La Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida, integrada por los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la ANDI Atlántico-Magdalena, interpuso una Acción de Cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico. El propósito es obligar a la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) y a los ministerios de Hacienda y Minas y Energía a gestionar de manera inmediata recursos a favor del Fondo Empresarial, que permitan garantizar la operación de Air-e y evitar un posible colapso del sistema eléctrico nacional.
Contexto de la demanda
La acción se fundamenta en que el Estado puede recurrir a instrumentos financieros como garantías y créditos de la Nación para asegurar la continuidad de un servicio público esencial sin comprometer gastos no previstos en el presupuesto.
Según la Veeduría Ciudadana, la iliquidez de Air-e Intervenida ha generado graves incumplimientos en sus obligaciones financieras, situación que amenaza la estabilidad del sistema eléctrico nacional y compromete la continuidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Cifras críticas
• Deuda total de Air-e: $3,6 billones.
• Antes de la intervención: $1,9 billones.
• Durante el primer año de intervención: $1,7 billones.
• Deuda con generadoras de energía: pasó de $825.000 millones a más de $2,4 billones, casi el triple en un año.
• Deuda con térmicas: alrededor de $1 billón, lo que amenaza la sostenibilidad de este segmento estratégico del sector.
• Participación en la demanda nacional: Air-e atiende el 11% del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y el 44% de la demanda en el Sistema de Transmisión Regional Norte.
Principales hallazgos de la Veeduría
1. No se ha hecho público el Plan de Intervención que debía definir el Gobierno nacional para estabilizar la empresa.
2. El plan de inversiones en modernización y mantenimiento permanece paralizado.
3. Crece la amenaza de un apagón regional en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
4. En 2026, Air-e tendría que comprar hasta el 70% de la energía en bolsa, lo que encarecería la tarifa a los usuarios.
5. En el primer año de intervención se han sucedido 2 ministros de Minas, 3 superintendentes de servicios públicos y 4 agentes interventores, evidenciando debilidad institucional.
6. La Procuraduría y la Fiscalía adelantan investigaciones por presuntas irregularidades en la administración de Air-e Intervenida.
Acciones jurídicas en curso
Además de la Acción de Cumplimiento, la Veeduría radicó ante el Consejo de Estado una acción de tutelapara garantizar el derecho de petición, el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia. Esto, tras no recibir la información solicitada para ejercer control social sobre la intervención.
Llamado de los gremios
La Veeduría insistió en la urgencia de que el Gobierno nacional adopte medidas estructurales y sostenibles que aseguren la prestación del servicio de energía eléctrica en condiciones de continuidad, calidad, eficiencia y cobertura, evitando un apagón que afectaría gravemente a más de 1,3 millones de usuarios en la región Caribe.
