
Los operativos serán drásticos para frenar la deforestación en todo el Atlántico, incluida Área Metropolitana. Guerra al contrabando de combustible.
Por Chachareros/Yaneth Cabrera
En un ejercicio de autoridad ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A) y la Policía Ambiental, realizaron un operativo en la vereda Las Nubes, zona rural de Barranquilla, en el cual se individualizó la operación de producción ilegal de carbón vegetal.
El operativo consistió en un barrido en la zona mencionada, donde se hallaron unas personas en flagrancia que se presume, estarían dedicadas a la producción de carbón vegetal mediante horno artesanal y de inmediato se procedió por parte de la C.R.A a la incautación de la madera y destrucción del horno, mientras que miembros de la Policía Ambiental, adscritos al Departamento de Policía del Atlántico (Deata), procedieron a la detención de dos personas.
Este tipo de actividades ilícitas afectan la población en general, por los perjuicios que ocasiona la tala indiscriminada, atentando contra los ecosistemas del Departamento, la degradación del suelo, la pérdida de oxígeno y de la biodiversidad, por cuanto el material particulado que emiten los hornos tiene emisiones atmosféricas que afectan la salud.
Las dos personas que fueron capturadas en flagrancia de esta práctica ilegal que impacta negativamente al medio ambiente, están siendo judicializadas y la Autoridad Ambiental Departamental por su parte, inició las actuaciones administrativas que ameritan en este caso.
Sin embargo, uno de los familiares de los detenidos justificó la presunta ilegalidad de deforestar para conseguir carbón vegetal para cocinar, debido al desinterés de la empresa Gases del Caribe por extender redes a sectores distantes del perímetro urbano, “además de que cobran una fortuna por la acometida y la instalación de ese servicio de gas natural”.
Delito ambiental
El director de la C.R.A, Jesús León Insignares, recordó que la extracción ilegal de la madera y producción del carbón vegetal es un delito ambiental que contribuye a la degradación y deforestación de los bosques secos tropicales y a incrementar las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero), reiterando que los operativos se intensificarán para lograr desmantelar actividades ilícitas que puedan estar ocasionando degradación de los recursos naturales en el Atlántico.
Para atender este tipo de denuncias, la C.R.A ha dispuesto la línea de atención 01-8000-110-102, para que los ciudadanos puedan informar y oportunamente se realicen las intervenciones por parte de las autoridades competentes 01-8000-110-102.
Suspenden manejo ilegal de combustible
Dentro de los operativos de seguimiento y control que viene realizando la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A), se impusieron dos medidas preventivas de suspensión de actividades ilegales de almacenamiento de combustible y minería artesanal, que se estaban desarrollando en los municipios de Baranoa y Juan de Acosta, respectivamente.
En el marco de sus competencias como autoridad ambiental del Departamento del Atlántico y en atención a las denuncias realizadas por la comunidad, la C.R.A impuso la medida preventiva de suspensión de actividades contempladas en la Ley 1383 de 2009, en un predio ubicado en la vía cordialidad por la trocha Pital de Megua, donde se almacenaba combustible sin ningún tipo de permisos.
Sobre el particular, las autoridades recordaron que, en esa zona, hace algún tiempo, se descubrió una ‘refinería’ clandestina, que ‘chupaba’ combustible del tubo-madre que transporta gasolina desde la base de Ecopetrol en Barrancabermeja, hasta los depósitos legales en Baranoa. El propietario del vasto predio ganadero, excongresista y exempresario lechero, alegó que era inocente de todo lo que sus trabajadores hacían en su finca, a pesar de que por todos los sectores aledaños al sitio de recepción del combustible ilegal había letreros ‘Prohibido fumar’, de considerable tamaño. Y él era un asiduo visitante a su propiedad.
Combustible decomisado

La ilícita actividad era tan descarada, que los vendedores ofrecían sus pimpinelas de gasolina corriente y extra frente a sus viviendas, como si se tratara de una venta de mangos. «Antes, por lo menos, lo hacían a escondidas», dijo el director de la CRA, Jesús Alberto León Insignares.
En esta ocasión, durante el operativo que se realizó por parte de los miembros del Centro de Reacción Inmediata Ambiental (Cria) de la C.R.A, con el acompañamiento del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) e Hidrocarburos de la Policía del Atlántico, la Personería y la Comisaría de Familia del municipio de Baranoa, se logró el decomiso de 25 galones de gasolina que fueron dejados a disposición de la Inspección de Policía de Baranoa. Además, se evaluó la posible afectación ambiental que se vendría presentando por estos puntos de almacenamiento de gasolina ilegal.
“Desde el 10 de octubre de 2018, la Corporación viene atendiendo estas denuncias. En esa ocasión para atender la solicitud de acompañamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación y el Sector Hidrocarburos, un equipo técnico de la Subdirección de Gestión Ambiental de la C.R.A en compañía de personal de la SIJIN, realizó la visita y encontró que había una afectación ambiental con riesgo a la comunidad, dichas conclusiones fueron remitidas a la Fiscalía General para continuar con el proceso” explicó Javier Restrepo, Subdirector de Gestión Ambiental de la entidad.
Una vez fue emitido el informe, la C.R.A expidió el auto 0002392 de 2018, por medio del cual se inició una indagación preliminar. Sin embargo, transcurridos seis meses y no encontrando información suficiente sobre los responsables para iniciar proceso sancionatorio ambiental, expidió el auto 00001255 de 2019, por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar.
Teniendo en cuenta la importancia de este tema, la Corporación continuó atenta a las denuncias de la comunidad. Por la situación de las restricciones impuestas por la pandemia delCovid-19, no había vuelto a realizar este operativo, sin embargo ya el 13 de julio de este año se intentó ubicar de nuevo las actividades, buscando una flagrancia para que la Policía tuviera soportes para individualizar a los responsables y la Corporación proceder a imponer las medidas preventivas del caso e iniciar las actuaciones pertinentes, sin encontrar en ese momento evidencias de las mismas, por lo que no se logró imponer ninguna medida.