El CTI de la Fiscalía captura al juez 22 civil de Barranquilla. Se denuncia que hay un “cartel de libertades”. Iban a soltar a ‘Kiko’ Gómez. Otro juez deja en libertad a Maloof.
Por Chachareros
Ahora sí que queda demostrado que el proyecto de Equilibrio de Poderes que cursa en el Congreso de la República se justifica frente al ‘desequilibrio’ que hay en estos últimos tiempos, en especial en uno de los pilares fundamentales de las funciones del Estado, como lo es la Justicia.
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Mal que bien, el Ejecutivo marcha sin escándalos a la vista –por lo menos no tantos como los hubo en los ocho años de Uribe—y el Legislativo ya se ha ido quitando, poco a poco, la mancha de la parapolítica. Una verdadera vergüenza para Senadores y Representantes a la Cámara. En el periodo anterior casi la mitad del Congreso terminó en La Picota.
En la actualidad el poder estremecido por los más detestables escándalos es el Judicial. Pasamos del escándalo del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub, al de jueces en Barranquilla que estarían formando un ‘Cartel de libertades’. Nuevo bochornoso cartelito que estaría liderado por el juez 22 civil municipal de Barranquilla Abelardo Andrade Meriño, a quien miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) fueron a detener este jueves a las 9:35 A.M.
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Rozagante, bien vestido y afeitado, el juez 22 Andrade Meriño llegó a su despacho en el sexto piso del complejo judicial del Centro Cívico a las ocho y media de la mañana. Una hora después estaba en manos del cuerpo investigativo de la Fiscalía.
De inmediato su abogado Luis Felipe Henriquez Del Castillo se puso al frente de su defendido, porque ya desde las siete de la mañana del jueves estaba cantada la noticia de que sería detenido el presunto “jefe del cartel de las libertades”.
Se les pasó por las narices
El arribo de los agentes coincidió, aseguró Henríquez, con la salida de Andrade Meriño del despacho. “Iba bajando y se cruza con ellos, pero como no lo conocen, no lo detuvieron; él se asustó, se puso mal y se fue a donde un amigo”.
Henríquez se refirió a que su cliente se dirigía al Centro de Servicios Judiciales, a la vuelta del Centro Cívico, a cumplir con la audiencia que un fiscal seccional solicitó al Centro de Servicios para imputarle cargos por este caso.
“Asistí yo, el fiscal Jairo Vergara Benítez y el procurador, y quedó consignado en un acta que la diligencia no se hizo porque el fiscal retiró la solicitud, ya que la Fiscalía trasladó la investigación a un fiscal de Bogotá”, dijo.
Protestan por el show haciendo un show
La presencia de los funcionarios del CTI alborotó el ambiente en el Centro Cívico y empleados de otros juzgados se aglomeraron frente al juzgado 22, para protestar “por este show” y “exigir respeto”.
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A las 10:30 de la mañana, con mediación de directivos de Asonal, los uniformados del CTI ya habían desalojado el sitio después de corroborar que Andrade no estaba.
“Se fue, no para huir, sino para evitar tanta espectacularidad”, sostuvo Henríquez. Andrade abandonó a las 9:30 el complejo judicial, como muestran los videos de seguridad dados a conocer por la Fiscalía a la prensa.
Danny Julián Quintana, director nacional del CTI, declaró que llegaron a hacer labores de verificación. “Íbamos a hacer la captura en su despacho”, confirmó en la tarde en las afueras de la sede del CTI, en el edificio Nelmar, después de que capturaran a Andrade.
Hay dos versiones sobre cómo el juez 22 civil municipal quedó a las 3:50 de la tarde en custodia del CTI, en la carrera 38B con calle 73 del barrio Betania, en el norte de la ciudad.
Una la dio a conocer Quintana. “Por labores de verificación establecemos que se encuentra en una casa, que es la de su abogado, y allí llegan las unidades de Fiscalía y hacen efectiva la captura”.
La otra cara de la moneda la expusieron el abogado Henríquez y tres compañeras de trabajo de Andrade que llegaron a las afueras del Nelmar. “Él se entregó, no vengan a decir que lo capturaron, él se entregó. ¿Por qué van a decir que lo capturaron?”, exclamó una de ellas mientras Quintaba declaraba ante los medios.
El defensor manifestó que desde la mañana, tras conocer del operativo en el Centro Cívico, buscaba “la manera de entregarlo” sin comprometer su estado salud. “Es diabético, hipertenso y asmático”.
Henríquez sostuvo que Andrade se acercó a las 2 p.m. a la casa de un amigo, en Betania. “Estaba desesperado y me llamó para informarme dónde estaba, y yo llegué”.
A los pocos minutos arribaron agentes del CTI. “Ya habíamos definido su entrega, pero ya que estaban allí, se los entrego y ni siquiera le pusieron esposas”.
Andrade llegó a las 3:55 a la sede del CTI, a bordo de una camioneta Toyota Prado gris. Quintana fue quien lo condujo al segundo piso para la judicialización y que se entrevistara con sus abogados.
En total, la Fiscalía tiene siete investigaciones contra el juez 22 por fallos similares que ha proferido.
“Por ahora estamos concentrados en lo que denominamos el cartel de las libertades (en Barranquilla), que está liderado por este juez”, dio a conocer Quintana.
“Se tienen pruebas contundentes –agregó– de que este juez tomó decisiones contrarias a derecho para que ‘Kiko’ Gómez saliera en libertad”.
La misión del CTI es trasladar a Bogotá al juez para la audiencia de imputación de cargos y solicitud de detención en una cárcel, mas hasta el cierre de esta edición no fue posible por quebrantos de salud de Andrade. “Tuvo una crisis cardiaca”, precisó Henríquez.
Las travesuras del juez
El juez fue recogido a las 5:40 por una ambulancia que lo llevó a la Clínica Jaller, adonde ingresó a las 6:01. “Depende del diagnóstico de los médicos, si es viable moverlo en la noche (del jueves) o este viernes”, advirtió Quintana.
La Fiscalía abrió una indagación contra Andrade por la libertad por hábeas corpus que concedió el lunes de la semana pasada al ex gobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar. El juez falló que, de acuerdo a la información suministrada por los juzgados de Bogotá a cargo de los procesos, el ente acusador sobrepasó el plazo de 120 días para llevar a juicio a Gómez en sendas investigaciones por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, y por homicidio agravado.
El mundo al revés
Los demás jueces, secretarios, secretarias y empleados del sector judicial tienen todo su derecho a poner en práctica la solidaridad de cuerpo o la justificación de una agremiación sindical que existe, precisamente, para esa defensa colectiva de sus derechos y garantías sociales.
Lo grave es cuando esa solidaridad de cuerpo y esa defensa a ultranza del movimiento sindical de la justicia no puede acelerar una marcha de protesta con pancartas y cadenas de oración sin estar seguros de la inocencia o culpabilidad de su colega juez 22 Abelardo Andrade.
Fue lo que hicieron los jueces del Centro Cívico de Barranquilla este viernes para expresar su inconformidad. Si existe un hecho punible (una orden de libertad a favor del exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, encartado por concierto para delinquir agravado y homicidio), hay que esperar que todas las evidencias que existen sean contrarrestadas por el pool de abogados de la defensa.
No deja de ser un caso insólito, cómico y hasta repudiable, ver al que debía ser un gremio inmaculado, marchando como cualquier obrero de puerto a la altura de la carrera 45, mientras que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía permanecían a las afueras de la Clínica Jaller, en donde Andrade es atendido por presentar molestias en su salud tras la captura.
Los protestantes pertenecen a una de las tres ramas del Poder Público. El capturado es un Juez de la República. Quienes lo capturan hacen parte de la Fiscalía, que es un cuerpo vital para que la justicia desempeñe bien su misión. Por eso decimos que el judicial debería ser un gremio inmaculado, que no debería verse inmerso en estos vergonzantes escándalos.
Según el director nacional del CTI, Danny Julián Quintana, la Fiscalía está atenta al alta del juez para realizarle las audiencias preliminares. Allí también se aglomeraron otros jueces para realizar una cadena de oración.
En la mañana de este viernes, la Fiscalía determinaba si lo traslada o no a Bogotá para continuar con su judicialización.
El abogado del juez Andrade, Luis Felipe Enrique del Castillo, que se encuentra en el lugar, declaró que su defendido tiene la presión muy alta y que por eso es inconveniente su traslado en estos momentos, por lo cual considera que la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos debe realizarse en Barranquilla.
Otro que vuelve a quedar en libertad
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Y, como si fuera poco, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla tumbó la orden de detención en una cárcel contra el exsenador Dieb Maloof Cuse, dentro de la investigación por el asesinato del alcalde de Santo Tomás, Nelson Mejía Sarmiento.
La decisión se derivó de la solicitud de control de legalidad que la defensa de Maloof, ex congresista por el Movimiento Colombia Viva, presentó contra la determinación de la Fiscalía 12 de Derechos Humanos. “Medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación”, ordenó el despacho el 24 de febrero, según lo informado el 25 de febrero por la Fiscalía en un comunicado.
Un sicario de las AUC asesinó el 29 de abril de 2004 a Mejía Sarmiento, en un restaurante del barrio El Recreo. Y en varios interrogatorios, desmovilizados del Bloque Norte señalan al exparlamentario como “determinador” del crimen. Y en los medios judiciales se comenta que la muerte del médico y alcalde tomasino se debió a que se negó a otorgar millonarios contratos del sector salud a agentes de la parapolítica.
El alcalde Mejía Sarmiento gozaba de enorme popularidad en Santo Tomás, precisamente por haber asumido el control del sector salud. Un acto que fue consecuente con su condición de médico de enorme sensibilidad social. Por ello, apenas se supo la noticia de su cobarde homicidio, el pueblo salió a las calles y por poco incendia a medio Santo Tomás.
Uno de los abogados del exsenador confirmó que la providencia que ordena la libertad de Maloof Cusse, médico cirujano de profesión, fue proferida este jueves en la tarde por el juez Jorge Torregroza Monsalve, quien está encargado (e) del despacho.
Luis Hernando Ortíz, abogado del exsenador, en declaraciones por teléfono el miércoles a El Heraldo señaló que el recurso permite que el juez que conocerá de una investigación de la Fiscalía “revise y estudie” si la medida de aseguramiento violenta o no las garantías del sindicado. “El control de legalidad de la medida de aseguramiento es pro cedente proponerlo desde la ejecutoria de la detención preventiva y mientras no se produzca el cierre de la investigación”, conceptúa la Corte Suprema de Justicia en una sentencia. El fiscal 12 de Derechos Humanos decidió el viernes 10 de abril “negar la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta” en contra de Maloof.
El delegado también rechazó la petición de sustituirle la detención preventiva en una cárcel por la detención domiciliaria. “Hasta tanto no se practique una nueva valoración médica, deberá permanecer en el centro médico en el que se encuentra, custodiado por personal del Inpec Regional Norte”.
Funcionarios del CTI capturaron al exsenador el miércoles 25 de febrero en la mañana en el norte de Barranquilla, cuando arribaba a la Clínica La Misericordia, de la que es director científico. Maloof sufrió un preinfarto en medio del operativo y hasta este jueves permanecía en la Clínica de la Costa.
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