Expresidente César Gaviria y analistas independientes no ocultan sus preocupaciones por la paulatina pérdida de derechos y libertades consagrados en la Constitución de 1991.
Por Chachareros
César Gaviria y sus críticas a la actual situación que vive Colombia. Señala los errores del Ejecutivo, de varios de sus ministros y del manejo de la Policía para combatir las protestas sociales.
Si bien es cierto que el gobierno del difunto presidente de la República Julio César Turbay Ayala (1978-1982) fue uno de los más ultraderechistas y militaristas (el Estatuto de Seguridad fue un claro atropello a la democracia), fue un pálido reflejo de lo que ha ocurrido en estos recientes 20 años.
Claro, Turbay Ayala abrió el boquete para que entrara la jauría de políticos con alma totalitaria, defensores de sus multimillonarios amigos que les financian todas sus elecciones y fechorías. Con su célebre frase de «hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones», Turbay Ayala lo que hizo en la práctica fue ‘legalizar la inmoralidad pública, hasta el punto de que hoy Colombia sufre una corrupción ‘desproporcionada’ y sin límites.
Durante el periodo turbayista se dio el suceso curioso del secuestro y vil asesinato de la entonces directora Nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas (lo que es hoy la Alta Consejería para las Regiones), por parte del autodenominado y presunto grupo izquierdista Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP). Gloria Lara era la esposa del entonces presidente del Senado, Gilberto Echeverri Correa.
En principio, el grupo de secuestradores divulgó un documento en el cual el M-19 se atribuía el secuestro. Pero de inmediato este movimiento desmintió tal versión y, todo lo contrario, se declaró admirador y muy cercano a la obra que la secuestrada hacía en favor del campesinado y los indígenas.- Entonces, poco después, en otro comunicado, acompañado de una foto de Gloria Lara (foto que resultó siendo un montaje según estudio técnico que hizo la agencia estadounidense de inteligencia, CIA), en el cual la ORP, una agrupación de humildes labriegos de Sucre, se atribuyó tal secuestro.
Gloria Lara fue asesinada en forma cobarde. Y de inmediato empezó la cacería de brujas. Capturaron a una veinte de sencillos campesinos. Los masacraron y torturaron en el centro de tortura de aquellos tiempos denominado ‘Las caballerizas de Usaquén», y los obligaron a declararse culpable. Pocos años después la justicia comprobó que todos los condenados eran inocentes y tuvieron que salir del país a exiliarse en los más lejanos rincones del mundo. Con el tiempo se ha revelado que, en realidad, el autor del secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri fue un grupo de integrantes de la inteligencia militar, que aplicaban el Estatuto de Seguridad a sangre y fuego y sin derecho a que sus víctimas se defendieran ante la justicia. Con el fin de agudizar la cacería contra dirigentes de izquierda, líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Una fiel copia de lo que sucede ahora desde hace 20 años.
Pronunciamiento del director del Partido Liberal, Ex presidente César Gaviria
Ahora la alta crisis de seguridad que vive el país ha rebasado todos los límites. De ahí que líderes como el expresidente de la República y presidente del Partido Libera, César Gaviria Trujillo, se viniera lanza en ristre con el siguiente documento:
Bogotá, octubre 7 de 2020. El objeto de esta moción de censura es examinar el actuar del Ministro de Defensa, En relación con la protesta pacífica y la actuación de la Policía Nacional frente a diferentes problemas que han terminado con violencia en las últimas semanas.
A mi juicio hay varios aspectos diferentes a ser tomados en cuenta en relación con este tema. El primero de ellos consiste en el sistemático mal uso de la Policía Nacional en lo que va corrido de este Gobierno. El segundo tiene que ver con las políticas que van a incrementar el número de los homicidios y los muertos en el curso de pocos meses.
Mal uso de la Policía Nacional
En nuestra reciente convención manifestamos el mal uso sistemático de la Policía por parte de este Gobierno. Primero le atribuyeron una responsabilidad para enfrentar la presencia de vendedores ambulantes aplicada a lo ancho de todas nuestras ciudades. Fue una decisión errónea e infortunada. Nada más ajeno a las tareas por desarrollar de nuestro Ministro de Defensa y de la Dirección Nacional de la Policía porque esa es una función local y nada tiene que ver con la seguridad nacional.
Este tema debe ser una tarea de regulación y organización de las autoridades locales, y no de una pretensión absurda de desaparecer los vendedores ambulantes que es inalcanzable y equivocada por el simple argumento de que usan el espacio público. Cumplir esa función es algo que sin duda hace mejor un alcalde que el Ministro de Defensa.
Regresar al prohibicionismo
Luego se le impuso a la Policía desconocer el fallo de la Corte Constitucional de hace 25 años que estableció la dosis mínima. Dedicaron la Policía a perseguir jóvenes que estaban dentro de la legalidad en lugar de dedicarlos a enfrentar pandillas de atracadores. Se expidió un decreto invocando el Nuevo Código de Policía y la Constitución para tratar de dar marcha atrás a la política de no penalizar el consumo de la dosis mínima como lo dispuso la Corte Constitucional hace ya 25 años.
La Corte Suprema ha aplicado sin reservas y ha desarrollado esta política. Ahora el Consejo de Estado la ha reiterado. Y es muy importante porque en 1994 nos movimos al mismo tiempo que la tendencia europea en la descriminalización del consumo. Ya estos países habían abandonado esta idea del prohibicionismo en relación con el consumo desde hace varias décadas, lo que también hicieron muchos países de América y una buena parte de los estados de la Unión Americana o los Estados Unidos. Lo hicieron porque a pesar de que se defienda una tal política con fundamentos moralistas sus consecuencias son desastrosas.
Era evidente el carácter inconstitucional de tal decreto de prohibición de la dosis mínima que incurría en una falsa motivación pues no distinguía entre el porte y tenencia, y el propio consumo de la dosis mínima. En buena hora el Consejo de Estado declaró inexequible el decreto sobre el porte y la tenencia de la dosis personal, como era de esperarse. Ya lo habían hecho en el pasado la Corte Constitucional y la Corte Suprema.
El consumo de drogas no es un delito es un problema de salud que demanda más educación, más prevención y tratamiento. Mucha más reglamentación legal y participación de los padres de familia, de los médicos y de la sociedad civil. En el decreto no se distinguió entre consumo y porte de la dosis mínima, algo que determinó que además de su inconstitucionalidad incurriera en una falsa motivación.
No tengan duda de que en el país se multiplicaría el número de homicidios y crearía nuevas mafias gigantescas alrededor de la política de consumo de drogas. Creo que nos basta con ser eje central, el mayor dique para aplicar la política de prohibición al tráfico internacional de drogas, particularmente de la cocaína.
En vez de dar marcha atrás a la prohibición, el Gobierno podría dedicarse a realizar tareas que sí necesitan una mucha mayor regulación como lo es el control del consumo de drogas en ciertos lugares públicos y la protección de los niños y jóvenes alrededor de las escuelas, sin que se desconozcan los fallos de las altas cortes. La prohibición es la renuncia a la reglamentación y es origen de decenas de formas de corrupción.
El Gobierno también debería en lugar de dejar a un lado a los Estados Unidos, pedirles que revisen su política prohibicionista, que pocos de sus Estados practican y que es un fracaso histórico de inmensas proporciones. En su lugar nos hemos dedicado a respaldarla, aun a riesgo de meternos en otro callejón sin salida, pretendiendo meter a la cárcel a nuestros jóvenes consumidores, algo que pocos países en América Latina o Europa hacen.
¿No será suficiente que Colombia sea de lejos el país que más coca decomisa, lo que es posible porque gastamos cerca del 5% del PIB en seguridad al mismo nivel de gasto de Estados Unidos, que se siente y es el policía del mundo? Tenemos más soldados y policías tanto con respecto a Brasil como a México. Los decomisos de dosis menores apenas representan un 3% del total y los de dosis mínima son solo una parte de este porcentaje.
La política del menor daño que es la adoptada por la mayoría de los países europeos es la de la regulación y no la de la prohibición, y que yo sepa no viola ninguna convención de Naciones Unidas. Es también lo que han hecho muchos estados de los Estados Unidos. El término que se usa y que es más exacto sobre lo que significa tal política es regulación y no legalización, aunque también se avanza ahora en el uso de drogas con fines recreativos.
Colombia tiene un serio compromiso de enfrentar el tráfico internacional de drogas de sustancias psicoactivas, pero la prohibición de su consumo sólo nos lleva a nuevas mafias gigantescas en nombre de una supuesta moralidad que tiene consecuencias desastrosas.
También quisiera en este momento señalar que la erradicación forzosa de coca que afecta a 150.000 campesinos (dato aproximado), muchos de los cuales ganan menos del mínimo, va a generar otra guerra con muchos muertos, como ya lo demostró el primer ejercicio de esa política. A los campesinos les duele que les quiten la comida de la boca, ¿Será eso lo que los colombianos queremos? ¿No habrá manera de que el Gobierno considere la erradicación manual voluntaria que
termina siendo mucho menos costosa y más eficiente, y que no genera muertos? Habría que conseguir una financiación internacional que creo está dentro de nuestras posibilidades buscar.
La decisión del Consejo de Estado nos liberó de muchos miles de muertos más como ha ocurrido en Brasil, que hoy ya tiene más homicidios por 100.000 habitantes que Colombia por su sanción penal a los consumidores de droga. Pero queda claro que el Gobierno en este tema ha estado tratando de desconocer sentencias de nuestros más importantes tribunales y que con su visión sobre los problemas de narcotráfico solo va a multiplicar el número de homicidios y muertos en Colombia.
Se necesitan reglas para que no se generen situaciones que afecten la vida de nuestros niños. Pero eso se establece por la rama legislativa que está autorizada para hacerlas, no por decretos Ejecutivos que pretenden crear tipos administrativos y penales abrogándose de competencias de las cuales carecen. En vez de prohibición, lo que se necesita es regulación y respetarles a las autoridades locales las áreas a regular para proteger segmentos de la población. Cuando se prohíbe, se renuncia por completo a tomar medidas específicas de regulación. Yo no quisiera ver de nuevo a nuestros policías requisando estudiantes en los parques, o en las puertas de los bares, en lugar de perseguir las bandas de atracadores y delincuentes de todo tipo.
Control al tráfico internacional
Colombia es el país del mundo que genera más impacto y hace más para frenar el tráfico internacional de narcóticos. Eso nos ha llevado a gastos en seguridad cercanos al 5% de nuestro producto interno bruto. Eso lo hacemos en el mundo solo nosotros, que, por ejemplo, tenemos más policías y soldados que México y Brasil; los nuestros muy bien entrenados y preparados según todos los estándares que para este efecto se usan.
Por eso cuando en USA hablan de si nos van a certificar o no, tenemos como mostrar el descomunal esfuerzo que hacemos y que nos lleva a que decomisemos más cocaína que todos los demás países juntos. Algo que nuestro país no está diciendo, al menos públicamente, para defender al país del actual gobierno de USA que amenaza con descertificarnos; o eso dicen los medios de comunicación sin reacción del Gobierno, un poco de manera humillante para nuestro país. Me duele como colombiano que se esté diciendo que a Colombia la pueden descertificar, y que, ante esto, nuestras autoridades callen.
Primero dijo el presidente Trump que en lo transcurrido del Gobierno Duque los despachos de coca a USA habían crecido en un 50%, lo cual es totalmente falso. Nadie en el Gobierno reaccionó de manera pública, a pesar de que Colombia sola decomisa más del 50% de la cocaína que se produce en el mundo. Claro que también es hoy el primer productor.
Por lo demás, Colombia no debe renunciar al apoyo bipartista en el Congreso de Estados Unidos como se infiere del hecho que el presidente Duque solo se hubiera reunido solo con parlamentarios republicanos en su reciente viaje a Estados Unidos.
Esa es como una manera de tomar partido en la contienda presidencial de ese país. Después USA expresó la necesidad de erradicar los cultivos de coca, algo que el Gobierno de nuestro país comparte. El Gobierno empezó a realizar esa tarea de manera forzosa con erradicadores civiles protegidos por policías. Esta actividad pronto se convirtió en un esfuerzo bastante peligroso para nuestros erradicadores y policías. No es tan fácil quitarle la comida de la boca a un campesino sin muchas alternativas de supervivencia con salarios que son miserables.
A este esfuerzo descomunal que realizamos para impedir el tráfico internacional de drogas no le podemos agregar unas decenas de miles de muertos más, dando un paso hacia atrás si le imponemos la sanción penal a nuestros jóvenes consumidores. Sería el origen de otra mafia gigantesca.
Período Carlos Holmes Trujillo
En lo que ha correspondido al período del ministro Carlos Holmes, la policía terminó dedicada al cumplimiento de las medidas nacionales y locales para enfrentar la pandemia, algo que evidentemente hacía sentido. Sin embargo, se esperaba que cada policía conociera de las decenas de decretos con las múltiples excepciones, diferentes para cada ciudad y barrio.
No desconocemos la necesidad que había de usar la Policía, pero sus obligaciones eran imposibles de aplicar y se prestaron para toda clase de equívocos y arbitrariedades. En todo caso, nadie del Gobierno se tomó la molestia de dejar conocer del público las dificultades que tenía la Policía para cumplir sus obligaciones.
Control de las marchas y la protesta social
Allí se empezaron a ver los problemas muy serios que generaban una Policía entrenada para la guerra con los carteles, los guerrilleros y los paramilitares; y que se mueve en medio de una Colombia donde prevalece, aún entre funcionarios, la violencia y la justicia por mano propia.
Ahora que hemos enfrentado con esa misma Policía Nacional la protesta social, es que definitivamente los colombianos entendimos que se requiere una cultura muy diferente para los policías, hasta ahora dedicados a esos menesteres. Algo que podría haber previsto un Gobierno del que ya han transcurrido más de dos años.
Nos tienen de nuevo aplicando unas medidas de políticas que estaban condenadas al fracaso. Hacer control de la protesta ciudadana es una tarea para la cual nuestra Policía no está preparada. Nuestra Policía es militar. Nuestros policías en su inmensa mayoría están preparados para la guerra contra los grandes carteles y organizaciones criminales al máximo nivel, y se califican como la mejor de América Latina en su tarea de enfrentar los carteles internacionales.
El control de las marchas con policías dotados de armas de fuego es, sin embargo, un uso equivocado e inapropiado de la Policía en lo corrido del Gobierno Duque.
Además de la brutalidad policial, se cometió el error de enviar esos policías armados a controlar o acompañar una marcha pacífica de ciudadanos descontentos, en especial por la muerte de Dilan Cruz y de Javier Ordoñez. Solo después de que señaláramos en un comunicado el tremendo error que significó usar policía con armas de fuego se puso de lado tal política.
No sé quien tomó la decisión, si es que se tomó, de que se debían controlar o acompañar las marchas con policías que portan armas de fuego. Este interrogante se agrega al de quién autorizó u ordenó disparar. Cualquiera que sea la explicación, fue un desatino que produjo esa cantidad de muertos y heridos. No basta con investigarlo y lamentarlo. Esto no puede volver a ocurrir. Nos ha hecho ver como un país bárbaro, y estos acontecimientos justifican tal calificativo.
Dijo también la Corte, en su sentencia reciente de 2017, que debe haber total transparencia sobre quién puede dar las órdenes durante el desarrollo de una manifestación pública para que haya un régimen claro de responsabilidades. Algo que por lo visto muchos funcionarios ignoran.
Me imagino que, salvo muy expresa órden oficial, los policías ofendidos o lastimados, y tal vez sin otras instrucciones, se sintieron con derecho a aplicar ese tipo de justicia por mano propia. Tenemos que exigir resultados inmediatos y el total esclarecimiento de los hechos y las sanciones que se han aplicado. Se está aplazando el desentrañar lo ocurrido y solo hablar del caso Ordoñez.
¿Sería posible saber cuáles policías han salido de la institución por los actos de brutalidad que todos hemos visto en los que sin duda cabe el calificativo de flagrancia? Esta información también sería útil saberla acerca del responsable del aparente homicidio de Dilan Cruz a fines de 2019.
La reacción gubernamental de simplemente expresar su voluntad de investigar hechos de evidente flagrancia, que obligan a tomar decisiones inmediatas, ha tenido una reacción que solo genera más indignación. La respuesta de que “vamos a investigar” es torpe, equivocada y facilista. La explicación de que era necesario recuperar unos CAIs no justifica la pérdida de tantas vidas, algo dicho por los medios de comunicación por la falta de una respuesta oficial.
Les aseguro que en ningún otro país del mundo se le dispara con armas de fuego a los manifestantes, ni aún por gobiernos autoritarios. Los policías que las controlan no deben llevar armas de fuego sino armas que detengan y disminuyan la violencia. Eso lo hemos reiterado en nuestros comunicados sobre el control de las marchas.
Aún con el Esmad que no usaba armas de fuego tuvimos muchos problemas de exceso en el uso de la fuerza y hasta un muerto con características de homicidio el año pasado.
Cabe recordar que la Corte Constitucional ha advertido que “la policía solo puede adoptar las medidas que sean necesarias, proporcionales y que razonablemente sirvan para restablecer el orden público” en caso de que la manifestación deje ser pacifica, siempre que no se vulnere el derecho a la vida y a la integridad personal de los manifestantes. Solo las manifestaciones que se tornen violentas pueden ser disueltas, si previamente los intentos persuasivos para que regresen a causes pacíficos se han intentado, agotado y fracasado.
Esperamos que no se les siga atribuyendo a los alcaldes y alcaldesas la responsabilidad de las actuaciones de la fuerza pública. Los alcaldes sí cumplen funciones de policía de acuerdo con la Constitución y la Ley, pero no tienen autoridad para disponer u ordenar lo que debe hacer la Fuerza Pública nacional.
El uso indiscriminado de la fuerza no solo coincide con la necesaria supresión de libertades por cuenta del virus, sino con una práctica a la que el Gobierno se ha acostumbrado de usar la policía como mecanismo para enfrentar los problemas sociales. Una costumbre que puede salir muy mal, y que puede generar innecesaria represión y por ende arbitrariedades.
Disparar a una manifestación o marcha es algo que no ocurre ni en los peores gobiernos autoritarios. Eso no pasa en el mundo después de que terminó la Guerra Fría. No volvieron a ocurrir casos como el de Tiananmen o Tlatelolco. Disparar a unos jóvenes manifestantes que yo recuerde, es algo que no ha ocurrido en las últimas tres décadas en ningún país que tenga presente. Como lo señaló la Corte Suprema “hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente». Hace años que en Colombia las fuerzas del orden no usaban armas letales para hacerle frente a las manifestaciones o marchas pacíficas, así se produjeran desórdenes. Todas ellas eran controladas con medios no letales.
La brutalidad de miembros de la Policía ha herido gravemente la paz social que la mayoría de los colombianos anhelamos. Los errores que se cometieron por parte del Gobierno para hacerle frente a las protestas con policías con armas de fuego, además de los problemas de mando, han causado un grave deterioro de la legitimidad del uso de la fuerza por parte del Estado y del derecho a la protesta pacífica. El Partido Liberal expresó su solidaridad con las familias, y le preocupa la ausencia de ésta por parte del Gobierno.
El tratar de reducir todo a una infiltración masiva de las guerrillas, aparentemente sin muchas pruebas, solo con informes de inteligencia, nos lleva a la estigmatización, a la que se refiere el fallo de la Corte, y de alguna manera, a tratar de echarle la culpa al proceso de paz de todo lo que pasa en materia de seguridad.
Pero no debemos olvidar que ni en las ciudades de Estados Unidos ni en las europeas donde las marchas contra la discriminación racial terminaron en actos violentos, hay guerrillas a las cuales acusarlas de los desmanes. Es necesario recordarle al Gobierno que en esos países los actos de protesta se han extendido por meses, y que aún entre nosotros falta, y ojalá no ocurra, la reacción al enorme descontento que se ha ido incubando por la indudable insuficiencia de recursos para apoyar a los vulnerables y a las pequeñas y medianas empresas.
El Ministro de Hacienda parece no haber leído lo que ocurre en el resto del mundo. Las consideraciones fiscales en países industrializados y en países emergentes como lo es Colombia, se han dejado para resolver después de la pandemia. El lema de las autoridades económicas y monetarias es “primero la pandemia”. Lo que se ha hecho para contrarrestar estos problemas socioeconómicos ha sido muy inferior a lo que ha ocurrido en países cercanos.
En todas esas marchas se cuelan vándalos y anarquistas, y además, entre nuestros jóvenes hay todavía mucha incitación a la violencia como rezago de nuestra larga lucha guerrillera. A quienes usen la violencia, deben recibir el más contundente rechazo de los promotores de las marchas y de los jueces y de cada colombiano.
Este comportamiento es delictivo. No hay duda de que quienes incurren en conductas violentas deben ser castigados con todo el peso de la ley. Estamos confiados en que al final serán sancionados los que hayan incurrido en actos de violencia y vandalismo. Lo que le da fortaleza a nuestras instituciones, y lo que nos garantiza la estabilidad institucional y el respeto al Estado de Derecho. Hay que rodear a la Corte para que nuestra sociedad de una vez por todas extirpe ese mal que carcome nuestras instituciones democráticas.
El hecho de que una manifestación sea grande, prolongada, recurrente, robusta, crítica y vehemente, no le da base a la autoridad para calificarla como no pacífica. La trascendencia de este derecho requiere regulación por medio de ley estatutaria, cómo lo exigió la Corte Constitucional en 2017 (Sentencia C-223) al declarar parcialmente inconstitucional el Código de Policia y Convivencia.
Masacres
Es difícil encontrar la causa de tantas masacres. En un informe que será presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU se subraya la alarma del Secretario General Antonio Guterres frente «a las masacres que se dieron en diferentes departamentos en los últimos meses». El Gobierno debe hacer público lo que ha indagado sobre cada masacre y el posible origen que tiene cada una.
No podemos aceptar una situación sobre la cual solo hay noticias de los medios de comunicación o que todas ellas tienen una única explicación. Lo poco que se oye en bajo tono y en las noticias es que el glifosfato nos va a controlar las masacres. Eso es pensar con el deseo. Se está dando también una actitud extraña y desafiante frente al Estado por parte de los carteles de la droga que desde el primer gobierno de Uribe se habían sumergido en la clandestinidad por la preparación y eficacia de nuestras Fuerzas Armadas.
He insistido una y otra vez en tratar de saber cuántos líderes sociales han muerto por los conflictos de tierras que persisten, porque los civiles no se acogieron al proceso de paz. Sólo habrá paz si todos los protagonistas del conflicto lo aceptan y preservan. Esta tarea está pendiente. El acuerdo de paz establece que todos los ciudadanos o empresas que hayan sido sometidos a intimidacion están exentos de responsabilidad. En la justicia ordinaria no se considera que la intimidación exima de responsabilidad y se den fallos en tal sentido.
Fallo de la Corte
La independencia judicial es un baluarte de la tradición jurídica colombiana, temido por quienes han violado la ley. Es absolutamente abusivo, arbitrario e ilegal buscar excusas para cercenar la independencia judicial.
El Partido Liberal ha expresado una y otra vez su más enfático respaldo a la Corte Suprema de Justicia, en sus providencias y fallos, y rechaza cualquier intento que se haga para menoscabar sus atribuciones constitucionales o que se pongan en tela de juicio las motivaciones de sus decisiones, o que se facilite la intromisión en asuntos que solo son de su competencia. Lo contrario es el camino del autoritarismo y de la eventual desaparición del estado social de derecho consagrado en la Constitución del 91.
Por eso nuestro partido debe hacer respetar a plenitud el reciente fallo de la Corte Suprema en defensa de la protesta pacífica, en contra de la estigmatización de los manifestantes, en contra del uso indebido de la fuerza, y que ordena la presentación de disculpas del Ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.
El Gobierno usa para cumplir la sentencia actitudes genéricas asumidas antes del fallo. En este tema no puede el liberalismo aceptar evasivas. El fallo tiene que ser acatado a plenitud.
Las protestas y marchas en defensa de los valores democráticos
Entre nosotros las manifestaciones públicas y las marchas dejaron de ser vistas como algo peligroso que debía ser restringido o criminalizado. De ahí que tempranamente desde 1992, la Corte Constitucional haya dicho que “la finalidad del aviso previo, a la luz de la Constitución de 1991, no puede ser la de crear una base para que la reunión o la manifestación sea prohibida”. Desde entonces ha resaltado que la libertad de reunión protegida por la Constitución debe ser pacífica. El hecho de que una manifestación sea grande, prolongada, recurrente, robusta, crítica y
vehemente, no le da base a la autoridad para calificarla como no pacífica. La protesta social es el principal instrumento de cambio democrático del que hoy disponen nuestros ciudadanos y los de todas las latitudes. Nada ha representado mejor ni ha sido tan emblemático del cambio social y político como las manifestaciones masivas y las marchas de rechazo a la discriminación racial, por la búsqueda de mayor igualdad social y de respeto a los derechos de las minorías.
Vamos a tener muchas más marchas en el inmediato futuro. Antes eran las huelgas, hoy son las marchas.
Esta sociedad necesita mucha más crítica, no solo al Gobierno sino a la misma sociedad y a las instituciones públicas. No hay espacio para la complacencia. Un nuevo espíritu reformista como el que nos manda el Acuerdo de Paz no puede surgir sino de esa crítica que es necesaria, imperiosa, útil y una responsabilidad de cada uno de nuestros dirigentes. La criminalización que se ha promovido desde las más altas esferas de la crítica lesiona gravemente nuestra democracia, nuestro estado social de derecho y es una defensa de un statu quo injusto.
Hay que apostarle a la democracia. Colombia necesita más democracia, más respeto a la diversidad, más dialogo civilizado, más espacio para disentir y construir a partir de nuestras diferencias, como lo señala la Corte Suprema. En el futuro acompañaremos a todos quienes realicen protestas por las injusticias de nuestra sociedad.
Reforma de la Policía
¿No será que deberíamos repensar el papel de una Policía que es militar, que es la que tenemos, y que es considerada como la mejor por todos los organismos antinarcóticos de América? ¿No será que, a esos policías, una vez se reduzcan las necesidades de control de la pandemia, los deberían dedicar al menos en parte a cuidar nuestras ciudades donde se han generado serios problemas de seguridad y estarían bien preparados para esas labores?
Mas allá de una reforma de la Policía que seguramente sí se necesita, lo mas urgente es reentrenar unos cuantos miles de ellos o crear un cuerpo nuevo que esté capacitado para acompañar la protesta pacífica, para establecer controles y para que contribuya a la identificación de los responsables de la violencia y actos vandálicos.
De la decisión y de las consideraciones que tome el Congreso dependerá si se endereza la ola de autoritarismo que empieza a permear las decisiones públicas. El liberalismo tiene como norte la inquietud fundamental de avanzar, dentro del marco constitucional, hacia la convivencia pacífica y el orden justo.
César Gaviria Trujillo. Expresidente de la República. Director del Partido Liberal
Los principales dardos del extenso documento del expresidente César Gaviria son directos para el presidente de la República Iván Duque, quien también es zarandeado por las redes sociales.
Catalina Botero, otra voz cantarina
Elkin Díaz y la defensa de los derechos
