Los aguaceros de estos últimos días, en especial el del sábado, causaron estragos en Barranquilla y buena parte del departamento.
Por Chachareros/Carlos Mancera
Los temibles aguaceros de estos últimos días en Barranquilla y el Atlántico causaron inmensos daños en centenares de hogares en 12 municipios del departamento y en el suroccidente del Distrito.
Es la furia de la naturaleza por el daño desmedido de constructores, la deforestación sin control, el robo de tierras de bajamar en las zonas costeras y en los cuerpos de agua del centro del departamento y la acción constante de los invasores de tierras.
El gobernador Eduardo Verano recorre, en compañía de damnificados, las zonas más afectadas en Soledad.
Acciones sobre las cuales es imposible que tenga control un Gobernador sin una política de Estado decidida a controlar el deterior del medio ambiente. Ante esa triste realidad, solo queda hacerle frente a la situación calamitosa de miles de hogares pobres en todo el departamento.
Por ello, mediante el Decreto 000181 del 7 de mayo de 2018, el gobernador Eduardo Verano, decretó durante seis meses, la situación de calamidad pública para atender los 12 municipios del departamento del Atlántico que resultaron afectados por las fuertes lluvias del pasado sábado.
Los municipios cobijados con esta medida son Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Sabanalarga, Usiacurí, Baranoa, Piojó, Juan de Acosta, Candelaria, Campo de la Cruz, Santa Lucía y Luruaco.
En estos territorios municipales resultaron afectadas 1.391 viviendas, 6.000 personas y varias infraestructuras al servicio de la comunidad como estadios, escuelas y cementerios.
De esta manera, el gobernador Verano acogió la recomendación que le hizo el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres para que declarase la calamidad pública.
Verano De la Rosa manifestó que esta actuación administrativa permitirá apropiar los recursos necesarios para atender la emergencia y contar con el apoyo del Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
“La actividad contractual se realizará de conformidad con lo establecido en el Régimen Especial para Situaciones de Desastres y Calamidad Pública que establece la Ley 1523 de 2012”, explicó el mandatario.
«Gobernador, sin mentirle, ese cipote aguacero nos dejó prácticamente en cueros», le dice, sin contener la angustia, uno de los afectados.
Agregó que la contratación a realizar debe ajustarse al Plan de Acción Específico aprobado por el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El subsecretario para la Gestión del Riesgo de Desastres, Edinson Palma Jiménez, dijo que para atender los daños presentados se requiere adquirir, aproximadamente, 14.000 láminas de asbesto, al igual que bloques, cemento, ganchos, mercados, colchonetas y listones de madera, entre otras ayudas.
