Pobre capital de Colombia: 3 malos alcaldes en línea se la tiraron: Lucho Garzón, Samuel Moreno Rojas y Gustavo Petro, todos de la misma filiación política.
Por Rafael Sarmiento Coley – Director
El presidente de la República Juan Manuel Santos puso fin anoche al desgobierno en Bogotá, tras recibir una comunicación oficial del Procurador Alejandro Ordoñez pidiendo la destitución del alcalde Gustavo Petro.
El primer mandatario de la Nación explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Didh) dio a conocer el martes a las once de la noche un pronunciamiento en favor de Petro, pero ya todos los organismos del poder judicial habían brindado todas las garantías al Alcalde bogotano, por lo tanto no se requería que una instancia externa viniera a garantizarle algo que no se requería.
El Presiente Santos designó anoche como alcalde encargado de Bogotá al actual ministro del Trabajo Rafael Pardo Rueda, quien hasta hace algunos meses estuvo al frente del Partido Liberal, en calidad de presidente de dicha colectividad.
De esa forma se le pone fin al largo calvario de la administración capitalina. Y esto resulta algo muy peculiar, en relación con lo que ocurre en Colombia con sus principales capitales: en Barranquilla hubo también tres administraciones en serie que descuartizaron la institucionalidad de la ciudad; en Cali, en medio de dos alcaldes que hicieron hasta para vender, eligieron a un pobre hombre ciego que, claro, nada vio y sus allegados saquearon la alcaldía. Un verdadero “Ensayo sobre la ceguera”, recordando al inolvidable Nobel portugués-español José Saramago.
En Medellín, se recuerda la triste época en que la que mandaba en la Alcaldía era la mafia y tenía gente infiltrada hasta en la Fiscalía seccional, cuyo titular, hermano de uno de los llamados pro-hombres de la política paisa, solía recibir regalitos de la mafia como cuatrimotos y otros objetos similares.
Ahora le ha correspondido a Bogotá, la capital del país, vivir la mala hora de sufrir tres malos alcaldes en línea: Lucho Garzón, Samuel Moreno Rojas y el ahora destituido Gustavo Petro, quien se encontraba desde hace rato en el tibiri tabara.
Hay una constante en estos alcaldes pésimos, que se hacen elegir como redentores, como la esperanza del pueblo: son unos oradores admirables. Si en la época de los oradores griegos y romanos hubiera existido ya el celular para grabar los discursos de Aristóteles, Séneca o Cicerón, los seguidores del Cura Hoyos, de Hoesnisgberg, Lucho Garzón, Samuel Moreno y Petro dirían, con el pecho henchido de orgullo: “nuestro líder nada tiene que envidiarle a un Séneca o a un Cicerón”.
Ocurre, por desgracia, que esos discurseadores brillantes son pésimos administradores. Ya se vio en Cartagena con el caso de Campo Elías Terán Dix. Y con todos los que han hundido la imagen de sus respectivas ciudades.
Cuando se aferran al poder
Ahora Petro, además de que tenía a Bogotá postrada, no quería irse ni a la fuerza. Nada que se dejaba separar del cargo y se aferró de manera terca e inexplicable al escritorio, con lo cual se hizo el harakiri, porque, políticamente, él mismo se inhabilitó ante los muchos seguidores que tenía, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Era un presidenciable con posibilidades concretas de llegar, por primera vez en la historia del país, en representación de las tendencias socialistas colombianas, a la Casa de Nariño.
El suceso internacional del momento, cuando la Cidh salió en su protección, es una sorpresa para juristas y profanos. El presidente Juan Manuel Santos anunció que haría unas consultas previas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y al Consejo de Estado antes de tomar una decisión sobre la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tras expresar «extrañeza» por la rapidez con la que el organismo internacional le concedió medidas cautelares al mandatario distrital.
El Procurador tiene algo de culpa
Sin embargo, sectores aliados de Petro como el movimiento político Alianza Verde, pidieron al Gobierno de Santos que respete la decisión de la Cidh, mientras que el Secretario Ejecutivo de la institución Interamericana explica los alcances de medidas cautelares como el caso de Petro, cuyos abogados defensores confiaban en que Santos acataría las medidas cautelares.
La Procuraduría ha mantenido discreción con respecto a la decisión de la Cidh, pero anuncia que evalúa revocar más de mil destituciones a funcionarios de elección popular. Lo que ha polarizado el caso de Petro es la sistemática actitud del Procurador Alejandro Ordoñez de castigar con mayor rigor a los protagonistas políticos de tendencia izquierdista. Lo cual se considera una conducta sesgada y sectaria, algo reprochable en un funcionario de su talla.
Tal vez eso fue lo que tuvo en cuanta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) al solicitar la adopción de medidas cautelares a favor del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, al considerar que el fallo de la Procuraduría que ordena su destitución e inhabilidad viola sus derechos políticos. El organismo se pronuncia justo después de que en Colombia el Consejo de Estado revocara las 23 tutelas que mantenían suspendida la decisión de la Procuraduría, emitida desde el pasado 9 de diciembre.
La decisión de la Cidh, resumida en 20 puntos, es la siguiente: “En vista de los antecedentes señalados, la Cidh considera que en este asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento”. Las medidas cautelares habían sido solicitadas por la defensa de Petro desde el pasado 28 de octubre.
Se trata de una herramienta para ciudadanos de países que reconocen a la Cidh, y que se otorga cuando se demuestra que están en una situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad. A través de su cuenta en Twitter el alcalde Gustavo Patro aseguró que «mañana a las cuatro de la tarde espero a toda la ciudadanía bogotana a festejar este triunfo democrático. Colombia va a cambiar».