Fiscal General Néstor Humberto Martínez afirma que se volvió un delito trasnacional. Una especie de ‘carteles mundiales de bandidos’.
Por Rafael Sarmiento Coley
Crear un grupo élite contra la dañina cartelización empresarial en Colombia, acordaron este jueves la Fiscalía General y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en el marco del IV Congreso Internacional de Libre Competencia Económica, que desde este jueves se realiza en Barranquilla.
Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación, durante su conferencia de este jueves en el IV Congreso Internacional de Libre Competencia Económica.
En el evento, que se realiza en el salón Jumbo del Country Club, participaron conferencistas nacionales e internacionales, además del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien fue el expositor estrella del evento, por los importantes anuncios que hizo.
La preocupación por la evidente presencia en Colombia de los despreciables ‘carteles’ de diversos sectores empresariales es porque, al amangualarse, imponen precios iguales en sus diversos productos, los aumentos de esos precios también son unificados entre los miembros del ‘cartel’, en perjuicio grave para el consumidor.
Del mismo modo en el sector de la contratación pública existen carteles que se asocian para confabular en contra del erario, ya que terminan manejando las propuestas de tal manera que siempre ganan las mismas firmas porque se reparten los contratos entre sí. Eso encarece la contratación pública, según los cálculos del Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo Del Castillo, en más de un 40%.
Una lucha frontal
El Fiscal General Martínez Neira dijo que la lucha contra la corrupción debe ser frontal. Y, además, global, por tratarse de un fenómeno que se convirtió en una actividad ilegal trasnacional.
“La lucha contra la corrupción es global, se acabó el escondite para los dineros ilícitos”, expresó el Fiscal General, tras anunciar que próximamente se reunirá con los fiscales generales de Centro América para avanzar en un proyecto de cooperación judicial en esa materia; el cual ya se está ejecutando con Panamá, que por primera vez ha enviado pruebas judiciales a Colombia de capitales ilícitos ocultados en ese país.
Sobre la colaboración de Panamá con Colombia el Fiscal General señaló que “el caso reconocido mundialmente como Mossack Fonseca Papers, compromete la actividad de nuestra profesión, de la profesión del derecho y la mano de la autoridad de investigación y acusación en Colombia va a llevar a los tribunales a todos aquellos agentes que desde las profesiones liberales concurrieron en un concierto para delinquir, mediante ilícitos que tienen que ver con falsedades, con fraudes procesales y con conductas de otra naturaleza a deteriorar mucho más el tejido y el alma ético de la Nación”.
Frente al tema de la corrupción, el Fiscal General señaló que la sentencia en materia penal no será la única que enfrenten los corruptos, porque paralelamente la Fiscalía ha dispuesto que toda investigación que llegue a imputación debe ser acompañada por procesos de lavado de activos o de extinción de dominio, con la finalidad de expropiar los capitales ilícitos producto de la corrupción a cualquier nivel.
Las acciones judiciales no se quedarán solamente en los procesos penales que se adelanten en Colombia sino también en otros países a través de extradiciones “los colombianos, las autoridades, la Fiscalía, debemos preferir ver a un corrupto pagando por sus actos en una cárcel en el exterior con motivo de la extradición, a que tengan el beneficio o de la excarcelación o de pagar sus penas privativas de la libertad en su propia casa o mansión privada”.
Aseguró que en tan solo tres meses de su gestión, la Fiscalía ha incautado bienes por 2.2 billones de pesos y en una sola sentencia de extinción de dominio fueron expropiados 1.8 billones de pesos en activos que hoy forman parte del patrimonio de la nación. Uno de los más golpeados ha sido el denominado ‘Cartel del Golfo’, que opera desde el Urabá antioqueño y es el causante del incremento de la violencia y el microtráfico en el Golfo de Morrosquillo en Sucre y Córdoba.
“No queremos más Electricaribe”
Mauricio Gómez, representante a la Cámara Liberal por el Atlántico, anunció que, en definitiva, la Costa ya no cree en el reencauche de Electricaribe en manos de los españoles.
El representante a la Cámara del Atlántico por el Partido Liberal, Mauricio Gómez, quien fue uno de los asistentes al foro, en declaraciones a la prensa sostuvo que el bloque de congresista de la Costa Caribe colombiana “anuncia públicamente que nos oponemos a que el acuerdo al cual llegó el Gobierno colombiano con el Grupo español Gas Natural Unión Fenosa tras una reunión de tres días, sea una refinanciación nacional con algún pequeño aporte de los españoles, para que luego haya una reestructuración y vuelva el perro con distinto collar. Es decir, le entreguen de nuevo este vital servicio a Gas Natural”.
Sus sospechas de que esto pueda ocurrir las fundamenta el representante barranquillero en el hecho de la ausencia de voceros representativos de la Costa Caribe. “No hubo uno solo. Ni un Gobernador, Alcalde, Diputado o Congresista. Fue una reunión secreta, a puertas cerradas. Y uno no sabe qué se acordó allí. Lo que sí le hacemos saber al Gobierno es que no queremos más a los señores de Gas Natural Unión Fenosa. Queremos que vengan otros operadores con el suficiente músculo financiero para que después no salga con cuentos chinos”.
Citó el caso de las declaraciones tranquilas y optimistas que los funcionarios de Gas Natural le dieron al diario español El País, en donde señalan que hay posibilidades de una reestructuración y aseguran que el gobierno colombiano tiene buenas intenciones, pues existen normas colombianas que obligan al gobierno de turno a cumplir su palabra en este tipo de contratos con firmas extranjeras, para que haya garantías para el inversionista foráneo.
Fortalecen lazos
Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, principal organizador del Congreso Internacional que este viernes concluye en Barranquilla,
En este evento en Barranquilla, que se clausura este viernes, el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunció la creación de un Grupo Élite para combatir las prácticas anticompetitivas que se están presentando en las licitaciones y contrataciones públicas.
El funcionario señaló que la entidad concentrará sus esfuerzos el próximo año en adoptar herramientas para prevenir esta conducta, pero especialmente en tomar medidas para combatir los nuevos casos de colusión que se evidencien y evacuar los procesos que hoy en día está investigando la Superindustria.
Recordó que en la actualidad, la Superintendencia de Industria y Comercio investiga 145 casos de posibles colusiones en procesos de contratación pública involucrando a más de 838 posibles investigados, de los cuales, el 30% corresponden a procesos relacionados con obras civiles y mantenimiento de las mismas, el 20% a procesos de contratación pública de servicios y 16% a procesos de contratación en vigilancia.
Estos contratos ascienden a ocho billones de pesos que son recursos del Estado y que “se vuelven ineficientes cuando se destinan a empresas que, a través de consorcios violan la libre competencia, generando sobrecostos a la nación” manifestó Robledo.
De estos procesos se destacan el del presunto cartel de seguridad privada en licitaciones públicas que se encuentra en etapa probatoria y los ya sancionados carteles de colusión en licitación pública del Icbf – Nule, colusión en licitación pública en Idipron, colusión en licitación pública en la Gobernación de Arauca y colusión en licitación pública en el Invías.
Así mismo en 2016, la SIC ha impuesto multas por más de 3.000 millones de pesos en casos de colusión en contratación del Estado.
Por su parte el Fiscal General de la Nación aprovechó este escenario para alertar por la existencia de “mafias de contratistas” que a través de procesos licitatorios, los cuales al final solo tienen un oferente, están accediendo a los recursos de las entidades públicas, con el agravante de que muchos de esos contratos no se ejecutan en su integridad, otros tienen ejecución menor al 60% del dinero adjudicado y constituyen un verdadero fraude a los intereses de los colombianos.
Destacó que la alianza entre la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio va a ser, como ya lo ha sido, muy provechosa en la lucha contra estas prácticas que están afectando el patrimonio de la nación”
Indicó que la Fiscalía ha identificado 78 redes de contratistas que a través de consorcios o uniones temporales han resultado ganadores de centenares de licitaciones. agregó que en en esas redes coinciden los socios, los revisores fiscales y muchas veces hasta los interventores
“El oferente único es una modalidad que supera ya el 80% de las contrataciones públicas en Colombia… Ahí hay un “germen canceroso” y lo que estamos evidenciando es que buena parte de estos contratos terminan con sobrecostos o inejecución de las obras” concluyó.
Información de primera mano
Paola Herrera, la dinámica y eficiente directora de comunicaciones de la Super Industria y Comercio.
Paola Herrera, directora de comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio aseguró que, para prestar un servicio más eficiente a la ciudadanía, el departamento de prensa recurrirá a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, para tener un contacto más directo con el periodismo nacional, tanto en Bogotá, como en el resto de las regiones del país.
De esta manera los medios de comunicación contarán con una información de primera mano, para que la comunidad esté siempre bien informada sobre las actividades de la SIC y sobre la forma en que puede acudir a dicha entidad para una queja o reclamo.
Lo que están en mora de hacer otras Superintendencias, como la Financiera, que no ha podido mostrar al público su anhelada tarea de meter en cintura al sector bancario, en donde también existen ‘carteles’ internos para saquear, gota a gota o de un solo golpe, las cuentas de ahorros de los clientes bancarios.
Es una ‘Super’ casi anónima de nulo contacto con el periodismo de las regiones, que también existe como el de Bogotá, y del mismo modo, cubre las noticias provenientes de la entidad encargada de vigilar al importante sector financiero, sobre el cual debe estar el ciudadano de la calle bien informado.
