Alejandro Ordóñez derrumbó muchos mitos del paro. Pero la mala prensa sigue.
Por Rafael Sarmiento Coley
No se sabe por qué extrañas circunstancias el Establecimiento colombiano se dejó vapulear de tirios y troyanos desde cuando comenzó el paro, permitiendo – sin maniobra de defensa- que todo el estiércol de los horrendos sucesos colaterales de la protesta cayera sobre la Casa de Nariño.
En otros tiempos otros presidentes acudían de emergencia al brujo venezolano Juan José Rendón, estratega político, activista, influencer, psicólogo, publicista y versión moderna de Rasputín, el Monje maldito de los zares rusos.
Que el Esmad se pasó de maracas en muchas acciones, cierto. Que el vandalismo hizo demasiado daño sin saberse a ciencia cierta si era parte del plan de los directivos de las protestas, o se trataba de una estrategia macabra de las Fuerzas del Estado para deslegitimar el descontento masivo de la sociedad civil. Que es un hecho evidente.
Y lo peor del asunto es que, según congresistas conocedores de todo cuanto acontece en la Casa de Nariño puertas adentro, es que si algún gobierno ha gastado plata en imagen – con programa diario propio por televisión; entrevistas pagas en cotizadas revistas; declaraciones extensas en las principales cadenas radiales que reciben generosas ordenes de publicidad de entidades oficiales.
Y, a pesar de todo eso, el Establecimiento se dejó apabullar con la propaganda negativa que traspasó las fronteras y de una manera expansiva en las principales ciudades del mundo se habló de Colombia como de un país paria, salvaje, sin garantías ni respeto por los derechos fundamentales del ciudadano.
Y a todas estas, la costosísima nómina del Dorado Exilio -embajadores y cónsules que ganan buena plata en moneda extranjera- callados como ostras y escondidos en los muros de sus sedes diplomáticas. Esa es la realidad. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Se aculillaron ante la abrumadora publicidad negativa?
Sale un diestro al ruedo
Y, mientras se analizaban esas coyunturas, de repente levanta la mano el ex Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez -Embajador de Colombia ante la Organización de Estados Américas (OEA)–, y dice, “un momento, señores, paren ahí, las cosas no son como las están contando”. Y como buen santandereano, amigo de Horacio Serpa, comedor de butifarra con bollo de yuca durante los largos años que vivió en Barranquilla como representante del Ministerio Público en esta sección del país”, se ‘jaló’ su catilinaria, que, entre otras cosas, está muy bien documentada, por lo que nos permitimos darle vía libre para que se despache:
El exprocurador y hoy embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos, Alejandro Ordóñez, parece estás «solo contra el mundo» como lo dice el periodista William Calderón Zuluaga en su columna «La Barca de Calderón».
Y es que Ordoñez, es la única voz que, hasta el momento, ha hecho una defensa certera sobre las falacias que en el mundo se andan regando a través de medios de comunicación que, engañados, han puesto al Estado como el peor represor y a los vándalos que infiltraron las marchas, como abanderados de la lucha social y víctimas del accionar represivo del Estado.
Ninguna voz de quienes representan en el exterior al país ante organismos multilaterales ha sido escuchada hasta el momento, porque no han tenido el valor de contarle al mundo lo que en realidad está ocurriendo; con la excepción del embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez.
Esa voz contundente, se escuchó en el marco del Consejo Permanente de la Organización, a Ordoñez denunciando un plan transnacional del crimen que busca desestabilizar los países del bloque americano y contando la verdad sobre lo que está ocurriendo el Colombia desde el pasado 28 de abril, día en que se inició el Paro Nacional.
Alejandro Ordóñez, defendió la labor de las fuerzas de seguridad del Estado, representadas en la Policía, el Esmad, el Ejército; quienes poseen la fuerza legítima y el mandato constitucional para mantener y restablecer el orden; mientras en el ejercicio de su función, son atacados con armas, torturados, asesinados y hasta intentado quemar a varios de ellos vivos; siendo víctimas de manifestantes que dejan de serlo para convertirse en delincuentes.
El discurso de Alejandro Ordóñez ante la OEA
Señora presidente, colegas: Aprovecho esta oportunidad para contextualizar con ustedes los hechos que vienen ocurriendo en Colombia como consecuencia del paro nacional y las acciones que se desarrollan en busca de la garantía de los derechos de todos los ciudadanos, entre los que se incluye el derecho a la protesta pacífica; pero también los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad, al trabajo, a la libre circulación y a la atención en salud, este último prioritario a propósito de la pandemia.
Coincidimos en la legitimidad de la protesta social. En Colombia, entre el 28 de abril y el 10 de mayo, se han realizado 2.682 concentraciones. Las pacíficas, con la facilitación y seguridad por parte del Estado.
El vandalismo
Pero es preciso hacer distinciones. Un asunto es la manifestación pacífica y otro el vandalismo. Unos son los sectores que manifiestan sus inconformidades y peticiones bajo las reglas de la Democracia y otros los desadaptados que atentan contra la sociedad y pretenden destruir todas las instituciones, ejecutando agendas insurreccionales financiadas, planeadas y articuladas por la subversión y el crimen trasnacional.
Así como el Estado colombiano trabaja para garantizar los derechos del primer sector, despliega todas las herramientas legales para enfrentar al segundo.
Generadores de violencia
Hay una verdad que no podemos ignorar. Quienes hacen parte de la protesta no son generadores de violencia o caos y merecen toda la atención, respeto y garantías, pero los criminales de siempre, aquellos que pretenden obtener el poder político a través del chantaje de la criminalidad, permean e instrumentalizan las causas legítimas para tratar de quemarlo todo. Es decir: protesta pacífica durante el día, pero vandalismo, saqueos, destrucción y zozobra en la noche.
No nos equivoquemos
No nos equivoquemos. Hay una furia nihilista contra la autoridad, contra nuestras libertades, contra la propiedad, contra nuestros símbolos históricos, nacionales y religiosos. Nada tiene que ver con las justas demandas. La estrategia ha sido clara: pretenden debilitar al Estado, deslegitimar la autoridad, humillar a las fuerzas del orden y hacerlo todo cenizas en el fuego de las barricadas.
Violencia organizada
La historia se repite. Un proyecto de reforma tributaria presentado con la intención de atender las afectaciones generadas por la pandemia produjo el malestar de diversos sectores, causando, insisto con la distinción, una protesta legítima, pero también una violencia organizada de tintes anarquistas.
Y de esta violencia hacen parte organizaciones terroristas y ligadas al narcotráfico como el ELN y las disidencias de las Farc. Lo mismo ocurre con agitadores profesionales, antiguos criminales que hoy obran como patriarcas de la anarquía y buscan réditos políticos en cada víctima, en cada jornada de caos.
Intereses externos
Hay intereses externos que intentan construir narrativas de un Estado colombiano violador de Derechos Humanos, para que su discurso permeé eventuales decisiones de organismos internacionales. Desconocen que la institucionalidad colombiana ha salido airosa de otros intentos de desprestigio. Desconocen que nuestro pueblo respeta y agradece la acción de su Policía y de sus Fuerzas Militares.
Pruebas al canto
Un resumen de las consecuencias de esta violencia. Las cifras hacen referencia a hechos ocurridos entre el 28 de abril y el 10 de mayo:
1.362 bloqueos a vías públicas
716 particulares lesionados, 32 fallecidos
849 miembros de la Policía lesionados, 12 con armas de fuego. Uno de ellos, el capitán Jesús Albero Solano, fue asesinado.
987 buses se servicio público vandalizados e incendiados en Bogotá
421 oficinas bancarias afectadas
305 acciones contra establecimientos comerciales, 143 saqueados
156 estaciones de transporte afectadas
11 monumentos culturales afectados
2 entidades religiosas vandalizadas
98 instalaciones policiales afectadas
667 capturas
51 ciudadanos extranjeros identificados en actividades de protesta. 6 fueron expulsados del país. 14 incurrieron en presuntos delitos.
378 armas de fuego incautadas
72 elementos explosivos incautados, así como 11.534 armas cortopunzantes
Graves denuncias
Dos casos puntuales y dramáticos. Una ambulancia fue vandalizada por manifestantes que bloquearon una vía. En su interior, una mujer estaba en trabajo de parto. Su bebé recién nacido falleció ante la impotencia de quienes les brindaban atención médica.
En Bogotá, más de 10 miembros de la Policía fueron encerrados en un Comando de Atención Inmediata. Sus agresores intentaron, óigase bien, quemarlos vivos.
No más
Este vandalismo criminal, señores embajadores, es el que ha obligado a la intervención legítima de nuestra Policía con el respaldo de las Fuerzas Militares. El Estado tiene obligaciones y no debe, no puede y no quiere tolerar la violencia ni claudicar ante quienes la ejecutan. No vamos a permitir que el Estado sea desbordado y paralizado por estos encapuchados, que en muchas ocasiones son pagados por estructuras ilegales.
El legítimo derecho
Mucho se habla en distintos escenarios, incluso en algunos de la institucionalidad multilateral, del uso excesivo de la fuerza. Poco se habla en estos canales del uso legítimo de la misma. Bien se ha dicho: El derecho sin la fuerza es la anarquía, la fuerza sin el derecho es la barbarie. Algunos sectores pretenden criminalizar a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, mientras ellos arriesgan su vida misma para proteger los derechos de Todos los ciudadanos.
Estado ciego
No estamos acá para pretendernos un Estado ciego ante hechos que pueden significar la vulneración de derechos de algunas personas que participan en las marchas. El Gobierno ha sido claro: todo servidor público que participe en estas acciones será investigado y sancionado ejemplarmente. Las detenciones, procesos judiciales y la primera condena en el caso de excesos policiales contra el ciudadano Javier Ordóñez, ocurrido en septiembre del año anterior, así lo demuestran. Frente a los sucesos actuales, existen investigaciones disciplinarias a 65 miembros de la Fuerza Pública por presunto abuso de autoridad, presuntas agresiones, presunto homicidio y posible incumplimiento a órdenes.
Días complejos
Son días complejos en Colombia y hay retóricas que no aportan en la búsqueda de soluciones. Sin verificar la información, sin consultar al Estado y sin filtro alguno, a veces con muchas redes sociales y poca responsabilidad, se están haciendo señalamientos y sugerencias tan graves como insultantes al Estado y al pueblo colombiano. Flaco servicio le presta a la democracia que dicen defender.
Influenciadores
Les comparto un dato revelador de la estrategia para implantar narrativas a través de políticos y de lo que hoy se conoce como influenciadores. Hablan de más de 500 desaparecidos en las protestas, pero la mesa interinstitucional de información de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo reportó el lunes que no existía una sola denuncia formal por el delito de desaparición. De los reportes informales se han localizado a 227 personas.
Defensa de los militares y policías
Los Derechos Humanos no son exclusivos de un solo sector de la sociedad. Hay que llorar por los dos ojos. Los policías y militares tienen derechos; los ciudadanos desabastecidos de alimentos tienen derechos; así como quienes padecen la falta de oxígeno o no pueden vacunarse contra el covid. Los pacientes con diálisis que debieron interrumpir sus tratamientos y las personas con cáncer que vieron suspendidas sus quimioterapias por causa de los bloqueos también tiene derechos.
El bloqueo
El pretendido derecho al bloqueo de vías no puede poner en riesgo los derechos a la vida, a la salud, al abastecimiento de medicinas y alimentos de la mayor parte de los ciudadanos. La autoridad tiene el deber de desbloquear las ciudades sitiadas por tal chantaje. Los derechos del bebé que falleció por una vía bloqueada y los de los enfermos que agonizan a la espera de sus medicamentos, deben estar por encima de todo.
Presidente, me excuso por la extensión de esta intervención, pero no quiero cerrarla sin insistir en dos temas:
Primero: Invisibilizar los derechos de ciudadanos que no participan en protestas y de policías y soldados que trabajan para garantizar la seguridad durante ellas, es una forma de legitimar las acciones del vandalismo criminal.
Segundo: Equiparar la violencia desbordada de los desadaptados con el uso legítimo de la fuerza de las autoridades, es promover que los delincuentes sigan intentando encerrar y quemar vivos a otros seres humanos.
Muchas gracias. Alejandro Ordóñez
Otro punto de vista
Aunque se trata de una visión poco ajustada a lo que en realidad ocurre en Colombia, es bueno escuchar todas las voces y sacar las propias conclusiones
