Las Farc no van a entregar las armas para terminar confinados en mazmorras.
Por Abelardo De La Espriella*
El jueves pasado, en la ciudad de Bogotá, lancé, en mi alma mater, la Universidad Sergio Arboleda, ese centro educativo al que tanto le debo y quiero, mi último libro, titulado “La salida jurídica del proceso de negociación con las Farc-Reinserción, alternatividad penal, participación en política y garantía de no repetición”.
Abelardo De la Espriella
Se trata de un ejercicio académico, desprovisto de cualquier consideración ideológica o cálculo político, que tiene como propósito plantear problemas específicos, al tiempo que proponer soluciones concretas a los múltiples inconvenientes jurídicos que, de seguro, se presentarán en la confección de los acuerdos de paz que se celebran en La Habana y en su ulterior consolidación legal frente al ordenamiento nacional y la normatividad internacional.
Lo que debemos entender todos los colombianos es que se trata de una negociación, de un acuerdo entre las partes, y no de una capitulación, en la que hay vencedores y vencidos. Partiendo de esa premisa, es lógico y coherente que deberá otorgarse, indefectiblemente, una serie de beneficios jurídicos a todos aquellos que se desmovilicen. La paz demanda sacrificios.
Condicionar el probable acuerdo de paz a la penalización a ultranza de las conductas de la guerrilla, que son innumerables en todos estos años de guerra intestina, es equivalente a condenar a muerte los diálogos que hoy se celebran: las Farc no van a entregar las armas para terminar confinados en mazmorras.
La salida al problema es clara: tenemos a nuestra disposición herramientas jurídicas que permitirán, en este caso y en futuros procesos de paz con otras organizaciones al margen de la ley, la aplicación de mecanismos de justicia transicional o alternativa, que ayudarán a que este esfuerzo llegue a feliz puerto, sin violentar normas domésticas e internacionales. La clave está en hallar una solución socialmente adecuada y jurídicamente firme.
Si se ponen de por medio justicia, verdad y reparación en la solución del conflicto, junto a principios de reinserción y no repetición, ninguna norma ni organismo internacional podrán atravesarse a los acuerdos que al final se logren. No hay una sola norma del derecho internacional que exija que las penas propias de la justicia transicional deban consistir únicamente en encarcelamiento o privación de la libertad.
El Estado tiene la obligación ineludible de investigar, juzgar y sancionar a los autores de toda clase de crímenes, pero no tiene la imposición de condenarlos a todos. La idea es, pues, encarar a la dirigencia de la guerrilla, con un abanico de penas alternativas y aplicarles a los militantes rasos, la amnistía y el indulto, cuando se trate de delitos comunes, exceptuando los de lesa humanidad, en cuyo caso tendrá el Congreso que expedir una serie de normas sustanciales y procesales que impliquen un tratamiento más benigno que el ordinario. En palabras del maestro Juan Fernández Carrasquilla: “Ni perdón fácil, ni memoria odiosa, ni justicia vindicativa, ni indemnizaciones imposibles”.
He sido un crítico feroz de las políticas del presidente Juan Manuel Santos, pero, en el tema de la paz, siempre he estado de acuerdo con él desde el principio. Este esfuerzo debe ser acompañado por todos, pero ese apoyo no se debe entender como un cheque en blanco a favor de la guerrilla: los desmovilizados deberán pedir perdón, reparar a las víctimas y contar toda la verdad sobre sus negocios, socios, rutas y contactos, so pena de perder los beneficios, si no lo hacen.
La paz merece todos los esfuerzos, para que se concrete un sueño que todos tenemos: un país distinto para nuestros hijos.
La ñapa: Se fue de este mundo a los 92 años, escuchando la hermosa melodía de Vereda Tropical, un hombre excepcional: el doctor Hernán Gómez Pineda, patriarca cordobés. Su risa, inteligencia y cariño seguirán vivos en la memoria de todos aquellos que tuvimos la fortuna de conocerlo. Paz en su tumba.
