A la denuncia de que su campaña electoral de 2014 recibió dineros sucios de la empresa constructora multinacional Odebrecht, se une el avance de la acusación de ‘traición a la patria’, por haber firmado el acuerdo de paz con las Farc a pesar de triunfo del ‘No’ en el plebiscito de octubre.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Hasta hace ocho semanas, el presidente colombiano Juan Manuel Santos cerraba un 2016 victorioso, envidiable para cualquier político latinoamericano. Logró firmar un acuerdo de paz con las Farc y por ello recibió un premio Nobel, el segundo en la historia para un presidente en ejercicio, emulando la hazaña de Barack Obama en el año 2009.
En lo económico, su gobierno había logrado maniobrar para mantener la inflación más o menos controlada y su equipo parlamentario había forjado el consenso para empezar a redactar una reforma tributaria que le permitiría equilibrar las cuentas en sus dos años restantes de gestión.
Pero el 2017 ha comenzado para Santos con varias sombras que amenazan incluso lo logrado el año anterior. El último escándalo, que cuenta que la multinacional y ‘multiacusada’ Odebrecht drenó 1 millón de dólares a su campaña electoral de 2014, apenas comienza.
Ya el Consejo Nacional Electoral asignó la comisión investigadora para determinar si efectivamente la historia contada bajo juramento por el ex parlamentario Otto Bula fue cierta y la campaña para la reelección cimentó sus bases con concreto de Odebrecht.
Paralelamente ya han comenzado a salir las primeras voces para solicitar la renuncia del premiado mandatario. La primera fue la del ex presidente Andrés Pastrana, quien señaló vía Twitter que si se comprueban pagos de Odebrecht a su campaña, el mandatario debería considerar su renuncia.
Otro que ha salido con la idea es el ex procurador General de la República, Alejandro Ordóñez: “Santos y Vargas Lleras callaban para tapar que su elección en 2014 se pagó con dineros de soborno de Odebrecht. Qué ambos den la cara!”, reclamó Ordóñez a través de su cuenta de Twitter.
Ordoñez consideró que lo sucedido deslegitima la elección, puso al Gobierno al servicio de la corrupción, lo que obliga a que renuncien.
Paralelamente, esta semana se conoció de una nueva citación emitida por la ‘Comisión de Acusación’ que en el congreso lleva a cabo la investigación contra Santos por supuesta ‘traición a la patria’.
Según la tesis de los acusadores, personajes de los sectores conservador y uribista, el presidente Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con las Farc ignorando los términos exigidos por los votantes que en el plebiscito habían sufragado a favor del ‘No’. También lo acusan de traicionar “las banderas democráticas” heredadas del ex presidente Álvaro Uribe y por las cuales había sido elegido en su primer gobierno. Solicitan que el congreso declare a Santos “indigno del cargo”.
La Comisión de Acusación citó a los denunciantes para escuchar más testimonios y recibir pruebas adicionales que buscan comprobar o desestimar el delito por el que fue acusado el Mandatario.
Esto último no tendría mayor relevancia dentro de las negociaciones políticas, salvo por el hecho de que aunado al escándalo de Odebrecht y las antipatías generadas por la reforma tributaria, constituyen un elemento más que perturba el ya endeble piso político de Santos.