El oleaje se ha tragado mucha tierra en el kilómetro 19 y la firma constructora Navarro Vives se tragó $23 mil millones. Detrimento patrimonial sería por $7 mil millones
Por Rafael Sarmiento Coley
Aparentemente una cosa no tiene que ver con la otra, pero, según ingenieros de ecología, medio ambiente y ciencias marinas, todo tiene un origen fatal, en conjunto.
La avaricia de unas cuantas familias samarias adineras y de alcaldes de la capital del Magdalena en esa zona de influencia, al permitir todas las porquerías contaminantes que los poco ortodoxos dueños de la Drummond hicieron y deshicieron para descargar su carbón por esa zona marina, le causó un grave daño irreparable.
Desde la bahía de Santa Marta, hasta la desembocadura del río Córdoba y el puente de la Boca de la Barra, todo eso recibió el grave daño que hizo la Drumond, y que ha repercutido, según los ingenieros, “en un oleaje más fuerte más acá de Ciénaga. Por eso es que en el kilómetro 19 en la carretera hacia Barranquilla ya el mar está a orillas de la vía y cuando hay mareas el agua sobrepasa la carretera, deteniendo el tráfico, o por lo menos obligando a reducir la velocidad”.
La Contraloría, Procuraduría y Fiscalía anunciaron que se iniciará de inmediato una investigación conjunta, ya que en marzo de 2010, durante la gestión del Gobernador Omar Diazgranados Velásquez, se le adjudicó, mediante el contrato número 107, a la firma de Edgardo Navarro Vives la ejecución de obras por $23 mil millones. Más lo que se le pagó a otra firma por el trabajo de interventoría. Según cálculos iniciales de organismos de control locales samarios, se ha detectado un detrimento patrimonial por $7 mil millones. El contrato incluía la colocación de 253 módulos de concreto marino, para ser alineados a 90 metros de la playa, nivelados y anclados entre sí.
Un vocero de la Contraloría regional dijo que “si Petro está a punto de ir a la cárcel y ser inhabilitado por menos, lo más correcto y justo es que aquí las llamadas ‘ías’ tengan las suficientes pruebas a la mano para encarcelar a una docena de funcionarios y particulares y recuperar parte de la plata por acción de repetición. Es decir, que se le obligue a vender cuánta propiedad tengan para devolver el dinero que se robaron”.