Ordena acatar las medidas cautelares emitidas por la Cidh. Procuraduría anuncia que impugnará dicha decisión.
Por Chachareros y colaboración de El Espectador y el Tiempo
En la sentencia, emitida por los magistrados Óscar Humberto Ramírez y Jorge Hernán Vargas, se ordena al Gobierno acatar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh, organismos de la Organización de Estados Americanos, OEA), que ordenó, en su momento, suspender provisionalmente el fallo condenatorio emitido por la Procuraduría General contra el entonces mandatario distrital.
En la tutela, presentada por un ciudadano, se argumentó que se le vulneró el derecho al debido proceso a Petro Urrego puesto que el Gobierno no tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional que indica que las medidas cautelares emitidas por la Cidh tienen carácter vinculante.
Decreto queda sin vigencia
Los bogotanos siguen apoyando a Petro.
El abogado Héctor Carvajal explicó que “queda sin vigencia el decreto 570 con el que fue destituido el Alcalde. La decisión es de obligatorio cumplimiento. Si el Presidente presenta impugnación no interrumpe los efectos de cumplimiento inmediato que tiene esa decisión”.
Por medio de su cuenta en la red social Twitter, el exalcalde de Bogotá escribió: “Esta vez Tribunal Superior de Bogotá protege derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana, de Bogotá y los míos”.
Con esta decisión se activa el proceso de revocatoria del mandato de Petro Urrego. Por lo que en las próximos días la Registraduría Nacional de Estado Civil deberá establecer la fijación de una fecha para adelantar este hecho atípico.
La Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República deberá decidir si impugna o no esta decisión la cual tendrá que resolverla una instancia superior. En este caso sería la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Petro Urrego fue destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General por las irregularidades que rodearon la planeación y puesta en marcha del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
Un cuento distinto bien contado
De otro lado, según El Tiempo, con el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de nombrar a María Mercedes Maldonado como alcaldesa encargada de Bogotá se volvió a plantear este lunes la posibilidad de que Gustavo Petro retorne al Palacio Liévano. ¿La razón?
Tanto Santos como Maldonado, en sus discursos ante los medios, se refirieron a esta opción, debido a la expectativa por lo que pueda decidir el magistrado Gerardo Arenas, del Consejo de Estado, durante los próximos días. Si el jurista le concede medidas cautelares a Petro, el exmandatario, automáticamente, volverá al cargo.
“Esas medidas son de inmediato y obligatorio cumplimiento y se decretan cuando hay un daño irremediable. En este caso, a nuestro juicio, se pide tener en cuenta que el Alcalde está fuera de la Alcaldía”, sostuvo el abogado Iván Acuña, quien instauró la acción de nulidad y la solicitud de medidas cautelares para Petro ante el Consejo de Estado.
Estas tendrán vigencia mientras el alto tribunal estudia a fondo el fallo de destitución de la Procuraduría, que quedó en firme el pasado 19 de marzo.
Alcaldía de Bogotá
La posibilidad de que Arenas decida a favor de Petro llevó a Santos a reiterar cuál sería la postura del Gobierno Nacional en este caso. “Si algún juez me ordena su restitución (la de Petro), no vacilaré en cumplir esa orden”, dijo el Presidente.
Por su parte, la alcaldesa (e) Maldonado, en sus primeras declaraciones a la prensa, tampoco pasó este asunto por alto y manifestó: “Puedo durar pocos días (en el cargo) porque estamos a la espera de decisiones judiciales”. Si las medidas cautelares resultan favorables a Petro, la Procuraduría podría instaurar un recurso de súplica para que se considere la eventual decisión del magistrado Arenas. Dicho recurso tendrá que ser analizado por sus colegas Gustavo Gómez Aranguren y Bertha Lucía Ramírez. Mientras se resuelve esa solicitud, Petro estaría al frente del Distrito.
Por ahora, el balón está en manos de la Procuraduría, pues el organismo de control deberá enviarle una respuesta al magistrado Arenas sobre la posibilidad de que se le otorguen las medidas cautelares a Petro. Fuentes de la entidad informaron que aún no han sido notificadas de esa solicitud, pero ya tienen listo un documento en el que dejan claro que no comparten una eventual decisión que pondría a Petro nuevamente al frente de los destinos de la ciudad.
Para la Procuraduría, la Sala Disciplinaria tenía competencia para investigar y sancionar al Alcalde y, además, el propio Alejandro Ordóñez ha dicho que Petro tuvo garantías en su proceso disciplinario. Una vez el Ministerio Público le responda a Arenas, este tendrá 10 días de plazo para decidir si Petro regresa o no a la Alcaldía. “La argumentación en materia de medidas cautelares por casos de actos administrativos es que estos contradigan la Constitución y acá no se da. Por lo tanto, no hay mérito para decretarlas”, señaló una fuente del Ministerio Público cercana al proceso. Señaló que la Sala Disciplinaria tiene competencia para destituir y recordó el caso del senador Eduardo Merlano.