Es una decisión tomada en primera instancia y Eduardo Verano ha dicho que apelará. Pero ¿qué contiene el expediente que sacó al mandatario de su despacho por 16 semanas?
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
La Procuraduría delegada para la Economía y Hacienda Pública, declaró responsable al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos provenientes de la estampilla ‘Pro-Ciudadela Universitaria’, en la cual se habrían destinado más recursos para gastos burocráticos que para el uso que debían tener estos fondos y que eran la razón de ser del mencionado mecanismo de recolección de dinero: la construcción de infraestructura en la Universidad del Atlántico.
Por el fallo, el ente contralor suspendió por cuatro meses de su cargo a Verano de la Rosa. Según la sentencia en primera instancia, entre las vigencias del 2007 al 2011, se destinaron a gastos de nómina, contratos de servicios personales y gastos generales, un total de 4.231.929.776 de pesos, lo que según el documento oficial, restó recursos para la inversión en obras de infraestructura de la Universidad del Atlántico.
Los recursos debían ser destinados principalmente a la infraestructura universitaria.
En el mismo, se declara igualmente responsable a la rectora del momento Ana Sofía Mesa, a quien también se le suspende en el ejercicio del cargo por cuatro meses.
La investigación y posterior medida corresponde a una solicitud de la Contraloría departamental que puso en conocimiento las presuntas irregularidades ante el Ministerio público, el 2 de agosto del año 2012.
Verano informó que presentará apelación ante fallo de la Procuraduría. En la apelación, Eduardo Verano de la Rosa argumenta que “el salario del secretario de la Junta de la Ciudadela Universitaria no lo debe pagar el departamento, lo debe asumir la Junta Pro-ciudadela, porque esta secretaría no es un ente de la administración departamental”.
En un comunicado de la gobernación se explica que en la ley 77 de 1981 se establece que la junta es un órgano colegiado en el que participan entre otros la rectora, un delegado del presidente, docentes, estudiantes y el gobernador entre otros. Verano dijo que confía en que la Procuraduría fallará en derecho. Mientras esté en curso la apelación del fallo, Verano se mantendrá en su cargo hasta que una instancia superior ratifique el fallo y tocará nombrar a un gobernador encargado. En el comunicado emitido por su despacho dijo que “está tranquilo”.
