Debemos ser enfáticos en que existen unos derechos fundamentales, consagrados en nuestra Constitución, para la protección y el bienestar de los ciudadanos, que son las autoridades las primeras que deben garantizarlos y que con estas acciones algunas de ellas los violan.
Nos recordó un caso similar que sucedió también en Barranquilla, a mediados del 2016, cuando el actual Secretario de Tránsito y Seguridad Vial, en su infinita sabiduría, ordenó sancionar a más de 50 usuarios de la plataforma tecnológica Uber para desplazarse en vehículos que obedecen a esta modalidad y les multó a cada uno con $114.300. ¡Qué exabrupto! Lo habíamos advertido ya en otro escrito.
El problema del nuevo Código de Policía no son las normas que contiene sino la preparación que pudieran tener los agentes de policía, en sus diferentes rangos, al ser los encargados de aplicarlo. Muchos de ellos ni siquiera aún hoy -luego de décadas de implementado el nuevo Sistema Penal Oral Acusatorio- realizan la captura de un sospechoso en forma legal por lo que numerosos delincuentes son liberados sin siquiera ir a juicio. Mucho menos pueden estar capacitados para “interpretar la ley e impartir justicia” en una materia tan delicada y cercana para los ciudadanos como es la de la convivencia.
Es cierto que el cambio de agenda de este gobierno -que se dio hace poco más de un mes- le otorgó un carácter “guerrerista”, en donde se privilegia al cuerpo policial y militar, pero no puede llegar tampoco a patrocinar actitudes fascistas. Ya el país conoció la serie de atropellos que se cometieron en contra de los ciudadanos bajo el amparo de los denominados Estados de Sitio (o Estados de Excepción) hace algunas décadas.
Debemos ser enfáticos en que existen unos derechos fundamentales, consagrados en nuestra constitución, para la protección y el bienestar de los ciudadanos, que son las autoridades las primeras que deben garantizarlos y que con estas acciones algunas de ellas los violan.
Ello es tan grave que en el caso de “La empanada”, por ejemplo, es el ciudadano quien tiene el derecho a demandar al Estado por permitir que el espacio público -que es para el goce y disfrute de todos y que se conserva y embellece con nuestros impuestos- sea ocupado por un particular que, además, expende en él productos para el consumo humano en condiciones de higiene y salud que no han sido aprobadas por los organismos competentes.
A su vez, detrás de esa ciudadana “vendedora de empanadas” en plena vía pública existe todo un drama socioeconómico que explica por qué desarrolla esa actividad como única forma de llevar un sustento a su familia, por culpa de un Estado que, en representación de la sociedad, no le ha facilitado los medios para obtener un empleo digno -con un salario adecuado y regulado, con seguridad social, pensión, bienestar familiar y la posibilidad de instruirse- como también se lo garantiza nuestra Constitución, pues recordemos que en Colombia de cada 100 ocupados 48 están en la informalidad (Dane).
@vherreram
