Según la Fiscalía, la exrectora “no le hacía ningún favor inmaculado a la universidad prestándole sus cuentas para sacar el dinero al exterior».
Por Chachareros
La defensa de Silvia Gette, en una actitud encaminada a dilatar el proceso “per secula saeculorum (por los siglos de los siglos), no asistió a la imputación por autopréstamos, de tal forma que la comparecencia quedó aplazada. Según la Fiscalía, Gette “no le hacía un favor inmaculado a la universidad prestándole sus cuentas para sacar el dinero al exterior”.
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En este aplazamiento quedó una vez demostrado, según el abogado de la parte civil, “del poco respeto que la señora argentina le tiene a la justicia colombiana, y si eso lo hace con la justicia, es de imaginarse todas las fechorías que haría durante los años que tuvo de Rectora, cargo al cual llegó con manipulaciones, intimidaciones, amenazas y hasta homicidios”.
La Fiscalía está reuniendo más información sobre otros autopréstamos que se habría autorizado Guette para la compra de finísimos caballos de paso en pesebreras argentinas, “ejemplares pura sangre que cuestan un ojo de la cara. Los investigadores de la Fiscalía se preguntan ¿qué diablos hace una universidad con caballos pura sangre de paso?. Si los compraron y están en algún establo del Atlántico, pues hay que decirle al doctor Ramsés Vargas Lamadrid, actual Rector, que por lo menos los monte los saque a pasear, no sea que se le entumezcan las extremidades por la larga quietud”.
El aplazamiento de la audiencia no gustó muchos en los medios que conducen el litigio en contra de Gette. Ahora todo quedó para una fecha por definir para esta audiencia de imputación de cargos contra Silvia Gette Ponce por los autopréstamos que según la Fiscalía se habría hecho la abogada cuando fungió como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe.
Ni ella ni el abogado
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Al respecto, el apoderado del claustro universitario, Daniel Largacha, dijo a los medios de comunicación que a la diligencia «lamentablemente no hizo presencia el abogado ni fue trasladada por el Inpec la señora Gette».
El nuevo cargo contra la exrectora argentina se le imputará a raíz de una denuncia de la alma máter por la supuesta defraudación de 2.408 millones de pesos a las arcas de la universidad. Sobre la postergación de la audiencia, el jurista señaló: «queremos que se avance con prontitud, ya que a la universidad le interesa que se recuperen los dineros que deberían estar beneficiando a los estudiantes de la Costa Caribe colombiana».
Finalmente, Largacha advirtió que no existe acercamiento alguno entre las partes para una eventual negociación. Tal como se conoció a principios de junio, el ente acusador le imputará a la otrora bailarina exótica el delito de abuso de confianza calificado, al presuntamente extraer de manera irregular de las arcas del claustro la suma de 2.408 millones de pesos.
En la denuncia interpuesta por el centro educativo, los abogados de las víctimas denuncian a Gette Ponce, además, por «estafa y enriquecimiento ilícito de particulares», y afirman que «se ha podido establecer que durante el periodo de 2008 a 2012, aprovechando su calidad de rectora, cargó a una cuenta contable de la universidad una fuerte cantidad de préstamos a su cargo».
Y una fuente cercana al proceso informó que la exrectora, con plata del centro educativo, habría pagado el impuesto predial de sus bienes, los leasing de los apartamentos, su cargo de valorización, el impuesto de renta, los servicios públicos y hasta las acciones del hospital universitario. Fuera de otras minucias como todo el personal de doméstico que le servía en su casa, los jardineros y hasta los estilistas que a diario tenía que recurrir bien temprano en la madrugada para hacerle lo que ellos hoy jocamente llaman “latonería y pintura porque había que ocultarle bien muchas cosas en la cara y en el cuello”. Y en las cuentas bancarias.
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Las víctimas se mostraron preocupadas por la no comparecencia de Gette a la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, pues creen que se trata de una estrategia para esperar el resultado del recurso de control de legalidad contra la medida de aseguramiento por el caso del millón de dólares, que deberá decidirse en los próximos días, y que le podría significar la libertad.
La medida por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de confianza calificado con circunstancias de agravación punitiva está vigente desde el 26 de diciembre de 2014.
El recurso está siendo analizado, por reparto, por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla.
En el documento en el que hace la solicitud, Luis Arturo Jiménez Cely, abogado de Gette Ponce, argumenta que la Fiscalía está tomando como base para endilgar responsabilidad en estos hechos «una auditoría forense, que a las luces del derecho penal aplicable (ley 600 de 200), no existe, no ha nacido legalmente a la vida jurídica».
Igualmente se refiere a lo que considera «una clara falta de valoración de pruebas testimoniales de tres funcionarios de la universidad en el sentido de haber convencido a Silvia Gette y a otros directivos del plantel académico, respecto a las bondades y beneficios del proyecto para el que se aportó el millón de dólares como capital semilla».
Es decir, según el abogado Luis Arturo Jiménez Cely Silvia Gette es víctima de una persecución pues ella es una “frágil mujer indefensa”. O sea lo más parecido a la Madre Teresa de Calcuta.
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