Más de 35 mil firmas respaldan la solicitud que en su nombre introduce el Movimiento Ríos Vivos ante el Consejo de Estado. Grupos sociales de los municipios afectados denuncian “peligro inminente” que corren los municipios asentados en la cuenca del río Cauca.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
“A la montaña le están metiendo más peso (…) y puede colapsar … le han destruido sus bases porque la perforaron con túneles por todos lados”. Es parte del testimonio que se le escucha a Milena Flores, vecina de la vereda Altos de Briceño, en el municipio Briceño al norte del departamento de Antioquia.
Su alerta se refiere al proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, cuyo eje es la construcción de una represa que busca explotar la energía del caudal del río Cauca y que ha estado en el ojo del huracán por el peligro latente que presuntamente ha colocado a la población del entorno hasta en alerta roja, debido a las crecidas que se han desatado producto de la subida en el nivel de las aguas y las lluvias.
Milena Flores es vecina del municipio Briceño de Antioquia y ha visto de cerca el peligro que denunció.
Flores es una joven madre de dos hijos que se ha convertido en una de las más férreas opositoras al avance del proyecto. Por ello decidió unirse al movimiento ambientalista Ríos Vivos, para articular junto a sus vecinos el desmantelamiento de este proyecto que según su visión y la del grupo que le acompaña, tiene un controversial costo ambiental y económico para la población circundante.
Comenta que, aunque la contratante del proyecto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) afirme que no hay riesgo, la verdad a su juicio es que sí existe “porque la montaña tiene filtraciones por todos lados (…) hay ya pequeños derrumbes por filtraciones y no sabemos para dónde está cogiendo esa agua que se está filtrando”, dice Milena durante una rueda de prensa ofrecida por su movimiento en Bogotá, acompañada por representante de pescadores, agricultores y activistas.
Ambientalistas, pescadores, agricultores y vecinos de la zona comparecieron ante la prensa en Bogotá.
Según Flores, las investigaciones independientes que ellos han realizado desde que comenzó la ejecución del proyecto, revelan que existen fallas geológicas en la zona que atentan contra la viabilidad del proyecto. Advierte que el agua retenida en la zona y la inestabilidad de la montaña es una amenaza permanente para cientos de miles de habitantes de municipios como Briceño, Valdivia, Yarumal, Toledo y por supuesto Ituango, en la sub región norte de Antioquia.
“EPM niega que exista peligro, pero la base militar que estaba en la montaña ha sido desalojada y las torres de energía que se encontraban allí están siendo desmanteladas”, afirma Flores.
Recurso ante el Consejo de Estado
Isabel Cristina Zuleta, una de las voceras del movimiento Ríos Vivos de Antioquia, explicó que, durante un plantón pautado para este viernes 15 de junio frente a la sede del Consejo de Estado, formalizaron la radicación ante este órgano de una medida cautelar para lograr la suspensión de la licencia del proyecto de Hidroituango. “Esa represa va a colapsar y las pérdidas la van a pagar todos los colombianos”, sentencia Zuleta quien agregó que la fuerza del agua -la del río Cauca- tiene su propia dinámica y tarde o temprano reclamará su cauce natural.
Isabel Cristina Zuleta es vocera del movimiento Ríos Vivos que busca la cancelación del proyecto.
Ayudado por vecinos de los cinco municipios apostados en la ribera norte del rio Cauca, recogieron más de 35 mil firmas que respaldan la solicitud. Incluyeron como demandantes de la acción a grupos sociales y gremios de sectores como los pescadores y agricultores cuyo trabajo se ha visto afectado por la crecida del nivel de las aguas.
“No hay otra salida, es necesario el desmantelamiento no solo del proyecto de Hidroituango, sino de toda la oscuridad que rodea este megaproyecto”, dice la activista ambiental. Agrega que ha habido líderes muertos, abusos con los contratos, corrupción y la negación de los derechos de los habitantes directamente afectados por la construcción.
Aseguraron que la ciudadanía ha sido excluída de las decisiones más importantes.
Explicó que junto a los ciudadanos han solicitado formar parte del comando unificado que supervisa la construcción del proyecto; pero la respuesta ha sido la negación a escuchar y la estigmatización del movimiento Ríos Vivos para socavar su credibilidad ante la opinión pública.
Isabel Cristina Zuleta dice que los opositores a la construcción han propuesto que el muro que constituye la represa sea desmantelado poco a poco. Destaca que mientras la construcción avanza, hay miles de personas desplazadas que han tenido que emigrar de toda la zona. “Hay un éxodo sin precedentes que no se vio ni con las 73 masacres que hubo en esta zona geográfica durante los años de violencia”, añadió.