Y caerán más, porque la cosa en Córdoba es grave. ¿En qué quedó el homicidio del jefe de regalías Jairo Zapa Pérez?
Por Chachareros/Colprensa/Unidad Investigativa El Tiempo
Los abuelos, tan sabios ellos, aseguran que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. ¡Resulta tan cierto, que asombra ahora todo cuanto sucede en Córdoba, tras largos meses de calma chicha en que el común de la población de Montería se preguntaba con asombro “¿Y será que nadie va a caer por tanta corruptutela en el departamento?”.
Durante la gestión del gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Mucskus, fue cuando ocurrieron los más escandalosos casos de corrupción. Ahora él, desde Estados Unidos donde está refugiado, desenmascara al Fiscal corrupto. ¿Y qué pasa con el caso de Jairo Zapa?
Muchos monterianos asombrados decían que “aquí la política se putió. Es difícil que yo le diga Fulano de tal es un político limpio, de esa clase aquí ya no la hay, tal vez la hubo. Pero eso fue en tiempos pasados”, afirma un respetable ganadero antioqueño enraizado en Córdoba.
Sin pelos en la lengua afirma que “el secuestro, tortura y muerte del jefe seccional de regalías Jairo Zapa Pérez va por la vía de la impunidad, porque hay unos capturados, presuntos autores materiales. El almendrón que más interesa es el de los autores intelectuales. Esos son los peces gordos que hay que buscar”.
De todas maneras el caso de Luis Gustavo Moreno, abogado barranquillero, detenido en un operativo de la Fiscalía, con apoyo de la DEA, mediante orden dispuesta en Circular Roja de Interpol por de conspiración para lavar activos, es un detonante de la posible caída de otros peces gordos artífices principales en la horrible ola de corrupción en la política cordobesa, como se ve, en contubernio con algunos organismos de investigación y control. En esta redada también cayó el penalista Leonardo Pinilla.
La vicefiscal general, María Paulina Riveros, informó este martes de la captura de quien fuera hasta la fecha director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, el barranquillero Luis Gustavo Moreno Rivero, por presuntos sobornos del investigado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.
En el operativo, que se cumplió con el apoyo de la DEA, también cayó el abogado penalista Leonardo Luis Pinilla Gómez.
La orden de captura fue dispuesta mediante Circular Roja emitida por Interpol en Lyon (Francia), por el delito de conspiración para lavar activos con el fin de promover el soborno y la corrupción en Colombia. Esta orden de captura internacional, ha sido librada con fines de extradición y por este motivo serán trasladados al pabellón de extraditables de la Penitenciaria La Picota en Bogotá.
Luis Gustavo Moreno no se va de agache, con toda seguridad se vendrá con una bomba acerca de todo cuanto sabe sobre el todavía no bien esclarecido homicidio de Jairo Zapa Pérez jefe de regalías de Córdoba durante la gobernación de Alejandro Lyons Muskus. Rodarán más cabezas. Como tiene que suceder.
«Los cargos que estas personas enfrentarán en los Estados Unidos se relacionan con un supuesto concierto entre Moreno y Pinilla para obtener gruesas sumas de dinero del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a cambio de actuaciones de Moreno para incidir en los casos que actualmente enfrenta Lyons en Colombia», indicó la vicefiscal.
Agregó la funcionaria que «a través de Pinilla como intermediario de Moreno, buscaron a Lyons para exigirle dinero con los fines antes citados».
Explicó además Riveros que la presunta conspiración entre Moreno y Pinilla trascendió al territorio americano, donde actualmente se encuentra Lyons, y llegó a tal punto que Moreno aprovechó una comisión oficial de trabajo para contactarlo de nuevo.
«Las pruebas acopiadas por funcionarios de Estados Unidos acreditarían que se reunieron hace aproximadamente dos semanas en el territorio americano. En una de esas reuniones, Moreno y Pinilla al parecer recibieron de Lyons un pago de varios miles de dólares americanos», advirtió.
El esclarecimiento pleno del horrible homicidio de Jairo Zapa salpicará a muchos, que todavía están libres, e inclusive gozando de la buena vida en el extranjero. Cuando el Fiscal General Néstor Humberto Martínez salga de la clinica, vendrá como un toro a exigir investigaciones profundas y rápidas. Caiga quien cayese. De eso se trata.
Independiente del caso objeto de extradición en Estados Unidos contra Moreno y Pinilla, precisó la vicefiscal, la Unidad de Fiscalías Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia, que ya adelanta “un caso por el delito de concusión, ha formulado solicitud de imputación, de cuya realización estaremos informando al país”. Por su parte, al abogado Pinilla se le estará imputando el mismo delito.
Y frente a la situación de Lyons, dijo que continúan los procesos contra el exgobernador, quien ha ofrecido eventual colaboración con las autoridades colombianas.
El caso de Zapa ensuciará a muchos
En un seguimiento a la ‘agenda secreta del jefe de regalías asesinado en Córdoba’, la Unidad Investigativa del diario El Tiempo encontró cosas más que sorprendentes.
Notas de Jairo Zapa sugieren pago de coimas en contratos con regalías que suman $ 500.000 millones.
Investigadores judiciales están seguros de que el asesinato de Jairo Alberto Zapa Pérez, jefe de regalías de Córdoba, cuyo cadáver fue hallado semioculto en una poza, está conectado con un ‘carrusel’ de contratos en ese y otros dos departamentos de la Costa Caribe, similar al que se tejió para saquear las arcas de Bogotá.
El botín en este caso serían 150.000 millones de pesos, monto que Zapa alcanzó a ejecutar en proyectos de ciencia y tecnología, pero también los rubros de municipios en los que él, como delegado del gobernador Alejandro Lyons, tenía voz y voto para definir inversiones.
“Podemos estar hablando de más de 500.000 millones de pesos, que salpican a contratistas, funcionarios de alto nivel y miembros de la élite de Córdoba”, según confesiones de un investigador.
Así se desprende de las cuatro agendas que dejó Zapa y de decenas de documentos y cuadros con teléfonos celulares, nombres y fechas que aparecieron semanas después de su homicidio y que sugieren que varios contratos se feriaron a cambio de comisiones de entre el 25 y el 30 por ciento. Y así se lo confirmó a este diario un allegado al asesinado ingeniero, que ya testificó ante la Fiscalía.
El cuerpo de Zapa apareció el 6 de agosto, con señales de estrangulamiento, muy cerca de la finca Milán, de propiedad de Alejandro Eugenio Lyons de la Espriella, padre de Alejandro Lyons, gobernador de Córdoba y jefe de Zapa. El hallazgo llevó al Gobernador a pedirle a la Fiscalía que se investigue su conducta, patrimonio y el destino de las regalías durante su administración.
Antes de llegar a ese cargo, Lyons era casi un desconocido en la política. Ejercía su profesión de abogado en una oficina, en la que defendió, entre otros, a Emilio Tapia, su paisano y uno de los cerebros del ‘carrusel’ en Bogotá.También a Erick Morris, primer condenado por ‘parapolítica’ y suegro del senador Bernardo Miguel Elías Vidal, el Ñoño Elías, cuya hermana está casada con Lyons.
Mara Bechara, candidata a la Gobernación hace algunos años y hoy gerente de la Universidad del Sinú –propiedad de su familia–, le admitió a los rporteros que fue ella quien pasó la hoja de vida de Zapa, “por solicitud de la Gobernación”. Según explicó, “su experiencia en Invías, la Corporación Valle del Sinú (CVS) y el trabajo que realizó en la universidad como docente” lo hacían apto para ocupar el recién creado cargo de jefe de regalías.
Tras revisar documentos de la Gobernación y los que Zapa dejó, se pudo establecer que la Universidad del Sinú es una de las instituciones educativas que –gracias a un ajuste a la Ley que se hizo en el Congreso–, terminó participando en proyectos agroindustriales y de ciencia y tecnología financiados con regalías y monitoreados por el asesinado funcionario. Según sus notas, otras instituciones que recibieron recursos mediante esta modalidad fueron la Universidad de Córdoba y la Pontificia Bolivariana.
Las agendas de Zapa también revelan que ese tipo de convenios eran revisados por él y por Lyons en largas reuniones en la casa o en el despacho del Gobernador.
Cuando el río suena…
Uno de los manuscritos, que apareció 72 horas después del homicidio al lado del pasaporte del muerto, titulado ‘Evidencia II’, describe algunos desembolsos. Allí señala que solo el 70 o el 75 por ciento de un dinero proveniente de las regalías se invirtió. El resto, dice, “es utilidad”. El cuadro en cuestión se refiere a un proyecto agroforestal por 4.882 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron 3.967 millones. ¿Dónde está el resto?
También hay un cronograma de pagos, elaborado por Zapa, por 18.700 millones de pesos que da varias pistas. Según dejó explicado de su puño y letra, el monto equivale al 25 por ciento de un proyecto agroforestal y le iba a ser girado a un beneficiario desconocido, en pagos mensuales, entre marzo y agosto, justo el lapso en el que Zapa desapareció.
En total, hay 76 proyectos bajo la lupa y se revisa otro paquete, por 14.000 millones de pesos, firmados entre el 10 y el 26 de marzo.
Pero la pista más fresca es un disco duro, con información encriptada, que ya está en manos de la Procuraduría y que podría extender la indagación a dos departamentos más y a un joven y poderoso político del Magdalena.
Por ahora, el expediente del asesinato de Zapa fue trasladado a Bogotá, entre otras razones para sacarlo del círculo de poder en el que se estaba moviendo. En este sentido, hace poco una multinacional logró que la Corte Suprema trasladara otro caso aduciendo que la madre del Gobernador, Luz Helena Muskus, fue magistrada auxiliar del Consejo de la Judicatura en Bogotá (ahora es notaria). Además, que uno de los abogados de los Lyons ha sido Miguel de la Espriella, exsenador condenado por ‘parapolítica’ y hermano del director administrativo de la Rama Judicial en Córdoba.
Un primo y un subalterno de Zapa, señalados de su homicidio
Al ingeniero Jesús Eugenio Henao Sarmiento lo señalan de planear la desaparición y muerte de Jairo Zapa. Este hombre – contratista de proyectos agroindustriales–, fue quien citó a Zapa a una reunión, el 27 de marzo, el día en que desapareció. Ese día, Zapata estaba con Carlos Pérez, su primo y profesor de la Universidad del Sinú; Maximiliano García Bazanta, segundo de la oficina de regalías; y Jesús Albeiro Torres, quien llegó acompañado por el ‘expara’ Joyce Hernández y por su novia, Zuan López. Días después, cuando Zapa era buscado, la enfermera Georgina Valdez Valencia se presentó a la Fiscalía y dijo que era amiga de Jesús Albeiro Torres y que este le había contado que Zapa estaba muerto y que habían desaparecido su cadáver.
“Le pregunté cómo lo habían hecho, que si a tiros y me dijo: ‘No, lo estrangularon’. (…) Que Jairo se arrodilló diciéndole a Joyce: ‘Yo te conozco, piensa en mis hijos, no lo hagas’ ”, dijo la testigo.Y agregó que Maximiliano García, el subalterno de Zapa, y Carlos Pérez, su primo, hicieron parte del plan. A los seis los capturaron en abril, sindicados (inicialmente) de desaparición forzada. Pero, en agosto, Joyce Hernández ofreció ubicar el cuerpo a cambio de beneficios y llevó a los investigadores a Pueblo Nuevo, a 40 metros de la finca Milán, de Alejandro Lyons, padre del gobernador Lyons. Lo que llamó la atención es que el ‘expara’ del bloque Centauros, demoró horas para recordar dónde estaba el cuerpo. Antes de ser detenido, Henao, la pieza clave del crimen, visitó a la viuda de Zapa, María Isabel Valencia. Ella afirma que le ofreció 2.000 millones de pesos, producto de negocios con Zapa. A Henao lo vinculan con varias firmas recién creadas, beneficiarias de los proyectos que movía la oficina de Zapa, y en Santander. La viuda también contó que el gobernador Lyons le ofreció instalar cámaras en su casa para protegerla.
“Yo mismo pedí que se investigara”
El gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, aseguró en aquellos turbulentos momentos que, semanas después de que desapareció su amigo y funcionario Jairo Zapa, él mismo le pidió a la Fiscalía que investigara la contratación que se manejaba en su oficina. “Y también, que me investigaran. Incluso, la Fiscalía ya me citó y me preguntó por sus funciones y posibles amenazas”, explicó Lyons. Confirmó que Mara Bechara se lo presentó unos días antes de su posesión y que lo llevó a su administración porque “era una persona técnica, con buena hoja de vida”. Y que, que le delegó la contratación del rubro de ciencia y tecnología por el excelente desempeño que tuvo.
Sobre posible exigencia de coimas para asignar contratos, Lyons dijo que todos los convenios son evaluados técnica y financieramente y tienen la aprobación de Colciencias. “De parte del Gobernador eso no ha sucedido. Y no creo que Jairo, por su transparencia, esté vinculado a eso”, dijo.
E insistió en que es el más interesado en que el caso se aclare este crimen.
Mara Bechara, U. Sinú
Admitió haber llevado la hoja de vida de Zapa a la Gobernación, pero negó que fuera cuota suya: “El doctor Zapa tenía una hoja de vida brillante. Fue docente de la universidad. Pero yo no tengo cuotas políticas ni cargos. Lo recomendé como académico”. Agregó que su universidad no es la única que participa en programas con regalías: “La norma invita a las instituciones a presentar proyectos. Los nuestros nacieron en la anterior gobernación”, dijo.
Isabel Valencia, viuda de Zapa
María Isabel Valencia viuda de Zapa está muy pendiente de las indagaciones por el homicidio de su marido. Piensa que todavía hay muchas piezas sueltas y varios personajes por vincular.
“Quiero que se haga justicia. Que la verdad salga a la luz. El hecho de que el caso haya sido trasladado a Bogotá es un alivio para mí y también para la familia de Jairo. Eso hace que el caso se desarrolle con transparencia, para que al final se sepa qué fue lo que motivó el crimen que terminó con la vida de mi esposo, y que nada de lo que ocurrió vaya a quedar en la impunidad”.
En su momento el representante de protección a las víctimas pidió, conforme a la voluntad de la viuda de Zapa, pidió congelar los bienes de Jesús Henao, detenido por el crimen del jefe de regalías de Córdoba. La solicitud se hizo para proteger el derecho a la indemnización de los prejuicios causados con el delito. En ese momento se calculó una cifra de $860 mil millones, cuantía determinada por el salario de la víctima y la actividad económica en que se movía.
