El Fiscal delegado para las Finanzas Criminales, Andrés Jiménez Camargo, presentó el informe en rueda de prensa este miércoles.
Por Chachareros/Agencias
Luz Mary Guerrero Hernández, representante legal de Efecty, empresa del grupo Servientrega, fue una de las quince capturadas como resultado de las investigaciones por el caso de ‘Panamá Papers’, acusada por los delitos de falsedad en documento, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Fiscal Delegado de la Unidad de Finanzas Criminales, quien presentó este miércoles el informe sobre los efectos en Colombia de los llamados ‘Panamá Papers’.
Su hermano Jesús Guerrero envió un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el cual indica que, aunque lamenta el hecho, no habla con Luz Mary hace años.
En la misma información entregada por el Fiscal Delegado de la Unidad de Finanzas Criminales, Andrés Eduardo Jiménez Camargo, también hace imputaciones, por falsedad ideológica en documento privado, “a quienes se desempeñaban para la época de los hechos como representantes legales, contadores y revisores fiscales” de las empresas El Heraldo S.A., Zambrano Pinzón Asociados, Artextil, Rymel Ingeniería Eléctrica y Medicina Nuclear Diagnóstica.
Elaine Abuchaibe Auad, exgerente de El Heraldo, citada por la Fiscalía por el caso de los ‘Papeles de Panamá’.
En el caso de El Heraldo se imputarán cargos a Elaine Abuchaibe Auad, Beder Bernardo Pinto Mejía y María Fernanda Fadul Pineda, quienes desempeñaban los cargos de gerente y representante legal, contador general (todavía lo es), y auditora.
‘El temblor’ por los efectos de los ‘Panamá Papers’ o ‘Papeles de Panamá’, sobre los cuales ya hay libros, documentales y hasta libretos para una película, ya fueron capturados Juan Esteban Arellano, representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, a quien le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir; Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty y Circulante, para que responda por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros y concierto para delinquir.
Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega, fue detenida también para responder por los mismos delitos de Sánchez, además de lavado de activos.
Luz Mary Guerrero Hernández, presidente general de Efecty, capturada por la Fiscalía.
La investigación de la Fiscalía documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 la venta de facturas falsas a empresas colombianas por parte de empresas en el exterior.
«Dentro de la investigación, la Fiscalía comprobó que las sociedades extranjeras eran meras fachadas controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios que nunca se prestaron. No obstante, las sociedades colombianas sí pagaron las facturas falsas», según Jiménez Camargo.
Al menos 14 empresa colombianas acudieron a esas prácticas ilegales con conocimiento de sus representantes legales.
Un escándalo mayúsculo
La verdad es que todo nace de los seguimientos constantes que la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), mediante los buenos oficios de su filial antidrogas y lavado de activos (DEA, por sus siglas en inglés), hace sobre todo el mapamundi, en particular, en aquellos centros bursátiles en donde se mueve el dinero sucio de empresas ‘serias que hacen trampas’ y lavadores de dólares procedentes de negocios oscuros, de trampas financieras o, claramente, del narcotráfico.
En el caso concreto de los Papeles de Panamá, se estima que «por esta actividad ilícita, Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre el 2,5 % y el 4 % del valor de las facturas, dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada», dice la Fiscalía.
Y agrega que una vez cobrada la comisión, la firma Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes, con el propósito de ocultar el verdadero destino de los recursos.
Con la falsificación de la contabilidad, las empresas manipulaban las declaraciones de renta presentadas a la DIAN. La Fiscalía dice que sigue el rastro de otros siete casos.
Otros encartados
La Fiscalía también citará a audiencia de imputación de cargos a Pedro Julio Zambrano Pinzón, Juan Víctor Rozo Moreno y Ángela Rocío Rincón Marroquín, representante legal, contador y revisor fiscal, respectivamente, de la sociedad Inversiones Zambrano Pinzón Asociados S.A.S.
De la empresa Artextil S.A.S serán llamados a responder Claudia Patricia Aristizabal Botero, Luis Alejandro Orego Peláez y José León Gutiérrez Carmona, representante legal, contador y revisor fiscal.
María Lucelly Ortíz Herrera, Claudia Elena Mira Álvarez y Diego Alexander Serna Ramírez de Rymel Ingeniería Eléctrica S.A.S. Y Maritza Andrea Márquez Beltrán, Ernesto Fidel Varila Rojas y Carmen Benjumea Cárdenas de Medicina Nuclear Diagnóstica S.A.S.
Todos tendrán que responder por el delito de falsedad ideológica en documento privado. Los funcionarios de Medicina Nuclear Diagnóstica también serán imputados con el cargo de fraude procesal.
Una lista para un libro
Los Papeles de Panamá divulgados de manera subrepticia por la DEA eran tan intensos, que ni siquiera pudieron publicarse completos en un libro de más de 600 páginas.
Dichos ‘Papeles’ contenían 11 millones de documentos que reflejaban el movimiento de dinero de personajes relevantes de la escena internacional.
En su momento, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de la Dian, Santiago Rojas, revelaron que el 65 por ciento de los 1.245 casos colombianos que aparecen registrados en los ‘papeles de Panamá’ no había registrado sus activos en el país.
El otro 35 por ciento suministró datos sobre sus cuentas en Panamá. El funcionario agregó que cerca de 10 firmas realizaron una refacturación de sus cuentas, por lo que también se abriría un proceso en su contra. Esos casos superan los 3 millones de dólares.
La Fiscalía aseguró que por lo menos 14 sociedades colombianas habrían transferido recursos de manera irregular fuera de las empresas, falsificando su contabilidad y manipulando declaraciones de renta.
