Laicidad e inclusión social: accionar desde los DD.HH.
Por, Diego Alejandro Vargas
El pasado 08 de mayo del presente año, la alcaldía mayor de la ciudad de Bogotá lanzó oficialmente su política pública de libertades de religión, culto y conciencia. Según la alcaldía mayor de Bogotá, el decreto número 093 del 12 de febrero del 2018 tiene como propósito reconocer la pluralidad de creencias religiosas de la ciudad garantizando el derecho de las personas religiosas a manifestar de manera pública o privada sus creencias de forma individual o colectiva, disminuir los factores que promueven la intolerancia basada en la fe y desarrollar estrategias con las comunidades religiosas en torno a la paz y proyectos sociales.
Para las organizaciones activistas de ateos de la capital fue evidente desde el principio del proyecto, que dicha política pública iba encaminada hacia la búsqueda de más privilegios para las iglesias en detrimento de la laicidad estatal que irónicamente es la mejor garantía para la libertad de culto en el país, y a pesar de la constante participación durante el proceso de desarrollo de la política pública, fue evidente de que los ateos y agnósticos que buscamos que se proteja la laicidad del Estado colombiano, éramos un estorbo en un proceso que buscaba la consecución de recursos del distrito para financiar a las entidades religiosas, algo que rechazamos con base en nuestros principios ideológicos sustentados en principios constitucionales ampliamente conocidos pero que fueron omitidos de forma extrañamente negligente por los actores de la política pública de libertades de religión, culto y conciencia aprobada por la alcaldía mayor de la ciudad de Bogotá.
Para la muestra un botón. En la cartilla informativa distribuida el día del lanzamiento de la política pública de libertad de religión, culto y conciencia en la alcaldía mayor de la ciudad, se hace explicita y sin tapujos la exclusión intencional de las personas ateas o agnósticas a pesar de que la política pública también es de libertad de conciencia y busca garantizar el derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos, algo de vital importancia para ateos y agnósticos inmersos en una sociedad mayoritariamente religiosa donde la fe ha permeado todos los estamentos del poder público y los ateos o agnósticos como minoría estamos en situación de debilidad manifiesta.
En este marco de acontecimientos desastrosos para la laicidad, el joven Diego Andrés Vargas, estudiante de maestría en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Bogotá, como parte de su trabajo académico hace extensiva la invitación al público afectado.