Por la llamada ‘Operación Quirófano’ que, según el ente investigador, saqueó a Cajacopi y varias otras entidades del sector salud.
Por Chachareros/Ofiprensafiscalía
La llamada Operación Quirófano, una colosal estafa al estado en donde estuvo involucrada la Caja de Compensación Familiar Cajacopi (de pequeños industriales) en donde la esposa de Díaz Granados, María Margarita Amaris, era la gerente, según informaciones que se desprenden de las indagaciones de la Fiscalía General de la Nación.
Esta caja de compensación viene de tumbo de tumbo desde hace años por malos manejos directivos. Baste decir que en sus operaciones permanentes se encuentran diversos conflictos de interés, de lo que basta citar un ejemplo: le vendieron a un poderoso grupo de supermercados de grandes superficies la sede de la Unión Española y, en su lugar, construyeron unas instalaciones detrás del hotel El Prado a cargo de la empresa Santo Toribio Constructora, entre cuyos accionistas principales se encuentra José Alberto Escaff, que a su vez es miembro del Consejo Directivo de la Caja. Más claro: un directivo de la entidad contrató con una empresa suya la construcción del nuevo edificio.
La Operación Quirófano desarrollada por la Fiscalía parte de un hecho fundamental que es la corrupción dentro del sector salud, con casos como los carteles de la hemofilia y el Sida. Peor aún, se trata de toda una tramoya dentro de la Superintendencia de Salud en el lapso de 2016-2017 involucrando a cuatro funcionarios de esta entidad, incluyendo a Eva Katherine Carrascal, quien fue delegada para la Vigilancia Institucional. La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar al senador Luis Eduardo Díaz Granados, de Cambio Radical y el ex representante a la Cámara Cristóbal Rodríguez del Partido de la U. Según el Fiscal General de la época en la cual empezó a develarse el escándalo, Néstor Humbrrto Martínez Neira: “Carrascal y varios exdirectivos y entidades vinculadas con entidades de salud, habrían interferido en la toma de decisiones administrativas para favorecer presuntamente a empresas del sector salud”.
La operación ilegal, según la Fiscalía, se debió a que se “agilizaron pagos de dinero que eran adeudados por EPS como Cafesalud y entidades territoriales”. Igualmente presentaban “trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de EPS y cajas de compensación al grupo de particulares que integraban esta red y quienes terminaban asesorando a los vigilados.
Según el Fiscal general, la red incidía en los trámites de reorganización para la toma de decisiones en el “ente de control favoreciendo las EPS y las cajas de compensación” y, lo más complejo, es que facilitaban “el incremento de población afiliada a las EPS, con lo que aumentaban los ingresos por compensación por parte del Estado”.
Las investigaciones adelantadas por el ente acusador permitieron determinar a través de copiosa prueba documental y más de 500 audios que para el 2016 la entonces superintendente delegada para la supervisión institucional de la Supersalud, Eva Katherine Carrascal Cantillo, habría utilizado su cargo para favorecer a entidades promotoras de salud (EPS) y cajas de compensación, a cambio coimas recibidas mensualmente a través de cheques y en efectivo, e incluso habría obtenido una participación accionaria en una EPS.
A través del material probatorio recopilado se pudo establecer que presuntamente Carrascal Cantillo y varios exdirectivos y funcionarios de distintas instituciones vinculadas con el sistema de salud, además de funcionarios del Estado de la rama ejecutiva y legislativa del poder público habrían interferido en la toma de decisiones administrativas para supuestamente favorecer empresas del sector.
Los análisis adelantados por los investigadores demostrarían cómo durante el segundo semestre de 2016 y todo el 2017, esta red habría permeado la administración de salud en Colombia mediante el acceso a información oficial privilegiada y el direccionamiento de trámites administrativos que cursaban en la Superintendencia.
Las irregularidades que se habrían cometido son:
Agilizar pagos de dinero que eran adeudados por EPS como Cafesalud y entidades territoriales.
Proporcionar información sobre trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de EPS y cajas de compensación al grupo de particulares que integraban esta red y quienes terminaban asesorando a los sujetos vigilados.
Incidir en los trámites de reorganización para la toma de decisiones en el ente de control favoreciendo las EPS y las cajas de compensación.
Facilitar el incremento de población afiliada a las EPS en distintas zonas del territorio nacional con lo que aumentaban los ingresos por compensación por parte del Estado.
Capturados:
Eva Katherine Carrascal Cantillo, ex Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud.
Guillermo Enrique Grosso Sandoval, fue agente interventor de Saludcoop EPS, luego presidente de Cafesalud EPS y actualmente tiene negocios particulares vinculados integralmente a la salud.
Jhon Alexander Colmenares Russi, habría administrado varias IPS y además manejaba los negocios de Grosso Sandoval.
Javier Peña Ramírez, se desempeñaba como director médico nacional de Cajacopi EPS (Barranquilla).
Por su parte el exprocurador Fernando Carrillo sostuvo el 30 de octubre de 2018 que se evaluarán las pruebas de la Fiscalía contra los congresistas Luis Eduardo Díaz-Granados Torres y Cristóbal Rodríguez, quienes serán investigados por la Corte Suprema de Justicia, ante las copias que compulsó el ente acusador en la investigación de la “Operación Quirófano”. La gerente de Cajacopi, esposa de Díaz Granados se retiró de la posición tras el escándalo nacional.
