzaDAS, ocho años de espionaje y barbarie; Javier Alexánder Macías, periodista de El Colombiano, quien, por cierto, publicó esta semana la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de abrir un incidente de desacato contra la Alcaldía de San Onofre por la falta de actualización de los datos sobre el cementerio de esta municipalidad y del corregimiento Rincón del Mar, más la falta de un plan que brindara protección a las fincas El Palmar y La Alemania.
Pero lo revelador del asunto es que también un consentido de la derecha, cercano al expresidente Uribe y periodista abiertamente ligado con el Centro Democrático, Miguel Matus, también está en la lista.
Estos casos se suman a los 38 periodistas que la FLIP había documentado en mayo, después de conocer la publicación “Carpetas secretas” realizada por la revista Semana.
A la fecha, el balance asciende a 52 periodistas en este caso.
Parece que en Colombia nadie se salva de las interceptaciones telefónicas y de la vigilancia ilegal.
Hasta el momento, las “creencias” que consumen a muchos los llevará a concluir que por su tipo de trabajo es normal que el Ejército Nacional muestre interés en los periodistas antes mencionados.
Qué lamentable sería que el Gobierno nacional no responda a los requerimientos de la FLIP sobre las garantías de protección de las víctimas y que no se avance rápidamente en las investigaciones.
Con esto queda en evidencia que la libertad de expresarse en Colombia es con “cuidado”.
